Paraguay: prisión preventiva para Santiago Peña por el caso Ueno
08.11.2026
ASUNCIÓN (Uypress)- La Fiscalía imputó al expresidente por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. La Justicia ordenó su reclusión y avanza sobre el manejo de fondos públicos.
La crisis política y financiera de Paraguay sumó un nuevo capítulo este sábado 7 de noviembre, cuando la Fiscalía imputó formalmente al expresidente Santiago Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, vinculados al colapso de Ueno Bank, una entidad financiera que mantenía importantes depósitos de organismos estatales.
La Justicia dispuso la prisión preventiva del exmandatario, destituido el viernes mediante un juicio político, y ordenó que permanezca recluido en el Regimiento Escolta Presidencial mientras avanza la investigación.
La decisión fue adoptada por el juez penal de Garantías Humberto Otazú, quien consideró necesario asegurar la permanencia de Peña en el país y su sometimiento al proceso judicial.
Las sospechas sobre el manejo de fondos públicos
La investigación apunta a determinar si Peña utilizó su posición como presidente para influir en decisiones de organismos públicos que mantenían importantes sumas de dinero depositadas en Ueno Bank.
Según la hipótesis fiscal, el exmandatario habría intervenido para favorecer la colocación y permanencia de recursos estatales y previsionales en la institución financiera, pese a sus vínculos económicos anteriores con el grupo empresarial propietario del banco.
Peña había sido accionista de la sociedad vinculada a Ueno hasta marzo de 2025. Los investigadores examinan reuniones con autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) y decisiones relacionadas con la administración de recursos públicos.
De acuerdo con datos divulgados por la prensa paraguaya, en setiembre de 2026 los depósitos de organismos estatales en Ueno Bank alcanzaban aproximadamente 3,6 billones de guaraníes y 233,4 millones de dólares. La Fiscalía solicitó, además, la inhibición de bienes y el bloqueo preventivo de cuentas e inversiones del exmandatario.
También imputaron al expresidente del Banco Central
El proceso judicial alcanza igualmente a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), quien fue imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.
Los fiscales investigan si durante su gestión se omitieron controles, se flexibilizó la supervisión bancaria o se alteraron informes relacionados con la situación financiera de Ueno Bank.
Carvallo también quedó sometido a prisión preventiva. La causa se desarrolla en medio de una crisis bancaria que dejó a millones de clientes con dificultades para acceder a sus depósitos y provocó protestas en Asunción.
Peña niega los delitos
El expresidente compareció ante la Fiscalía General del Estado acompañado por su abogado defensor, Ricardo Preda. Peña se abstuvo de declarar durante la diligencia, en ejercicio de su derecho procesal, y su defensa rechazó las acusaciones.
Preda manifestó que colaborarán con la investigación y expresó su confianza en que el procedimiento terminará con el sobreseimiento de su defendido. Los delitos investigados contemplan penas que pueden alcanzar los diez años de prisión por cada figura penal, aunque la imputación no implica una declaración de culpabilidad.
Una crisis que terminó con la destitución presidencial
La imputación se produjo apenas un día después de que el Senado paraguayo aprobara por unanimidad la destitución de Peña, acusado de mal desempeño de sus funciones en relación con el escándalo financiero. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia y deberá completar el mandato constitucional hasta agosto de 2028.
El nuevo gobierno enfrenta ahora la tarea de restablecer la confianza en el sistema bancario y garantizar la devolución de los depósitos afectados. Según informó el Banco Central, hasta el sábado se habían pagado aproximadamente 160 millones de dólares a cerca de 1,2 millones de ahorristas mediante el sistema estatal de garantía de depósitos.
La crisis de Ueno Bank se convirtió así en un problema de dimensiones institucionales, con consecuencias sobre el sistema financiero, los fondos previsionales y la conducción política del país. La investigación deberá establecer si existieron responsabilidades penales individuales y determinar el alcance de las presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
