UY Press - Agencia uruguaya de noticias

27.05.2026

LA PAZ (Uypress) – Bolivia volvió a quedar atrapada en una crisis política de alta intensidad. Las protestas que comenzaron con reclamos sectoriales y laborales ya entraron en su cuarta semana y escalaron hacia una demanda más directa: la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que llegó al poder hace apenas seis meses con la promesa de estabilizar el país después de dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo.

En un intento por mostrar sensibilidad frente al malestar social, Paz anunció este lunes que reducirá a la mitad su salario y el de todos sus ministros. La decisión fue presentada como una señal de “esfuerzo” y “compromiso” con el país, en momentos en que los bloqueos de rutas generan escasez de alimentos, combustible y medicinas en ciudades clave como La Paz y El Alto.

El gesto, sin embargo, no logró desactivar la protesta. Miles de manifestantes marcharon nuevamente en La Paz, sede del gobierno boliviano, para exigir la salida del mandatario. La consigna ya no se limita a reclamos salariales, al rechazo a medidas económicas o a demandas sectoriales: una parte creciente de los movilizados considera que el gobierno perdió legitimidad y debe irse.

La crisis golpea a un Ejecutivo que la semana pasada ya había ensayado una primera respuesta política con cambios en el gabinete. La salida del ministro de Trabajo, Edgar Morales, y la designación de Williams Bascopé buscaron abrir una vía de diálogo con la Central Obrera Boliviana y con sectores sindicales enfrentados al gobierno. Pero la señal fue insuficiente.

El conflicto se amplió más allá de un solo sector. En las movilizaciones participan sindicatos, mineros, transportistas, maestros, organizaciones campesinas, indígenas y juntas vecinales. El reclamo inicial por salarios, condiciones laborales y rechazo a medidas de ajuste se transformó en una crisis nacional marcada por bloqueos, enfrentamientos, desabastecimiento y creciente tensión institucional.

Paz insiste en que no renunciará. Dijo que Bolivia vive un “punto de inflexión” después de casi veinte años de gobiernos socialistas y defendió la necesidad de sostener medidas duras para ordenar una economía golpeada por la falta de dólares, la escasez de combustibles, el aumento del costo de vida y una caída proyectada del producto interno bruto.

El problema para el gobierno es que el discurso de responsabilidad fiscal choca con la urgencia social. En los mercados faltan productos, los precios suben, el transporte se resiente y los hospitales advierten dificultades para acceder a insumos críticos. El gobierno anunció corredores humanitarios para permitir el ingreso de alimentos, medicinas, oxígeno y otros bienes esenciales, pero la tensión en las rutas continúa.

La situación también se agravó por la muerte de un manifestante de 24 años durante un operativo policial-militar en La Paz. El hecho agregó presión sobre el Ejecutivo y reforzó las denuncias de sectores sociales que acusan al gobierno de responder con fuerza antes que con negociación.

Paz acusa a sectores vinculados al expresidente Evo Morales de impulsar una estrategia de desestabilización. Morales, por su parte, respaldó las protestas y reclamó la renuncia del presidente, en una crisis que vuelve a colocar al viejo liderazgo del MAS en el centro de la disputa política boliviana.

Pero reducir todo el conflicto a una pulseada entre Paz y Morales sería insuficiente. La protesta expresa también un deterioro económico profundo y una sensación de ruptura entre el gobierno y sectores populares que esperaban estabilidad, diálogo y alivio, no ajuste, escasez y militarización de las calles.

La rebaja salarial del presidente y sus ministros busca mostrar empatía, pero llega cuando el conflicto ya cruzó un umbral político. En una Bolivia con larga tradición de movilización social, los gestos simbólicos rara vez alcanzan cuando las rutas están bloqueadas, las ciudades sienten el desabastecimiento y la consigna de renuncia se instala en la calle.

A seis meses de asumir, Paz enfrenta la prueba más difícil de su gobierno. Cambió ministros, anunció sacrificios salariales y prometió mayor cercanía con la población. Pero la pregunta que empieza a definir la crisis es otra: si todavía conserva margen real para gobernar o si la calle boliviana, una vez más, comenzó a escribir el desenlace político antes que las instituciones.

Fuentes de verificación utilizadas fuera del texto: Reuters confirmó la reducción salarial de 50%, la cuarta semana de protestas, los bloqueos y la escasez de alimentos, combustible y medicinas; El País informó sobre la muerte de un manifestante y el agravamiento de la crisis; Reuters también reportó la apertura de corredores humanitarios para mover suministros básicos.