UY Press - Agencia uruguaya de noticias

04.06.2026

WASHINGTON (Uypress) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que abre un nuevo esquema de revisión gubernamental para los sistemas de inteligencia artificial más avanzados antes de su lanzamiento, con el objetivo de evaluar riesgos de ciberseguridad y seguridad nacional.

La medida marca un giro en la política tecnológica de la administración republicana, que hasta ahora había privilegiado un enfoque de desregulación y competencia frente a China. El nuevo texto mantiene ese discurso pro innovación, pero incorpora una instancia de coordinación temprana entre el gobierno federal y las principales empresas desarrolladoras de IA.

La orden establece un marco voluntario para que los desarrolladores de modelos frontera puedan dar acceso seguro al gobierno de Estados Unidos hasta 30 días antes de compartir esos sistemas con otros socios o usuarios de confianza. La revisión no constituye una autorización obligatoria ni una licencia previa para lanzar modelos al mercado.

La Casa Blanca dejó expresamente establecido que nada en la orden debe interpretarse como la creación de un régimen obligatorio de permisos, preaprobación o habilitación gubernamental para desarrollar, publicar, liberar o distribuir nuevos modelos de inteligencia artificial.

El objetivo formal es permitir que agencias federales y socios de confianza evalúen capacidades avanzadas de IA con impacto en ciberseguridad. La orden instruye a organismos de seguridad nacional, ciberseguridad, defensa, comercio y tesoro a desarrollar un sistema clasificado de pruebas y referencias para identificar qué modelos deben ser considerados de frontera.

El texto sostiene que las capacidades avanzadas de IA fortalecen a Estados Unidos, pero también introducen nuevas consideraciones de seguridad nacional que requieren coordinación entre departamentos y agencias del Poder Ejecutivo.

La medida también crea una cámara de compensación o centro de coordinación en ciberseguridad, en colaboración voluntaria con la industria y operadores de infraestructura crítica, para detectar vulnerabilidades de software, validar riesgos y coordinar acciones de mitigación.

El enfoque busca atender una preocupación creciente dentro del gobierno estadounidense: que los modelos más potentes puedan ser utilizados para encontrar fallas en sistemas informáticos, acelerar ataques cibernéticos, robar datos o afectar infraestructuras críticas.

Según medios estadounidenses, la versión final de la orden surgió luego de negociaciones internas y presiones de la industria tecnológica. Una propuesta anterior planteaba una revisión de hasta 90 días, pero fue reducida a 30 días para evitar retrasos significativos en el lanzamiento de nuevos modelos.

La directiva fue recibida como un punto intermedio entre dos posiciones enfrentadas. Para los sectores favorables a una mayor supervisión, el gobierno necesitaba acceso temprano a sistemas capaces de modificar el equilibrio de la ciberseguridad. Para los defensores de la desregulación, el riesgo era crear una burocracia que frenara la ventaja estadounidense frente a China.

La orden también refleja el nuevo lugar de la inteligencia artificial dentro de la seguridad nacional. Ya no se trata solo de una tecnología comercial o de productividad, sino de una herramienta con capacidad para incidir en defensa, finanzas, infraestructura, inteligencia, energía, salud y comunicaciones.

El giro es políticamente relevante porque Trump había revocado normas de la administración Biden que exigían mayores reportes de seguridad a desarrolladores de IA. Ahora, sin reinstalar aquellas obligaciones de forma plena, acepta una instancia federal de revisión anticipada, aunque limitada y voluntaria.

La Casa Blanca sostiene que el modelo permitirá equilibrar innovación y seguridad. La apuesta oficial es trabajar con el sector privado sin frenar el liderazgo estadounidense, pero asegurando que el gobierno pueda anticipar riesgos antes de que modelos muy avanzados lleguen a un uso más amplio.

El debate, sin embargo, seguirá abierto. Organizaciones especializadas advierten que un sistema voluntario puede ser insuficiente si las empresas deciden no someter sus modelos a revisión o si los criterios para definir qué sistemas son de frontera permanecen clasificados.

Para las grandes tecnológicas, la orden evita por ahora un régimen duro de licencias, pero introduce una nueva práctica de coordinación con Washington. Para el gobierno, representa una forma de recuperar visibilidad sobre una tecnología que avanza más rápido que los marcos regulatorios tradicionales.

La decisión confirma que la inteligencia artificial se consolida como un terreno estratégico de disputa global. Estados Unidos intenta preservar su liderazgo frente a China, pero al mismo tiempo reconoce que los modelos más avanzados pueden generar riesgos que ya no pueden quedar exclusivamente en manos del mercado.