UY Press - Agencia uruguaya de noticias

23.07.2026

BUENOS AIRES (Uypress) – El Gobierno argentino reiteró su rechazo al proyecto petrolero Sea Lion, operado por la compañía de origen israelí Navitas en aguas de las Malvinas, pero no informó si adoptará nuevas medidas ni si planteó el caso ante Israel. El comienzo de la producción está previsto para marzo de 2028.

La novedad se produjo este martes 21 durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. El vocero presidencial, Adrián Ravier, fue consultado sobre las acciones previstas contra Navitas Petroleum y la eventual existencia de gestiones ante el gobierno de Benjamín Netanyahu.

Ravier leyó inicialmente una respuesta vinculada con otro reclamo al Reino Unido, reconoció el error y luego reprodujo el comunicado emitido por la Cancillería argentina en diciembre de 2025, cuando las empresas aprobaron la decisión final de inversión.

El texto expresa el “más enérgico rechazo” argentino al proyecto impulsado por Navitas y la británica Rockhopper Exploration, por considerar que no cuenta con autorización de las autoridades competentes de Argentina.

Ante la insistencia sobre las medidas concretas y los posibles contactos con Israel, Ravier respondió que el asunto debía profundizarse con la Cancillería y reconoció: “Yo, en este momento, no tengo más información”.

El proyecto Sea Lion se encuentra unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas, territorio administrado por el Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina. Navitas posee una participación del 65% y actúa como operadora mediante una filial con sede en el Reino Unido. Rockhopper controla el 35% restante.

La decisión definitiva de inversión fue adoptada el 10 de diciembre de 2025. Por lo tanto, no se trata de una nueva concesión anunciada durante las últimas horas, sino de un emprendimiento que ingresó en su etapa de ejecución y volvió a la agenda por las respuestas brindadas desde la Casa Rosada.

La primera fase contempla una inversión total estimada en US$ 2.100 millones, la perforación de once pozos submarinos y su conexión con una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Las compañías proyectan recuperar 170 millones de barriles y alcanzar un máximo cercano a 50.000 barriles diarios.

Navitas prevé obtener el primer petróleo en marzo de 2028. En consecuencia, todavía no existe extracción comercial, aunque el proyecto dejó atrás la fase de exploración y dispone de financiación, contratos y autorizaciones concedidas por la administración británica de las islas.

El desarrollo podría modificar profundamente la estructura económica del archipiélago, actualmente sostenida por la pesca. Las estimaciones sobre su participación en el producto varían según el período y la metodología, pero todas coinciden en su predominio sobre la actividad y las exportaciones. Proyecciones difundidas por Financial Times señalan que Sea Lion podría triplicar el producto de las islas y generar ingresos anuales por unos 280 millones de libras hacia 2034.

Argentina declaró ilegales las actividades de Navitas en abril de 2022, calificó a la empresa como clandestina y la inhabilitó durante veinte años para operar en territorio argentino. Rockhopper también había sido sancionada anteriormente.

En diciembre de 2025, la Cancillería volvió a rechazar el proyecto y advirtió a empresas, entidades financieras, aseguradoras y proveedores sobre las consecuencias de participar en actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Buenos Aires.

UyPress informó el pasado 27 de junio que el canciller Pablo Quirno denunció el proyecto ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas y aseguró que Argentina adoptaría las medidas permitidas por el derecho internacional para proteger sus derechos soberanos.

El papel central de una empresa de origen israelí adquiere una dimensión política adicional por la estrecha relación construida entre Javier Milei y Benjamín Netanyahu. En abril, el mandatario argentino definió el vínculo bilateral como una “unión moral, espiritual y política”.

Sin embargo, Navitas es una compañía privada y su nacionalidad no permite atribuir automáticamente responsabilidad al gobierno israelí. Tampoco existen elementos comprobados que permitan sostener una complicidad de la Casa Rosada con el proyecto.

Lo que sí dejó la conferencia del martes fue una distancia entre el rechazo diplomático y la información pública sobre su aplicación: el Gobierno reafirmó la posición jurídica argentina, pero no detalló nuevas sanciones, acciones judiciales internacionales o gestiones bilaterales destinadas a impedir que Sea Lion llegue a la etapa de producción.