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La advertencia llega pocos días después de un nuevo revés diplomático para España. El 21 de abril, en Luxemburgo, varios países —entre ellos España e Irlanda— intentaron reabrir el debate sobre la suspensión total o parcial del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, pero no lograron reunir el respaldo suficiente. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reconoció que no hubo cambios de posición suficientes para avanzar con la suspensión.

El punto jurídico de fondo es el artículo 2 de ese acuerdo, en vigor desde junio de 2000, que establece que las relaciones entre ambas partes deben basarse en el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos, definidos como “un elemento esencial” del pacto. Sánchez apoyó su planteo en una revisión interna de Bruselas que, según Euronews, concluyó que Israel incumplió ese artículo; Reuters había informado ya en 2025 que el servicio diplomático europeo veía “indicios” de una violación de esas obligaciones.

El problema para Madrid no es solo normativo, sino político. Reuters detalló que una suspensión comercial parcial requeriría una mayoría cualificada de 15 de los 27 Estados miembros que representen al 65% de la población de la UE, mientras que una suspensión total exigiría unanimidad. Alemania e Italia se mantuvieron contrarias a romper el vínculo y defendieron seguir con un “diálogo crítico y constructivo” con Israel.

Ese bloqueo europeo contrasta con la línea dura adoptada frente a Moscú. En la misma secuencia política, la UE aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania en 2026-2027 y un vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, medidas que fueron celebradas en la cumbre de Chipre junto al presidente Volodímir Zelenski. Sobre ese contraste se apoya precisamente la tesis de Sánchez: que Europa pierde fuerza moral si sanciona con decisión una agresión y relativiza otra crisis cuando intervienen aliados distintos.

La resistencia a castigar a Israel también tiene un trasfondo económico. La UE es el principal socio comercial del Estado israelí y el intercambio de bienes entre ambos alcanzó 42.600 millones de euros en 2024, según datos citados por Reuters. Ese peso explica parte de la prudencia de varias capitales europeas, incluso cuando crecen las presiones para limitar el comercio vinculado a asentamientos ilegales en Cisjordania o sancionar a colonos violentos.

Israel rechaza desde hace tiempo las críticas españolas y sostiene que sus ofensivas en Gaza y Líbano buscan neutralizar a Hamás y Hezbollah, ambos apoyados por Irán. Pero la insistencia de Sánchez muestra que el debate ya no se limita al conflicto en sí mismo: ahora alcanza a la coherencia estratégica de Europa. En otras palabras, la discusión no es sólo qué hacer con Israel, sino cuánto se debilita la UE cuando su defensa del derecho internacional parece depender del frente donde se lo invoque.