CRISIS POLÍTICA Y FINANCIERA EN PARAGUAY
Renunció Santiago Peña en Paraguay tras la quiebra de Ueno Bank y ante un posible juicio político
05.11.2026
ASUNCIÓN (Uypress) – El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves 5 de noviembre su renuncia al cargo en medio de una profunda crisis política y financiera provocada por el colapso de Ueno Bank, una entidad bancaria vinculada con antiguos socios comerciales del mandatario.
El colapso del banco afectó a millones de clientes y precipitó la ruptura del respaldo oficialista al presidente.
La decisión se produjo mientras el Congreso debatía un pedido de juicio político en su contra y miles de ciudadanos se movilizaban para reclamar la devolución de sus ahorros y exigir responsabilidades por la crisis.
Peña comunicó su decisión mediante un mensaje grabado difundido en redes sociales, en el que sostuvo que su salida buscaba preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.
El mandatario, que había asumido la Presidencia en agosto de 2023, enfrentaba una creciente pérdida de respaldo político, incluso dentro del gobernante Partido Colorado.
Su renuncia abre paso a la sucesión constitucional, que corresponde al vicepresidente Pedro Alliana, mientras las autoridades financieras y judiciales continúan investigando las irregularidades detectadas en Ueno Bank.
El colapso de Ueno Bank desencadenó la crisis
La crisis comenzó a profundizarse después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) resolviera intervenir Ueno Bank, una entidad financiera digital que había experimentado un crecimiento acelerado durante los últimos años.
El 2 de noviembre, el Directorio del Banco Central dispuso iniciar el procedimiento de resolución de la institución, después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal requerido.
La decisión fue anunciada públicamente el 3 de noviembre y puso en marcha los mecanismos previstos en la legislación paraguaya para atender la situación de entidades financieras insolventes.
Según información difundida por las autoridades y medios internacionales, Ueno Bank contaba con aproximadamente tres millones de clientes, una cifra especialmente significativa para un país de unos 6,5 millones de habitantes.
Las restricciones para acceder a las cuentas y la incertidumbre sobre la recuperación de los depósitos generaron una ola de preocupación entre ahorristas, trabajadores y empresas.
El Banco Central sostuvo que el procedimiento buscaba proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.
Sin embargo, la magnitud de la crisis provocó manifestaciones y cuestionamientos a la capacidad de supervisión de las autoridades monetarias.
Millones de clientes afectados y fondos públicos comprometidos
Uno de los aspectos más sensibles del caso es la presencia de importantes recursos públicos entre los fondos administrados por la entidad.
Según información publicada por Reuters y Associated Press, Ueno Bank gestionaba aproximadamente US$ 850 millones en depósitos y recursos vinculados con organismos estatales.
Entre ellos figuraban fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo responsable de prestaciones sanitarias y jubilaciones.
Las investigaciones también examinan operaciones crediticias realizadas con empresas relacionadas con accionistas o directivos del banco.
La situación generó especial preocupación porque las posibles pérdidas no afectarían únicamente a depositantes privados, sino también a recursos destinados a prestaciones públicas.
Las autoridades paraguayas iniciaron procedimientos para garantizar la devolución de depósitos conforme a los mecanismos legales de protección financiera.
El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta aproximadamente US$ 38.000 por depositante, según la información difundida durante la crisis.
Aunque ese mecanismo permitiría proteger a una proporción importante de los ahorristas, permanecen interrogantes sobre los montos que superan los límites garantizados y los plazos de recuperación.
Los vínculos empresariales de Peña quedaron bajo cuestionamiento
La crisis financiera adquirió una dimensión política por los antecedentes comerciales del presidente con el grupo empresarial vinculado a Ueno Bank.
Peña había mantenido participación accionaria en Grupo Vázquez, relacionado con la propiedad de la entidad financiera, antes de desprenderse de esas inversiones en 2025.
Esos antecedentes fueron incorporados a los cuestionamientos planteados por legisladores opositores y sectores disidentes del oficialismo.
Los promotores del juicio político acusaron al mandatario de presuntos conflictos de intereses, irregularidades relacionadas con fondos previsionales y responsabilidades por la actuación de los organismos de control.
Las acusaciones también comprenden posibles omisiones institucionales frente al deterioro financiero del banco.
Sin embargo, las responsabilidades personales y penales deberán determinarse mediante las investigaciones judiciales correspondientes.
La existencia de vínculos empresariales anteriores no constituye, por sí sola, una demostración de participación en las irregularidades investigadas.
La controversia política se concentra en determinar si existieron conflictos de intereses y si las autoridades actuaron de manera adecuada para proteger los recursos públicos y privados.
El Partido Colorado retiró su respaldo al presidente
El desenlace de la crisis se aceleró cuando sectores del propio Partido Colorado comenzaron a apoyar la salida del mandatario.
El expresidente Horacio Cartes, titular de la Asociación Nacional Republicana, manifestó públicamente su respaldo al procedimiento de juicio político.
La declaración representó un cambio decisivo en el escenario político, dado el peso de Cartes dentro de la estructura partidaria que había llevado a Peña a la Presidencia.
También el presidente del Congreso, Basilio Núñez, reclamó la renuncia del mandatario.
Otros referentes colorados, entre ellos el expresidente Nicanor Duarte Frutos, sostuvieron que Peña había perdido la confianza necesaria para continuar gobernando.
La ruptura del respaldo partidario dejó al mandatario en una posición particularmente vulnerable.
Hasta entonces, la mayoría parlamentaria del Partido Colorado había constituido uno de los principales factores de estabilidad del Gobierno.
La crisis bancaria terminó provocando una fractura política que hizo posible el avance del procedimiento parlamentario.
El Congreso debatía un juicio político
La Cámara de Diputados había sido convocada a una sesión extraordinaria este jueves para considerar un pedido de juicio político presentado por 35 legisladores.
La iniciativa incluía acusaciones por presunto mal desempeño de funciones, conflictos de intereses y responsabilidades relacionadas con la crisis de Ueno Bank.
En Paraguay, el procedimiento requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados para formular la acusación y una mayoría equivalente en el Senado para disponer una eventual destitución.
El respaldo de dirigentes del oficialismo al proceso modificó las condiciones políticas en las que se desarrollaba el debate.
La oposición reclamaba que se investigaran las responsabilidades institucionales y que se garantizara la protección de los fondos públicos.
La renuncia presidencial se produjo antes de que el procedimiento culminara en una eventual resolución de destitución.
La salida de Peña no supone, por sí misma, el cierre de las investigaciones sobre los hechos que motivaron las acusaciones.
Protestas y pérdida de confianza en el sistema financiero
Mientras se desarrollaban las negociaciones políticas, miles de personas se concentraron en Asunción y otras ciudades para reclamar la devolución de sus depósitos.
Entre los manifestantes se encontraban ahorristas, jubilados y ciudadanos preocupados por las consecuencias de la crisis bancaria.
Las movilizaciones también expresaron cuestionamientos a la supervisión financiera y a los vínculos entre determinados grupos empresariales y las autoridades políticas.
El colapso de Ueno Bank plantea un desafío que excede a la entidad intervenida.
La estabilidad del sistema bancario depende en buena medida de la confianza de los depositantes en la solvencia de las instituciones y en la capacidad de los organismos reguladores para identificar riesgos.
La interrupción del acceso a las cuentas de una entidad con millones de clientes puede generar incertidumbre sobre otras instituciones, incluso cuando sus condiciones financieras sean diferentes.
Las autoridades y representantes del sector bancario procuraron transmitir que el resto del sistema continuaba funcionando y que existían mecanismos para atender la situación de los afectados.
La Justicia investiga a directivos del banco
Las investigaciones penales avanzaron en paralelo con la crisis política.
La Fiscalía paraguaya formuló imputaciones contra directivos y personas vinculadas con Ueno Bank por presuntas irregularidades en la administración de recursos y operaciones financieras.
Entre los investigados se encuentra Miguel Vázquez, identificado como uno de los principales responsables ejecutivos de la entidad.
Las autoridades judiciales también dispusieron medidas sobre bienes y operaciones relacionadas con las investigaciones.
Los procedimientos buscan esclarecer las condiciones que provocaron el deterioro patrimonial del banco, el destino de determinados recursos y las posibles responsabilidades de sus administradores.
Las imputaciones corresponden a una etapa del proceso judicial y no constituyen condenas.
Uno de los principales desafíos será establecer el alcance de las pérdidas y las posibilidades de recuperación de los depósitos.
Pedro Alliana queda ante la sucesión presidencial
La renuncia de Santiago Peña abre una nueva etapa institucional en Paraguay.
De acuerdo con las disposiciones constitucionales, corresponde al vicepresidente Pedro Alliana asumir la Presidencia para completar el período de gobierno.
Alliana es un dirigente del Partido Colorado que anteriormente presidió la Cámara de Diputados y mantuvo una trayectoria estrechamente vinculada con la estructura oficialista.
Su llegada a la Presidencia se produce en circunstancias excepcionales, marcadas por la ruptura del respaldo político al mandatario saliente y por la crisis de una institución financiera de considerable peso en la economía nacional.
Entre los principales desafíos de la nueva administración estarán la recuperación de la confianza pública, la continuidad de las medidas de protección a los depositantes y el funcionamiento de los organismos encargados de la supervisión bancaria.
También deberá responder a las consecuencias políticas de un proceso que expuso diferencias profundas dentro del Partido Colorado.
Una crisis con repercusiones económicas y regionales
Paraguay había consolidado durante los últimos años una imagen de estabilidad macroeconómica y crecimiento económico dentro de América del Sur.
La crisis de Ueno Bank introduce interrogantes sobre la supervisión financiera, la relación entre recursos públicos y entidades privadas y la capacidad institucional para prevenir situaciones de insolvencia.
Las repercusiones pueden alcanzar a las decisiones de inversión y a la percepción internacional sobre el sistema financiero paraguayo.
El episodio también resulta relevante para los países del Mercosur, entre ellos Uruguay, que mantienen relaciones comerciales, financieras y empresariales con Paraguay.
Sin embargo, todavía es prematuro establecer el alcance de sus eventuales consecuencias económicas regionales.
La prioridad inmediata de las autoridades paraguayas será resolver la situación de los depositantes y evitar que las dificultades de una entidad particular afecten la confianza en el conjunto del sistema.
Una renuncia que abre una nueva etapa política
La salida de Santiago Peña representa uno de los acontecimientos políticos más importantes de Paraguay en los últimos años.
El mandatario abandona el poder poco más de tres años después de asumirlo, en medio de una crisis que comenzó en el sistema financiero y terminó comprometiendo la continuidad de su administración.
La combinación de protestas sociales, acusaciones parlamentarias y pérdida de respaldo dentro del oficialismo precipitó el desenlace.
No obstante, la renuncia presidencial no resuelve automáticamente los problemas originados por el colapso de Ueno Bank.
Persisten investigaciones judiciales, compromisos de devolución de fondos y cuestionamientos sobre el funcionamiento de los organismos reguladores.
El nuevo escenario pondrá a prueba la capacidad de las instituciones paraguayas para garantizar la continuidad del gobierno y restablecer la confianza de la población.
La crisis deja planteada una discusión que trasciende la suerte política de un presidente: la necesidad de asegurar mecanismos efectivos de supervisión financiera y evitar que las relaciones entre poder económico y político comprometan los recursos de los ciudadanos.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
