UY Press - Agencia uruguaya de noticias

13.11.2026

BRUSELAS (Uypress) – Polonia, Hungría y Serbia atraviesan procesos políticos que plantean una misma pregunta: ¿es suficiente derrotar electoralmente a un gobierno acusado de prácticas autoritarias para recuperar el funcionamiento democrático de un país? Las experiencias de estas tres naciones muestran que el cambio de autoridades puede producirse en una elección, pero reconstruir las instituciones requiere años, reformas legales y decisiones capaces de resistir nuevas alternancias políticas.

Los tres países presentan situaciones diferentes. En Polonia, el primer ministro Donald Tusk intenta revertir las reformas impulsadas por el partido nacionalconservador Ley y Justicia, aunque enfrenta la oposición del presidente Karol Nawrocki. En Hungría, Péter Magyar desarrolla una amplia transformación institucional después de derrotar a Viktor Orbán en abril. En Serbia, el movimiento estudiantil que venció al partido de Aleksandar Vucic se prepara para asumir responsabilidades de gobierno tras catorce años de predominio de esa fuerza política.

Las transiciones no tienen un resultado asegurado. La existencia de funcionarios designados por los gobiernos anteriores, organismos de control cuestionados y medios de comunicación vinculados a sectores políticos constituye uno de los principales obstáculos.

Pero también aparece un riesgo diferente: que los nuevos gobernantes, en nombre de la recuperación democrática, adopten procedimientos que vuelvan a debilitar la separación de poderes.

Polonia: Donald Tusk y una reforma judicial que enfrenta nuevos bloqueos

El proceso polaco comenzó con las elecciones legislativas de octubre de 2023, cuando una coalición encabezada por Donald Tusk logró desplazar del gobierno a Ley y Justicia (PiS), después de ocho años de predominio de esa formación nacionalconservadora.

Durante sus gobiernos, PiS impulsó modificaciones en el sistema judicial que generaron fuertes enfrentamientos con la Unión Europea.

Las controversias incluyeron el procedimiento de designación de jueces, el funcionamiento del Tribunal Constitucional y los mecanismos disciplinarios aplicados a magistrados.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestionó distintas disposiciones por considerar que afectaban la independencia judicial.

Tusk llegó al gobierno con la promesa de reconstruir el Estado de derecho y normalizar las relaciones con Bruselas.

Sin embargo, el sistema institucional polaco otorga al presidente de la República la posibilidad de vetar leyes aprobadas por el Parlamento.

Esa facultad permitió primero a Andrzej Duda y posteriormente a Karol Nawrocki, elegido presidente en 2025, bloquear varias iniciativas de la coalición gobernante.

La consecuencia es una situación de confrontación permanente entre el Ejecutivo y la Presidencia.

Una crisis abierta por el control del Tribunal Constitucional

El conflicto alcanzó un nuevo nivel a fines de octubre de 2026.

Las autoridades promovieron cambios en la conducción del Tribunal Constitucional, cuya composición había sido cuestionada durante años por juristas e instituciones europeas.

La suspensión de integrantes de la cúpula del tribunal y las dificultades para permitir el ingreso de nuevos magistrados derivaron en enfrentamientos políticos e intervenciones policiales.

El presidente Nawrocki denunció lo que calificó como una violación del orden constitucional.

Tusk, por su parte, sostuvo que su gobierno estaba obligado a restablecer el funcionamiento legítimo de un tribunal que considera condicionado por los nombramientos efectuados durante la administración anterior.

La controversia expone una dificultad fundamental de los procesos de reconstrucción democrática.

Cuando las instituciones están ocupadas por funcionarios designados mediante procedimientos cuestionados, reemplazarlos puede parecer necesario para recuperar su legitimidad.

Pero si esas modificaciones se realizan sin garantías suficientes, pueden generar nuevas acusaciones de intervención política sobre la Justicia.

Polonia enfrenta, por tanto, un problema que no se resuelve simplemente sustituyendo autoridades: necesita reconstruir reglas institucionales que sean aceptadas también por quienes pierdan futuras elecciones.

El enfrentamiento se extendió este viernes 13 de noviembre a la regulación de los contenidos digitales.

Nawrocki vetó por segunda vez una ley destinada a implementar disposiciones europeas sobre servicios digitales.

El presidente argumentó que la normativa otorgaba facultades excesivas a funcionarios administrativos para restringir contenidos en internet.

El gobierno respondió que esas herramientas eran necesarias para proteger a los usuarios, especialmente a los menores, frente a actividades ilícitas.

El episodio volvió a demostrar la profundidad de la confrontación política.

Hungría: el final de dieciséis años de Viktor Orbán

El caso húngaro presenta un escenario diferente.

El 12 de abril de 2026, Péter Magyar y su partido Tisza derrotaron a Viktor Orbán, poniendo fin a dieciséis años de gobiernos encabezados por Fidesz.

Como informó Uypress tras las elecciones húngaras de abril, el resultado abrió una etapa decisiva para las relaciones con la Unión Europea y para el futuro del modelo político construido por Orbán.

El nuevo gobierno asumió en mayo con una amplia mayoría parlamentaria, suficiente para impulsar modificaciones constitucionales.

Durante la etapa anterior, Hungría había recibido numerosas críticas internacionales por la concentración de poder, la falta de independencia de organismos públicos y la creciente influencia de sectores vinculados al gobierno sobre los medios de comunicación.

La Comisión Europea cuestionó reiteradamente el funcionamiento del Estado de derecho y condicionó la entrega de fondos comunitarios al cumplimiento de determinadas reformas.

La victoria de Magyar modificó ese escenario, pero no eliminó inmediatamente las estructuras construidas durante el período anterior.

El control de los medios y la herencia institucional

Uno de los problemas más complejos de Hungría es la estructura de propiedad y financiamiento de sus medios de comunicación.

Durante los gobiernos de Orbán, numerosas empresas periodísticas quedaron bajo control de empresarios próximos a Fidesz.

La publicidad estatal también se convirtió en un instrumento relevante de financiamiento de medios alineados con el gobierno.

El Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo documentó que el sistema húngaro presentaba una de las estructuras de concentración mediática políticamente condicionadas más desarrolladas de la Unión Europea.

La derrota electoral de Orbán provocó cambios rápidos.

Algunos medios modificaron sus equipos directivos, otros revisaron sus líneas editoriales y el sistema público de comunicación comenzó a atravesar un proceso de reorganización.

Sin embargo, las estructuras de propiedad privada no desaparecen por el simple hecho de que cambie el gobierno.

El desafío consiste en establecer reglas transparentes de financiamiento, competencia e independencia editorial.

La solución tampoco puede consistir en reemplazar medios favorables al gobierno anterior por otros subordinados a la nueva administración.

Una recuperación democrática duradera requiere medios capaces de investigar y cuestionar a cualquier gobierno.

La disolución de la Oficina de Protección de la Soberanía

Entre las medidas adoptadas por Magyar figura el desmantelamiento de la Oficina de Protección de la Soberanía.

El organismo había sido creado durante la administración Orbán con el argumento de identificar posibles interferencias extranjeras en la vida política húngara.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y entidades periodísticas denunciaron que sus facultades podían utilizarse para ejercer presión sobre periodistas, organizaciones sociales y sectores opositores.

En julio de 2026, el Parlamento aprobó una ley que dispuso su disolución.

El texto legislativo cuestionó expresamente la finalidad política del organismo y consideró que su funcionamiento era incompatible con las exigencias de una democracia constitucional.

El gobierno también impulsó modificaciones en la organización judicial, los mecanismos de control y las disposiciones que permitían mantener recursos estatales bajo estructuras políticamente vinculadas a Fidesz.

La amplitud de las reformas es considerable.

No obstante, la cuestión decisiva será comprobar que los nuevos organismos tengan autonomía efectiva y que las medidas de depuración institucional respeten los procedimientos legales.

La legitimidad electoral de Magyar le permite impulsar cambios profundos, pero no sustituye la necesidad de controles independientes sobre su propio gobierno.

Serbia: de las protestas estudiantiles a una victoria electoral

Serbia representa el caso más reciente de esta transformación política.

El 25 de octubre de 2026, la Lista Estudiantil derrotó al Partido Progresista Serbio (SNS), encabezado por Aleksandar Vucic.

La victoria puso fin a catorce años de predominio de esa formación en las instituciones nacionales.

El movimiento había surgido de las protestas desencadenadas por el derrumbe de una marquesina en la estación ferroviaria de Novi Sad, ocurrido en noviembre de 2024 y que causó la muerte de dieciséis personas.

La tragedia provocó una ola de indignación pública por las denuncias de corrupción, negligencia y falta de transparencia en las obras públicas.

Las movilizaciones universitarias se extendieron progresivamente hacia otros sectores sociales.

Durante casi dos años, estudiantes, docentes y organizaciones civiles reclamaron responsabilidades y cuestionaron el creciente control gubernamental sobre las instituciones.

Finalmente, el movimiento presentó una lista electoral integrada por académicos, profesionales y representantes de diferentes sectores de la sociedad.

Según los resultados oficiales, la Lista Estudiantil obtuvo 140 de los 250 escaños parlamentarios, frente a los 103 logrados por el partido de Vucic.

La nueva Asamblea Nacional celebrará su primera sesión el 17 de noviembre.

Por tanto, el proceso de formación del nuevo gobierno todavía está pendiente.

Un Estado con estructuras profundamente condicionadas

El desafío serbio presenta dificultades particulares.

Durante los gobiernos de Vucic, organizaciones internacionales denunciaron presiones sobre medios independientes, falta de transparencia en la administración pública, corrupción y debilitamiento de los mecanismos de control judicial.

La relación entre autoridades políticas, empresas públicas y estructuras de seguridad también fue objeto de cuestionamientos.

La nueva mayoría parlamentaria deberá abordar esas situaciones sin contar con una larga experiencia de gobierno.

Buena parte de sus representantes procede de ámbitos académicos y profesionales, no de las estructuras partidarias tradicionales.

Esa característica contribuyó a la legitimidad social del movimiento, pero también supone un desafío administrativo y político.

Gobernar exige construir equipos técnicos, aprobar presupuestos, dirigir organismos públicos y sostener acuerdos parlamentarios.

Los nuevos dirigentes deberán decidir cómo reformar las instituciones sin paralizar su funcionamiento.

También tendrán que enfrentar las redes de influencia acumuladas durante los gobiernos anteriores.

La tarea será especialmente sensible en la Policía, el sistema judicial y los medios públicos.

El riesgo de repetir los mecanismos que se pretende eliminar

Las experiencias de los tres países muestran una dificultad común.

Cuando un gobierno ha concentrado poder durante muchos años, la recuperación de la independencia institucional puede exigir cambios profundos.

Sin embargo, esos cambios deben realizarse mediante procedimientos transparentes y respetuosos de las garantías constitucionales.

De lo contrario, las reformas pueden transformarse en una nueva disputa por controlar los mismos organismos.

Un tribunal no se vuelve independiente simplemente porque sus integrantes sean sustituidos por magistrados más próximos al nuevo gobierno.

Tampoco un medio público recupera su función democrática si solamente cambia el sector político al que favorece.

La reconstrucción institucional necesita reglas que permitan actuar con independencia, incluso cuando las decisiones resulten desfavorables para quienes gobiernan.

El objetivo no es reemplazar una estructura de poder partidario por otra, sino garantizar que el funcionamiento del Estado no dependa de la voluntad de una fuerza política.

El papel de la Unión Europea

La Unión Europea constituye otro elemento importante en estos procesos.

Polonia y Hungría son Estados miembros del bloque, mientras que Serbia mantiene su condición de país candidato a la adhesión.

Bruselas ha desarrollado diferentes mecanismos para evaluar la independencia judicial, la transparencia administrativa y el respeto de los derechos fundamentales.

En el caso de Hungría, el incumplimiento de determinadas exigencias institucionales había provocado la suspensión de importantes recursos europeos.

Las reformas impulsadas por Magyar permitieron avanzar en el desbloqueo de fondos y mejorar las relaciones con las instituciones comunitarias.

En Polonia, las disputas entre el gobierno y la Presidencia continúan dificultando algunas de las transformaciones reclamadas por Bruselas.

En Serbia, la victoria estudiantil abrió expectativas de reactivar un proceso de integración europea que había perdido dinamismo.

Sin embargo, la relación con la Unión Europea también plantea desafíos propios, especialmente cuando las reformas institucionales deben conciliarse con las prioridades políticas y económicas nacionales.

Ganar el gobierno no es lo mismo que recuperar el Estado

Polonia, Hungría y Serbia permiten observar tres momentos diferentes de una misma dificultad democrática.

Polonia lleva tres años intentando revertir estructuras institucionales heredadas, pero continúa inmersa en una confrontación que afecta al funcionamiento de su sistema judicial.

Hungría dispone de una mayoría parlamentaria capaz de impulsar cambios constitucionales y ya comenzó a transformar organismos creados durante los gobiernos de Orbán.

Serbia acaba de completar una transición electoral de enorme importancia, pero todavía debe demostrar que su movimiento estudiantil puede convertirse en una administración estable y eficaz.

El punto común es que la legitimidad obtenida en las urnas constituye apenas el comienzo.

La independencia de los jueces, la autonomía de los organismos de control, la libertad de prensa y la transparencia administrativa requieren mecanismos que sobrevivan a los cambios de gobierno.

La recuperación democrática tampoco puede medirse exclusivamente por la rapidez con que se sustituye a los funcionarios anteriores.

Su resultado dependerá de que las nuevas autoridades acepten límites efectivos a su propio poder.

Ese será el verdadero examen para los tres países: no solamente desmantelar los mecanismos que permitieron la concentración política, sino construir instituciones capaces de impedir que vuelvan a reproducirse.