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12.08.2026

DAMASCO (Uypress) – La Cuarta Sala Penal de Damasco condenó a muerte al derrocado presidente sirio Bashar al-Assad y a su hermano menor, Maher al-Assad, por asesinatos, torturas, privaciones ilegales de libertad, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes y durante el conflicto que comenzó en 2011.

Los hermanos fueron juzgados en ausencia debido a que permanecen en Rusia, donde recibieron asilo después de la caída del régimen sirio en diciembre de 2024. La sentencia es la primera dictada en Siria contra Bashar al-Assad o integrantes de su círculo más cercano desde el final de los más de cincuenta años de gobierno de su familia.

El tribunal, presidido por el juez Fakhr al-Din al-Aryan, condenó también a muerte a Atef Najib, primo de los Assad y antiguo jefe de la rama de Seguridad Política en la provincia meridional de Daraa. Najib fue el único de los principales acusados que estuvo detenido y compareció personalmente durante el proceso.

El fallo alcanzó además a otros cinco antiguos funcionarios que permanecen prófugos. La Justicia ordenó mantener vigentes las órdenes de captura y realizar las gestiones necesarias para impulsar su persecución internacional.

La resolución, adoptada por unanimidad, está contenida en un documento de 396 páginas correspondiente a la decisión número 1 de 2026. La agencia oficial siria informó que el texto será publicado posteriormente por el Ministerio de Justicia, una vez eliminados los nombres de los testigos protegidos.

Bashar al-Assad fue declarado culpable de asesinatos premeditados, incluidos homicidios de menores de 15 años, torturas que provocaron la muerte, detenciones arbitrarias e incitación a cometer homicidios en reiteradas oportunidades.

Maher al-Assad comandó la Cuarta División Blindada del Ejército sirio, una de las unidades militares más poderosas del antiguo régimen. La formación tuvo una participación central en la represión de las manifestaciones, las operaciones militares contra zonas controladas por la oposición y el sistema de detenciones establecido durante la guerra.

El proceso estuvo especialmente vinculado con los acontecimientos ocurridos en Daraa en 2011. Allí, más de una docena de adolescentes fueron detenidos y torturados después de escribir consignas contra el Gobierno en las paredes de una escuela.

Según el tribunal, los jóvenes fueron golpeados, sometidos a descargas eléctricas, suspendidos durante los interrogatorios y víctimas de otras formas de tortura. Algunos declararon que Najib participó directamente en los interrogatorios.

La detención de los adolescentes provocó manifestaciones para reclamar su liberación. Las fuerzas de seguridad respondieron con disparos y operaciones represivas, en una sucesión de acontecimientos que contribuyó a desencadenar la rebelión nacional y la posterior guerra civil.

Las protestas se extendieron por el país y fueron enfrentadas por el Gobierno con una campaña militar que incluyó bombardeos, arrestos masivos, desapariciones forzadas y torturas. El conflicto dejó cerca de medio millón de muertos y obligó a millones de personas a abandonar sus hogares.

La lectura de las sentencias fue transmitida por la televisión estatal y estuvo acompañada por concentraciones en Damasco, Daraa e Idlib. Familiares de víctimas, antiguos detenidos y opositores al régimen celebraron el fallo como un primer reconocimiento judicial de los crímenes cometidos durante el gobierno de Assad.

La sentencia, sin embargo, difícilmente podrá ejecutarse mientras Bashar y Maher al-Assad permanezcan protegidos por Rusia. Moscú respaldó militar y políticamente al antiguo régimen y hasta el momento no aceptó las solicitudes para entregar a sus antiguos aliados.

Especialistas también advirtieron que la aplicación de la pena de muerte podría dificultar futuras negociaciones de extradición. Algunos países y sistemas judiciales internacionales no entregan acusados cuando existe el riesgo de que sean ejecutados.

El abogado y defensor de derechos humanos Anwar al-Bunni sostuvo que la decisión podría cerrar el camino para que Assad sea trasladado a Siria y comparezca personalmente ante la Justicia. A su entender, el fallo tiene un componente simbólico mayor que una posibilidad inmediata de aplicación.

Organizaciones especializadas y observadores del juicio plantearon además interrogantes sobre la rapidez del procedimiento, la calidad de la defensa y las garantías procesales. Aunque reconocieron la importancia de juzgar los crímenes del antiguo régimen, reclamaron que la justicia transicional respete estándares capaces de distinguirla de los tribunales utilizados durante el período de Assad.

Atef Najib podrá apelar su condena, según informó el juez. La situación de los acusados juzgados en ausencia dependerá de su eventual detención o entrega a las autoridades sirias.

El proceso se desarrolló durante casi cuatro meses y concluyó en su novena audiencia. El Gobierno encabezado por Ahmed al-Sharaa lo presentó como una instancia fundamental de su política de justicia transicional y rendición de cuentas.

Bashar al-Assad gobernó Siria desde 2000, cuando sucedió a su padre, Hafez al-Assad. Fue derrocado en diciembre de 2024 por una rápida ofensiva rebelde y huyó a Moscú junto con su familia.

Además del proceso sirio, el exmandatario enfrenta una orden de arresto emitida por la Justicia francesa por su presunta responsabilidad en el bombardeo de un centro de prensa en la ciudad de Homs en 2012.

La condena abre una nueva etapa judicial en Siria, aunque su eficacia dependerá de la capacidad de las nuevas autoridades para localizar a los acusados, obtener cooperación internacional y construir un sistema de justicia que garantice simultáneamente la rendición de cuentas y el debido proceso.