UY Press - Agencia uruguaya de noticias

05.04.2026

WASHINGTON (Uypress) – La nueva ofensiva de Donald Trump sobre el sistema electoral estadounidense va bastante más allá del voto por correo. La orden ejecutiva firmada el 31 de marzo ordena crear una lista nacional de votantes elegibles usando datos del Departamento de Seguridad Nacional y de la Administración del Seguro Social, y restringe el envío de boletas postales a quienes figuren en padrones estatales aprobados. En los hechos, la Casa Blanca intenta trasladar al aparato federal una narrativa que Trump sostiene desde 2020: que el sistema electoral necesita una depuración profunda por un fraude que nunca logró probar en tribunales.

La resistencia fue inmediata porque el corazón del conflicto no es solo técnico, sino institucional. Reuters y AP señalaron que funcionarios electorales y fiscales generales de estados gobernados por demócratas consideran la medida inconstitucional, al entender que invade competencias que la Constitución reserva principalmente a los estados y al Congreso. De hecho, una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia ya demandó a la administración para frenar la orden, mientras otra causa impulsada por el Partido Demócrata sostiene que el decreto puede provocar exclusiones arbitrarias de votantes antes de las legislativas de este año.

Pero el punto más delicado aparece en el manejo de los datos. AP informó que el Departamento de Justicia ya pidió información electoral a por lo menos 26 estados y demandó al menos a 14 para obtenerla, en un movimiento que muchos funcionarios locales leen como una ampliación inédita del control federal sobre padrones y registros sensibles. El Brennan Center fue más allá: recordó que tribunales federales en California, Michigan y Oregon ya rechazaron intentos del gobierno de quedarse con listas completas de votantes, y advirtió que Washington no tiene ni autoridad legal ni experiencia técnica para mantener un padrón nacional. Uno de esos jueces llegó a hablar de un “riesgo que amenaza el derecho al voto”.

Ahí aparece la dimensión política de fondo. La discusión ya no pasa solo por si Trump puede o no cambiar reglas por decreto, sino por si la desconfianza en las elecciones —que fue durante años una bandera discursiva— puede convertirse ahora en política de Estado. AP subraya que el uso de bases federales para verificar ciudadanía genera dudas por errores, vacíos y problemas de privacidad; Reuters añade que la medida va en línea con la insistencia de Trump en el fraude del voto por correo, pese a que ese argumento fue repetidamente desacreditado. Más que corregir una falla comprobada, la orden parece buscar otra cosa: institucionalizar la sospecha.

Esa es, probablemente, la señal más fuerte que deja el decreto. No se trata solo de una reforma electoral discutible o de una nueva batalla judicial entre Washington y los estados. Lo que está en juego es si la administración puede redibujar desde el poder federal el marco de confianza sobre el que funciona el voto en Estados Unidos. Y en año de medio término, esa disputa pesa tanto como la propia norma. 

Imagen: Portal Real Instituto Elcano