UY Press - Agencia uruguaya de noticias

08.05.2026

LIMA (Uypress) – Perú investiga una presunta red internacional de trata de personas que habría reclutado ciudadanos con falsas ofertas de empleo en Rusia y terminó enviándolos al frente de guerra contra Ucrania. Las familias denuncian engaños, desapariciones y reclaman el retorno de los afectados.

La Fiscalía peruana abrió una investigación preliminar por presunta trata de personas agravada, luego de recibir denuncias sobre ciudadanos que viajaron a Rusia atraídos por promesas de empleo como agentes de seguridad, trabajadores civiles o personal de apoyo, pero que terminaron incorporados a unidades vinculadas al esfuerzo militar ruso en Ucrania.

El caso encendió alarma porque no se trataría de episodios aislados. De acuerdo con reportes periodísticos y organizaciones de derechos humanos, cientos de peruanos habrían sido captados mediante redes sociales, intermediarios privados y promesas de altos ingresos. Algunas denuncias hablan de más de 120 casos, mientras otras investigaciones elevan la cifra por encima de 600 reclutados, con al menos una decena de fallecidos.

El mecanismo descrito por las familias repite un patrón observado en otros países: ofertas de trabajo en Rusia, pasajes gestionados por intermediarios, contratos en idioma ruso, pérdida de control sobre documentos y traslado posterior a zonas de entrenamiento o combate. En muchos casos, los afectados no habrían comprendido plenamente el alcance de lo que firmaban ni el destino real al que serían enviados.

Las autoridades peruanas califican los hechos como posible trata de personas porque el engaño laboral habría sido utilizado para trasladar a ciudadanos a otro país y someterlos a una actividad de alto riesgo, en este caso la guerra. La figura jurídica es relevante: no se trataría solo de mercenarios voluntarios, sino de personas presuntamente captadas mediante fraude, abuso de vulnerabilidad o coerción.

Las familias de los afectados sostienen que muchos viajaron buscando empleo y mejores ingresos, no para combatir. Reclaman información oficial, asistencia consular y gestiones diplomáticas para ubicar a quienes permanecen en Rusia o en zonas ocupadas de Ucrania. También denuncian que algunos desaparecieron después de comunicarse por última vez desde centros de entrenamiento o desde el frente.

El fenómeno peruano se inscribe en una estrategia más amplia de reclutamiento extranjero asociada a la guerra rusa en Ucrania. Un informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, Truth Hounds y KIBHR sostiene que Rusia ha organizado un sistema global de captación de extranjeros, con al menos 27.000 reclutados desde más de 130 países, mediante mecanismos que en algunos casos pueden constituir trata de personas.

El informe señala que Rusia recurrió a extranjeros para compensar pérdidas militares y evitar nuevas movilizaciones internas de alto costo político. Entre los perfiles captados aparecen migrantes, trabajadores precarios, personas endeudadas, estudiantes extranjeros, exmilitares y ciudadanos de países con dificultades económicas. La vulnerabilidad social aparece como condición central del reclutamiento.

América Latina no queda fuera de ese mapa. Ya se habían documentado casos en Cuba, Colombia, Brasil, Argentina y otros países de la región. En Cuba, las autoridades reconocieron en 2023 la existencia de una red que buscaba reclutar ciudadanos para combatir por Rusia. En Colombia, organismos internacionales y medios locales han advertido sobre el peso de exmilitares contratados para guerras extranjeras.

El caso peruano agrega una dimensión nueva: no solo se trata de veteranos o personas con experiencia militar, sino de ciudadanos que habrían sido llevados al conflicto con la expectativa de un empleo civil. Esa diferencia refuerza la hipótesis de trata y obliga a investigar a intermediarios, agencias, reclutadores y eventuales redes transnacionales.

La guerra en Ucrania, que comenzó como un conflicto europeo, muestra así ramificaciones cada vez más amplias. El frente necesita soldados, logística, drones, trabajadores y reemplazos. En esa demanda, países del Sur Global se convierten en terreno de captación, especialmente donde la precariedad económica y la falta de oportunidades facilitan el engaño.

La responsabilidad diplomática también se vuelve compleja. Perú debe investigar la posible red de captación dentro de su territorio, asistir a las familias y buscar información sobre ciudadanos en Rusia o Ucrania. Pero el margen de acción consular es limitado cuando los afectados se encuentran bajo control militar, en zonas de guerra o en territorios ocupados.

El caso plantea además un debate ético y jurídico sobre la diferencia entre combatiente extranjero, mercenario y víctima de trata. Algunos reclutados pueden haber aceptado voluntariamente incorporarse a una fuerza armada extranjera. Otros, en cambio, pudieron ser engañados sobre la naturaleza del trabajo, el idioma del contrato, el destino final o la posibilidad real de retirarse.

Para las familias, esa distinción tiene consecuencias concretas. Si sus parientes son tratados como mercenarios, quedan expuestos a persecución penal y abandono diplomático. Si son reconocidos como víctimas de trata, los Estados tienen obligación de investigar, proteger, asistir y procurar su retorno seguro.

La investigación peruana todavía está en curso y deberá determinar cuántos ciudadanos fueron captados, quiénes organizaron los viajes, qué documentos firmaron, qué empresas o personas actuaron como intermediarias y cuántos permanecen en el frente. Pero el caso ya revela un problema mayor: la guerra rusa no solo consume recursos militares, también explota vulnerabilidades sociales a miles de kilómetros del campo de batalla.

Perú enfrenta ahora una urgencia humanitaria y una responsabilidad institucional. Ubicar a sus ciudadanos, proteger a las víctimas, perseguir a los reclutadores y advertir a la población frente a falsas ofertas laborales. En una guerra que se globaliza por rutas invisibles, la promesa de un empleo puede convertirse en una condena al frente.