UY Press - Agencia uruguaya de noticias

22.04.2026

WASHINGTON (Uypress) – La administración de Donald Trump se apresta a avanzar esta semana con el traslado de la marihuana de la Lista I a la Lista III del régimen federal de drogas. El cambio aliviaría trabas para la investigación médica y para parte de la industria, pero no implicaría su legalización a nivel federal.

Según Reuters, que citó a Axios, el gobierno estadounidense esperaba mover la reclasificación “tan pronto como el miércoles”, mientras The Washington Post informó que la Casa Blanca ordenó a las agencias federales preparar una flexibilización inminente de los controles. Aun así, la decisión final sigue en manos de la DEA, que no había confirmado oficialmente el paso al momento de esas publicaciones.

La base política de ese giro viene de diciembre de 2025, cuando Trump firmó una orden ejecutiva para acelerar la investigación sobre marihuana medicinal y cannabidiol. En ese texto, la Casa Blanca instruyó al fiscal general a completar “de la manera más expeditiva posible” el proceso para mover la marihuana a la Lista III, y sostuvo que la reclasificación ayudaría a cerrar la brecha entre el uso médico ya extendido y el conocimiento científico disponible sobre riesgos y beneficios.

Hoy la marihuana sigue catalogada por la DEA como una sustancia de Lista I, es decir, sin uso médico aceptado y con alto potencial de abuso. La Lista III, en cambio, agrupa sustancias con potencial de dependencia moderado o bajo, como la ketamina y la testosterona. Ese cambio no surgió de cero: en 2023 el Departamento de Salud y Servicios Humanos recomendó formalmente pasar la marihuana a la Lista III, y en mayo de 2024 el Departamento de Justicia abrió la regla propuesta para hacerlo, basada en la conclusión de que existe uso médico aceptado y menor potencial de abuso que en las Listas I y II.

El proceso, sin embargo, quedó empantanado. La DEA convocó en agosto de 2024 a una audiencia administrativa sobre la propuesta, después de recibir cerca de 43.000 comentarios públicos, y Reuters advirtió entonces que la revisión podía demorar meses o incluso años. La presión política de la Casa Blanca ahora apunta a destrabar ese expediente, aunque el propio marco regulatorio sigue expuesto a litigios y nuevas objeciones.

En términos prácticos, la reclasificación sería importante, pero limitada. El propio proyecto del Departamento de Justicia establece que, aun en Lista III, la fabricación, distribución, dispensación y posesión de marihuana seguirían sujetas a prohibiciones penales federales y a las reglas de la FDA. En otras palabras: no equivaldría a legalización nacional ni habilitaría automáticamente el comercio recreativo interestatal. Sí podría reducir barreras para la investigación médica y aliviar la carga fiscal de empresas hoy alcanzadas por la sección 280E del código tributario, que les impide deducir gastos ordinarios por tratar con sustancias de Lista I o II.

El contraste con la realidad estatal es fuerte. De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 40 estados, tres territorios y el Distrito de Columbia ya permiten el uso médico del cannabis, mientras 24 estados, tres territorios y el Distrito autorizan o regulan también su uso no médico por adultos. Ese desacople entre legislación estatal y prohibición federal es, justamente, una de las tensiones que la reclasificación busca atenuar sin resolver del todo.