UY Press - Agencia uruguaya de noticias

22.05.2026

WASHINGTON (Uypress) – Estados Unidos quedó frente a un nuevo capítulo de tensión institucional tras el acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia y Donald Trump para cerrar una demanda de US$ 10.000 millones presentada por el propio presidente contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la agencia tributaria federal que forma parte del gobierno que él mismo encabeza.

El caso tiene una particularidad política inédita: Trump demandó a una agencia que depende del mismo Poder Ejecutivo que él encabeza. La demanda se originó en la filtración ilegal de sus declaraciones fiscales, difundidas años atrás por The New York Times. El responsable directo, un contratista del IRS, fue procesado y condenado. Pero Trump extendió el reclamo al Estado federal, al Departamento del Tesoro y al propio organismo tributario.

El acuerdo anunciado por el Departamento de Justicia incluye la creación de un fondo de US$ 1.776 millones denominado “Anti-Weaponization Fund”, destinado a compensar a personas que aleguen haber sido víctimas de persecución política o uso indebido del aparato estatal. Según el comunicado oficial, Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump y la Trump Organization no recibirán pagos directos ni indemnizaciones personales, sino una disculpa formal y el cierre de sus reclamos.

La controversia se agravó cuando se conoció un documento posterior, firmado por el fiscal general interino Todd Blanche, que establece que Estados Unidos queda impedido de examinar o perseguir reclamos fiscales vinculados a Trump, sus hijos y la Trump Organization por declaraciones o asuntos tributarios anteriores al acuerdo.

En los hechos, esa cláusula bloquea auditorías pasadas y eventuales reclamos fiscales relacionados con ejercicios anteriores. Expertos tributarios y exjerarcas del IRS calificaron la decisión como inédita y advirtieron que puede abrir un precedente grave: que un presidente utilice su posición para obtener un blindaje fiscal personal frente al organismo encargado de controlar a todos los contribuyentes.

El excomisionado del IRS John Koskinen sostuvo que no recuerda un antecedente en el que la agencia tributaria haya prometido a un contribuyente que no auditaría sus declaraciones pasadas como parte de un acuerdo judicial. Otros especialistas señalaron que la medida puede afectar la confianza pública en el sistema tributario, cuyo principio básico es que la ley fiscal se aplica por igual a todos.

El acuerdo también encendió las alarmas políticas en el Congreso. Legisladores demócratas denunciaron que Trump aparece, en los hechos, de ambos lados del litigio: como demandante contra el Estado y como jefe del Poder Ejecutivo que debía defender al Estado. Para la oposición, ese doble rol convierte el caso en una operación de autobeneficio institucional.

La bancada demócrata sostuvo que el arreglo vulnera la separación de poderes y la potestad del Congreso sobre el gasto público, especialmente porque el fondo será financiado con recursos estatales. También cuestionó que la estructura del nuevo fondo quede bajo control del Departamento de Justicia, con miembros designados por el fiscal general y con margen para decidir quiénes serán considerados víctimas de persecución política.

El Departamento de Justicia defendió la medida como una reparación frente al uso político de agencias federales. Según su versión, el fondo no tendrá requisitos partidarios y los recursos no utilizados volverán al Tesoro. Pero críticos del acuerdo advierten que, en la práctica, puede transformarse en una herramienta para compensar a aliados políticos de Trump o a figuras que se presenten como víctimas del llamado “lawfare”.

El caso reabre además una discusión histórica sobre la opacidad fiscal de Trump. Desde el escándalo Watergate, el IRS mantiene como práctica la auditoría obligatoria de las declaraciones fiscales de presidentes y vicepresidentes, precisamente para evitar abusos de poder. La posibilidad de que un mandatario logre cerrar revisiones pasadas mediante un acuerdo con su propio Departamento de Justicia golpea directamente esa tradición de control institucional.

El editorial más reciente de The New York Times planteó la dimensión política del escándalo con una pregunta de fondo: si alguna vez hubo un episodio de corrupción presidencial tan flagrante que amenazara el orden constitucional. La interrogante resume el núcleo del problema: no se trata únicamente de impuestos, sino de si un presidente puede usar el Estado para protegerse del propio Estado.

Para sus defensores, Trump está cerrando una causa derivada de una filtración ilegal de información fiscal. Para sus críticos, el episodio representa un salto cualitativo en la concentración de poder: un mandatario que obtiene inmunidad tributaria de hecho, crea un fondo millonario con dinero público y transforma una demanda contra su propio gobierno en una herramienta política.

El desenlace judicial todavía puede tener nuevos capítulos. Pero el daño institucional ya está instalado. Si el acuerdo se mantiene, puede convertirse en un precedente para que futuros presidentes utilicen demandas contra su propio gobierno como vía para obtener blindajes personales, cerrar investigaciones incómodas o direccionar compensaciones estatales hacia aliados políticos.

En ese punto, el caso deja de ser un conflicto fiscal y pasa a ser una discusión constitucional. La pregunta ya no es solo cuánto debía o no debía pagar Trump, sino si en Estados Unidos la ley sigue siendo igual para todos o si el poder presidencial puede fabricar excepciones a su propia medida.