POLÍTICA DE DROGAS
Senadores demócratas reimpulsan la legalización federal del cannabis en Estados Unidos
17.07.2026
WASHINGTON (Uypress) – Un grupo de senadores demócratas presentó nuevamente un amplio proyecto destinado a terminar con la prohibición federal del cannabis en Estados Unidos y establecer un sistema nacional de regulación, tributación y control sanitario.
La denominada Cannabis Administration and Opportunity Act —CAOA— fue reintroducida este jueves por Cory Booker, de Nueva Jersey; el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, de Nueva York, y Ron Wyden, de Oregón.
La iniciativa cuenta con 17 patrocinadores originales, todos pertenecientes al Partido Demócrata. Entre ellos se encuentran Elizabeth Warren, John Fetterman, Kirsten Gillibrand, Michael Bennet, Patty Murray y Raphael Warnock.
El elemento central del proyecto es la eliminación completa del cannabis de la Ley de Sustancias Controladas. La medida pondría fin a su prohibición federal y permitiría que las actividades autorizadas por cada estado funcionen sin el actual conflicto entre las legislaciones locales y nacionales.
La reforma no obligaría a todos los estados a legalizar el cannabis. Cada jurisdicción podría continuar prohibiendo su producción y comercialización, aunque no estaría habilitada a impedir el tránsito de productos legales entre otros estados a través de su territorio.
El texto ordena al fiscal general completar la eliminación del cannabis de la lista federal de sustancias controladas dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la ley.
También crea un marco regulatorio en el que participarían la Administración de Alimentos y Medicamentos —FDA—, la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco —TTB— y otras agencias federales.
Dentro de la FDA se establecería un Centro para Productos de Cannabis encargado de controlar la producción, el etiquetado, la distribución y la comercialización. Los envases deberían informar la potencia, las dosis, la cantidad de porciones, el lugar de fabricación y las instrucciones de uso.
La compra recreativa quedaría limitada a personas mayores de 21 años y continuarían vigentes las prohibiciones contra el tráfico en los estados que decidan mantener la ilegalidad del producto.
El proyecto plantea un impuesto federal inicial de 5% para los pequeños y medianos productores, que aumentaría gradualmente hasta 12,5% después de cinco años.
Para las grandes empresas, la tasa comenzaría en 10% y podría alcanzar un máximo de 25%. Parte de esos recursos sería destinada a programas sociales y económicos en comunidades afectadas por décadas de aplicación desigual de las leyes sobre drogas.
La propuesta eliminaría además la limitación del Código Tributario que actualmente impide a las empresas de cannabis deducir gastos ordinarios como salarios, alquileres y servicios.
También obligaría a la Red de Control de Delitos Financieros —FinCEN— a actualizar sus orientaciones para aclarar que bancos y cooperativas de crédito pueden prestar servicios a negocios de cannabis que operen legalmente.
Otro capítulo contempla la eliminación automática de antecedentes federales por delitos no violentos y de baja gravedad relacionados con el cannabis. Las personas que todavía cumplen penas de prisión podrían solicitar a los tribunales una reducción de sus condenas.
El texto impediría además que el consumo, la posesión o una condena anterior sean utilizados para negar determinados beneficios federales, oportunidades laborales o protecciones migratorias.
Los promotores también proponen financiar programas de capacitación laboral, reinserción, asistencia jurídica y acceso al crédito para pequeñas empresas y personas afectadas por la denominada guerra contra las drogas.
La propuesta demócrata va considerablemente más lejos que la política aplicada por la administración Trump.
En diciembre de 2025, el presidente ordenó acelerar el traslado del cannabis de la Lista I a la Lista III, reconociendo sus posibles usos médicos y procurando facilitar la investigación científica.
En abril, el Departamento de Justicia aplicó esa reclasificación a los medicamentos aprobados por la FDA y al cannabis medicinal sujeto a determinadas licencias estatales. Paralelamente, la DEA abrió un procedimiento para estudiar una reclasificación más amplia de la planta.
La Lista III reconoce un uso médico aceptado y considera que la sustancia presenta un riesgo menor que las incluidas en las listas I y II. Sin embargo, el cannabis continúa sometido a controles federales y su utilización recreativa no queda legalizada.
La CAOA propone, por el contrario, una desclasificación total, que trasladaría el tratamiento federal del cannabis hacia un modelo más próximo al utilizado con el alcohol y el tabaco.
El proyecto enfrenta, no obstante, un camino legislativo complejo. El Partido Republicano controla actualmente el Senado con 53 bancas, frente a 45 demócratas y dos independientes, mientras que la mayoría de las iniciativas necesita 60 votos para superar una eventual obstrucción parlamentaria.
Ningún senador republicano aparece entre los patrocinadores originales de la iniciativa. Además de superar el Senado, el texto deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes y posteriormente promulgado por Trump.
Por tanto, la presentación no modifica de manera inmediata la situación jurídica ni comercial del sector. Sí vuelve a colocar en el Congreso la diferencia entre dos caminos: mantener el cannabis bajo fiscalización federal con restricciones menores o eliminar definitivamente su prohibición nacional y sustituirla por un régimen de regulación y tributación.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
