UY Press - Agencia uruguaya de noticias

24.06.2026

CIUDAD DE PANAMÁ (Uypress) – Panamá y China protagonizaron un fuerte cruce diplomático durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en medio de la disputa por los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en puntos estratégicos cercanos al Canal de Panamá.

El intercambio dejó en evidencia la creciente tensión bilateral generada por la salida del conglomerado hongkonés CK Hutchison de la operación de esas terminales, luego de que la Corte Suprema de Justicia panameña declarara inconstitucional la concesión otorgada en 1997 y su prórroga automática aprobada en 2021.

Durante la sesión, el representante chino Xie Feng cuestionó la actuación de Panamá y pidió al gobierno de José Raúl Mulino “corregir sus errores” y proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas. Según el diplomático, decisiones de este tipo pueden erosionar la confianza de los inversores extranjeros y enviar una señal negativa al mercado.

Xie sostuvo que si los contratos pueden ser ignorados, los activos tomados y los operadores expulsados en cualquier momento, los inversionistas difícilmente confiarán en un país para desarrollar negocios de largo plazo. También atribuyó una motivación política al fallo judicial que dejó sin efecto la concesión.

La respuesta panameña fue inmediata. El canciller Javier Martínez-Acha defendió la independencia del Poder Judicial y sostuvo que el Ejecutivo no puede interferir en una decisión de la Corte Suprema. “Lo invito a respetar mi Constitución como yo respeto la suya”, afirmó el ministro, en una de las frases más fuertes de la jornada.

Martínez-Acha remarcó que Panamá es una democracia con separación de poderes y que el gobierno solo puede acatar lo resuelto por sus órganos constitucionales. También señaló que representantes chinos pidieron varias veces que el Ejecutivo interviniera para revertir el fallo, algo que, según dijo, no corresponde en el sistema institucional panameño.

El diferendo no se limita al control de los puertos. Panamá también denunció un fuerte aumento en la detención de buques con bandera panameña en puertos chinos. El presidente José Raúl Mulino afirmó que las retenciones pasaron de unas 30 o 40 por mes a cerca de 140, lo que habría provocado que más de 200 embarcaciones abandonaran el registro marítimo del país.

China rechazó que se trate de una medida dirigida contra Panamá. Xie Feng sostuvo que las inspecciones responden a razones de seguridad marítima, luego de incidentes en aguas chinas que involucraron a buques de bandera panameña. Según Pekín, los controles son legítimos, no discriminatorios y no apuntan a un país o pabellón específico.

Panamá, en cambio, considera llamativo que el aumento de controles se haya producido después del fallo sobre Panama Ports Company y que las retenciones se concentren en terminales chinas, sin un comportamiento similar en otros puertos asiáticos.

La controversia se inscribe en una disputa geopolítica mayor. Los puertos de Balboa y Cristóbal son terminales clave por su cercanía a las entradas del Canal de Panamá, una de las rutas más importantes del comercio mundial. Aunque no forman parte de la administración directa del Canal, su operación tiene alto valor estratégico.

La salida de CK Hutchison se produjo en un contexto de creciente presión de Estados Unidos para limitar la presencia china en infraestructuras sensibles vinculadas al Canal. Washington viene advirtiendo desde hace tiempo sobre los riesgos de que empresas chinas controlen activos logísticos estratégicos en la zona.

China, por su parte, acusa a terceros países de interferir en la relación bilateral con Panamá y sostiene que sus empresas tienen derechos adquiridos que deben ser respetados. La filial Panama Ports Company inició además un arbitraje internacional contra el Estado panameño, reclamando una compensación millonaria por la anulación de las concesiones.

El gobierno de Mulino intenta sostener una posición de equilibrio. Por un lado, defiende el fallo de la Corte Suprema y afirma que debe recuperar control institucional sobre activos estratégicos. Por otro, busca evitar que la disputa con China derive en una crisis comercial o marítima de mayor escala.

La respuesta de Martínez-Acha en la OEA apuntó precisamente a marcar ese límite. Panamá quiere mantener relaciones diplomáticas con todos los países, pero rechaza cualquier presión externa sobre sus decisiones judiciales y constitucionales.

El episodio confirma que el Canal de Panamá sigue siendo mucho más que una infraestructura comercial. Su entorno portuario, sus operadores y su registro marítimo forman parte de una disputa global donde se cruzan comercio, soberanía, inversión extranjera y rivalidad entre Estados Unidos y China.

La tensión ahora se traslada a dos planos. En el terreno diplomático, Panamá y China deberán decidir si desescalan el conflicto o si profundizan sus acusaciones. En el terreno marítimo, la atención estará puesta en las inspecciones a buques panameños en puertos chinos y en el impacto que puedan tener sobre el registro naval del país.

Para Panamá, el desafío es preservar su soberanía sin quedar atrapado en la rivalidad de las grandes potencias. Para China, el objetivo es defender los intereses de sus empresas y evitar que el caso siente un precedente negativo para sus inversiones en América Latina.