Paraguay: acusan a Peña de liderar una red criminal desde el poder
14.11.2026
ASUNCIÓN (Uypress) - La Fiscalía amplió los cargos contra el expresidente por el escándalo de Ueno Bank. Investigan una estructura que habría utilizado al Estado para proteger negocios privados.
La crisis política y financiera de Paraguay sumó un nuevo capítulo este viernes 13 de noviembre, cuando la Fiscalía amplió la imputación contra el expresidente Santiago Peña y lo acusó de asociación criminal, en el marco de la investigación por el colapso del banco digital Ueno Bank.
El nuevo cargo se agrega a los de lesión de confianza y administración en provecho propio, por los que Peña ya se encontraba bajo prisión preventiva después de su destitución mediante un juicio político. La investigación apunta a una presunta estructura organizada dentro del aparato estatal que habría utilizado organismos públicos y mecanismos de supervisión financiera para favorecer intereses empresariales privados.
Una organización que habría operado desde la Presidencia
Según el Ministerio Público paraguayo, Peña habría encabezado una estructura integrada por autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), cuyo objetivo era proteger los intereses del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.
La Fiscalía sostiene que el expresidente mantuvo reuniones clandestinas con Federico Vázquez, presidente del conglomerado financiero, en la residencia presidencial, donde presuntamente se coordinaron acciones para evitar la intervención del banco.
Los investigadores consideran que funcionarios del Banco Central habrían ocultado irregularidades y desatendido advertencias técnicas sobre la situación financiera de la entidad. Estas actuaciones habrían permitido que Ueno continuara captando depósitos pese a los problemas de solvencia detectados.
La acusación alcanza también al expresidente del BCP, Carlos Carvallo; al exsuperintendente de Bancos, Holger Insfrán, y a los exdirectivos Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora.
Millones de dólares públicos comprometidos
El escándalo estalló el 3 de noviembre, cuando el Banco Central dispuso la intervención de Ueno Bank por graves problemas de solvencia. La entidad había experimentado un crecimiento acelerado mediante servicios digitales y beneficios comerciales dirigidos especialmente a sectores de ingresos medios y bajos.
Sin embargo, su crisis dejó a aproximadamente 1,8 millones de clientes con dificultades para acceder a sus ahorros y puso bajo investigación el destino de importantes recursos públicos. Según las informaciones difundidas, el banco administraba alrededor de 850 millones de dólares pertenecientes a organismos estatales, incluidos fondos previsionales.
Las autoridades financieras iniciaron un proceso de restitución de depósitos y anunciaron que una parte importante de los pequeños ahorristas ya había recuperado sus recursos. No obstante, continúa la incertidumbre sobre los fondos de mayor volumen y los depósitos correspondientes a instituciones públicas.
Una caída política sin precedentes recientes
La intervención bancaria desencadenó una crisis institucional que culminó con la destitución de Peña mediante un juicio político en el Senado. El exmandatario, que había asumido la Presidencia en agosto de 2023, fue apartado del cargo la semana pasada y sustituido por su vicepresidente, Pedro Alliana, quien deberá completar el mandato hasta 2028.
La caída de Peña también expuso las disputas internas del Partido Colorado y el enfrentamiento con sectores vinculados al expresidente Horacio Cartes. El exgobernante rechaza las acusaciones en su contra y mantiene su presunción de inocencia mientras continúa el proceso judicial.
Hasta 15 años de prisión
El fiscal Christian Benítez explicó que la ampliación de la imputación no modifica la expectativa máxima de pena, que permanece en 15 años de privación de libertad. También señaló que los delitos investigados podrían constituir antecedentes de eventuales operaciones de lavado de activos.
Paralelamente, la Fiscalía solicitó medidas para congelar cuentas bancarias y preservar bienes que eventualmente permitan recuperar recursos comprometidos. El caso Ueno Bank se ha convertido en uno de los mayores escándalos políticos y financieros recientes de Paraguay.
Más allá de las responsabilidades penales que deberá determinar la Justicia, la investigación plantea interrogantes sobre la independencia de los organismos reguladores, la utilización de recursos públicos y la relación entre el poder político y los grandes grupos económicos.
La acusación contra Peña representa así un nuevo agravamiento de una crisis que ya provocó la caída de un presidente y puso en cuestión la credibilidad de las instituciones financieras paraguayas.
Foto: Infobae
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
