COLOMBIA / BALANCE DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO
The Economist cuestiona la mano dura de De la Espriella: «Se necesitará más que videos de TikTok»
10.11.2026
BOGOTÁ (Uypress) – La revista británica The Economist publicó un análisis sobre los primeros cien días del gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia, en el que examina los resultados de su política de seguridad, las dificultades fiscales y las tensiones con diferentes sectores políticos y sociales. Aunque reconoce un cambio de orientación frente a las organizaciones armadas, la publicación advierte que la exposición mediática de los operativos no garantiza una recuperación efectiva del control territorial.
El artículo, publicado el 9 de noviembre bajo el título Colombia's Trumpian president is taking no prisoners, describe a un mandatario que ha construido buena parte de su imagen política alrededor de la confrontación con el crimen organizado y de una comunicación intensiva mediante las redes sociales.
Sin embargo, plantea que el desafío colombiano excede las capturas, los bombardeos y las operaciones militares difundidas por el Gobierno.
La revista sostiene que será necesario mucho más que videos de TikTok para debilitar el poder de las organizaciones vinculadas con el narcotráfico y la minería ilegal que mantienen influencia sobre amplias regiones del país.
Más operativos, pero resultados todavía limitados
Uno de los principales cuestionamientos se refiere a la eficacia de la estrategia de seguridad.
De la Espriella llegó a la Presidencia el 7 de agosto con la promesa de recuperar el control de los territorios afectados por organizaciones criminales.
Su Gobierno puso fin a varios procesos de negociación desarrollados durante la administración de Gustavo Petro, intensificó las operaciones militares y promovió extradiciones hacia Estados Unidos.
El presidente también comenzó a participar personalmente en procedimientos de las fuerzas de seguridad, difundiendo imágenes de capturas y operaciones contra integrantes de organizaciones armadas.
La estrategia busca transmitir una presencia más activa del Estado y responder a las preocupaciones de los ciudadanos por la inseguridad.
Sin embargo, los especialistas consultados por The Economist consideran que todavía existen diferencias entre la exposición pública de esas operaciones y sus efectos sobre el control territorial.
Javier Flórez, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, calificó como modesto el aumento de las operaciones militares.
Según su evaluación, la estrategia continúa utilizando instrumentos conocidos: capturas, bajas de integrantes de organizaciones armadas e incautaciones.
El investigador cuestiona que estos resultados permitan establecer, por sí solos, una transformación sustancial de las condiciones de seguridad.
Santa Marta: la población permaneció encerrada pese a los aviones militares
La revista utiliza un episodio registrado en septiembre en Santa Marta como ejemplo de los límites de la respuesta militar.
Después de la muerte de un cabecilla criminal, una organización armada impuso restricciones a la circulación de la población y ordenó el cierre de establecimientos comerciales.
El Gobierno respondió mediante un despliegue de fuerzas de seguridad y sobrevuelos de aviones de combate.
De la Espriella también se trasladó a la región para respaldar las operaciones.
Sin embargo, numerosas personas permanecieron dentro de sus viviendas y los comercios continuaron cerrados.
El episodio mostró que la presencia de unidades militares no necesariamente permite restablecer de inmediato la normalidad cuando una organización criminal mantiene capacidad para intimidar a la población.
La recuperación del control territorial requiere también garantizar condiciones para que las personas puedan trabajar, desplazarse y desarrollar sus actividades sin amenazas.
Entre las negociaciones y las medidas de fuerza
El análisis también examina las nuevas herramientas legales impulsadas por el Ejecutivo.
Una de ellas es la ley de sometimiento, que contempla beneficios penales para integrantes de organizaciones criminales que confiesen sus delitos, entreguen bienes, proporcionen información y colaboren con las autoridades.
La legislación busca facilitar el desmantelamiento de estructuras armadas mediante incentivos para abandonar sus actividades.
En paralelo, el Gobierno promueve un estatuto antiterrorista que ampliaría sus facultades para designar organizaciones como terroristas y congelar bienes de personas o entidades señaladas como colaboradoras.
La combinación de ambos instrumentos fue descrita por especialistas como una estrategia que incorpora incentivos para el sometimiento y medidas coercitivas.
Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group, aparece entre las especialistas consultadas sobre este enfoque.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por el alcance de algunas de las facultades propuestas, especialmente si las medidas patrimoniales pudieran aplicarse sin garantías suficientes.
El debate se concentra en cómo fortalecer la capacidad del Estado frente a las organizaciones armadas sin debilitar las protecciones jurídicas de la población civil.
Un reconocimiento a la respuesta ante el terremoto
El balance de The Economist también incluye una evaluación favorable de la reacción inicial del Gobierno frente al terremoto del 10 de agosto, ocurrido apenas tres días después de la asunción presidencial.
La publicación destaca la rapidez de la respuesta de De la Espriella y de sus ministros durante la emergencia.
Sin embargo, diferencia esas primeras actuaciones de las dificultades posteriores para desarrollar la reconstrucción.
El Fondo Milagro, creado para administrar los recursos destinados a las regiones afectadas, recibió cuestionamientos por la lentitud de algunos proyectos.
La distinción entre la respuesta inmediata y la recuperación de largo plazo constituye otro de los ejes del análisis.
La crisis fiscal condiciona la política de seguridad
La revista también advierte que las limitaciones económicas pueden dificultar el cumplimiento de las promesas presidenciales.
Colombia enfrenta una deuda pública cercana al 60% del producto interno bruto y un déficit fiscal que, según las proyecciones recogidas por la publicación, podría alcanzar el 9,4% en 2027.
Además, el servicio de la deuda absorbe una parte considerable de los recursos presupuestarios.
En ese contexto, el Gobierno mantiene conversaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre un posible financiamiento de hasta US$ 20.000 millones.
Se trata de negociaciones y no de un préstamo aprobado o desembolsado.
La situación fiscal adquiere especial importancia para una administración que pretende ampliar las operaciones de seguridad, modernizar equipos y fortalecer la presencia estatal en distintas regiones.
Esas medidas requieren recursos sostenidos, personal e inversiones.
El problema se profundiza porque el Gobierno también enfrenta dificultades para aprobar su denominada Ley de Rescate Económico, una reforma fiscal que combina reducción del gasto estatal con modificaciones tributarias.
Como informó anteriormente Uypress, algunos de los nuevos impuestos encontraron resistencia incluso dentro de los partidos que respaldan al presidente.
La influencia de Trump y la confrontación cultural
Otro componente del análisis es la relación entre el estilo político de De la Espriella y el del presidente estadounidense Donald Trump.
The Economist señala similitudes en la comunicación presidencial, las políticas de seguridad y las posiciones adoptadas frente a determinadas instituciones.
Entre las decisiones examinadas se encuentra el nombramiento de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior y la retirada de obras del Museo Nacional vinculadas con cuestiones de género, diversidad y memoria histórica.
La revista interpreta estas medidas como parte de una estrategia de confrontación cultural.
También menciona la incorporación de Colombia al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad impulsada por Washington, y el fortalecimiento de la cooperación militar bilateral.
Estas decisiones reflejan una orientación internacional diferente de la desarrollada durante el gobierno de Gustavo Petro.
Sin embargo, las semejanzas políticas señaladas por la revista constituyen una interpretación editorial y no significan que ambos gobiernos apliquen programas idénticos.
El Congreso y las instituciones, otros desafíos
El análisis plantea que la capacidad de De la Espriella para desarrollar su programa dependerá también de su relación con el Congreso.
Aunque cuenta con el respaldo de diferentes sectores de derecha y centroderecha, su fuerza política no dispone de una mayoría propia suficiente para aprobar todas las iniciativas.
Las dificultades en el tratamiento de la reforma tributaria muestran las limitaciones que enfrenta el Ejecutivo para transformar el respaldo político en acuerdos legislativos.
La publicación también recoge cuestionamientos sobre las relaciones del Gobierno con organizaciones empresariales, medios de comunicación y sectores críticos.
Entre los episodios mencionados aparecen tensiones con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y denuncias sobre presiones políticas en determinados ámbitos institucionales.
Estas afirmaciones corresponden a los testimonios y evaluaciones recogidos por la revista y deben diferenciarse de responsabilidades establecidas judicialmente.
El desafío de transformar la presencia militar en seguridad cotidiana
La principal cuestión que plantea el análisis de The Economist es la diferencia entre los resultados operativos y los cambios efectivos en las condiciones de seguridad.
Las capturas y las incautaciones pueden debilitar determinadas estructuras criminales, pero su impacto debe evaluarse también a partir de la reducción de la violencia, la extorsión y las restricciones impuestas a las comunidades.
En regiones donde las organizaciones armadas controlan economías ilegales y ejercen autoridad sobre la población, una intervención militar puntual no garantiza necesariamente una presencia estatal sostenida.
La respuesta requiere coordinación entre fuerzas de seguridad, Justicia, administraciones locales y servicios públicos.
También necesita recursos presupuestarios que permitan mantener esa presencia durante períodos prolongados.
El Gobierno sostiene que su política representa una ruptura con la estrategia de negociación desarrollada durante la administración anterior y que sus operaciones permiten avanzar contra organizaciones que habían ampliado su influencia territorial.
Los especialistas consultados por la revista, en cambio, consideran que todavía es temprano para determinar si esos resultados producirán transformaciones duraderas.
El balance de los primeros cien días deja así una discusión abierta sobre la eficacia de la política de mano dura.
La cobertura mediática de las operaciones constituye una parte de la estrategia presidencial, pero la recuperación efectiva de la seguridad deberá evaluarse por lo que ocurra en los territorios y en la vida cotidiana de sus habitantes.
Con una situación fiscal compleja, reformas pendientes en el Congreso y nuevas movilizaciones sociales convocadas para noviembre, el Gobierno de De la Espriella enfrenta el desafío de convertir sus promesas de campaña en resultados institucionales y económicos sostenibles.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
