UY Press - Agencia uruguaya de noticias

16.08.2026

WASHINGTON (Uypress) – El Gobierno de Donald Trump concentra su estrategia hacia Cuba en intensificar las sanciones y reducir las fuentes de ingresos del Estado, en lugar de preparar actualmente una operación militar destinada a desplazar a las autoridades de la isla.

La orientación fue revelada por Bloomberg, que citó a personas familiarizadas con las deliberaciones internas de la Administración estadounidense. Las fuentes solicitaron mantener su identidad en reserva porque no estaban autorizadas a explicar públicamente la estrategia.

Según esa información, la atención de Washington está centrada en bloquear los ingresos del Gobierno cubano y profundizar la presión sobre una economía afectada por la escasez de combustible, los apagones, la caída del turismo, la falta de divisas y las dificultades para acceder al sistema financiero internacional.

El objetivo sería generar fisuras entre las autoridades políticas, militares y empresariales vinculadas al Estado y crear condiciones para una negociación. La estrategia parte de la premisa de que el deterioro económico puede aumentar las diferencias dentro de un sistema que ha rechazado los llamamientos estadounidenses a introducir cambios políticos después de casi siete décadas de gobierno encabezado por el Partido Comunista.

Esto no significa que Estados Unidos haya descartado formalmente el uso de la fuerza. Trump y otros integrantes de su Administración han mantenido una retórica ambigua y han señalado reiteradamente que todas las opciones permanecen disponibles.

Sin embargo, las fuentes consultadas sostienen que no existe actualmente una planificación prioritaria para ejecutar una operación militar o de fuerzas especiales semejante a la intervención estadounidense que culminó con la captura del dirigente venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026.

La experiencia venezolana continúa influyendo sobre el análisis de Washington. Para algunos integrantes del Gobierno estadounidense, aquella operación demostró la utilidad de combinar presión económica, aislamiento internacional, inteligencia y cooperación desde el interior del aparato estatal.

Cuba presenta, no obstante, condiciones diferentes. El Partido Comunista, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los organismos de seguridad cuentan con una estructura más institucionalizada que la que sostenía al Gobierno venezolano. La eliminación o captura de una figura determinada no garantizaría la desarticulación del sistema.

Una intervención también podría exigir un despliegue militar considerable, provocar víctimas civiles, generar una nueva crisis migratoria y obligar a Estados Unidos a asumir responsabilidades posteriores sobre una isla de aproximadamente diez millones de habitantes.

La presión sobre los ingresos

La estrategia económica se ha desarrollado mediante restricciones sobre el abastecimiento de petróleo, sanciones contra bancos y empresas estatales, amenazas a compañías extranjeras y medidas contra personas vinculadas con las Fuerzas Armadas, los servicios de seguridad y la cooperación militar cubana con otros países.

En enero, Trump declaró una emergencia nacional relacionada con Cuba y habilitó la posibilidad de imponer aranceles a productos procedentes de países que suministraran petróleo al Gobierno de La Habana.

La interrupción de buena parte de los envíos procedentes de Venezuela y México agravó las dificultades energéticas de la isla. Cuba depende de las importaciones para cubrir una parte sustancial de su consumo y carece de divisas suficientes para adquirir combustible regularmente en el mercado internacional.

La Administración estadounidense amplió posteriormente las sanciones contra entidades relacionadas con el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas cubanas que participa en sectores como turismo, comercio exterior, finanzas, logística y servicios.

Entre las compañías alcanzadas durante junio estuvieron entidades financieras, operadores logísticos y empresas consideradas fundamentales para captar inversión extranjera y procesar pagos internacionales.

El 6 de agosto, el Departamento de Estado anunció nuevas sanciones contra cinco entidades y ocho personas relacionadas, según Washington, con la importación de armamento, la cooperación militar exterior, la represión interna y la financiación del Gobierno cubano.

Estados Unidos sostiene que esas disposiciones buscan afectar a las estructuras estatales y militares sin perjudicar directamente a la población. Como parte de esa diferenciación, mantiene algunas autorizaciones para que empresas estadounidenses suministren combustible y otros productos a negocios privados cubanos.

La excepción permitió exportar petróleo a determinados emprendimientos particulares, aunque la limitada capacidad de almacenamiento y distribución privada dio lugar a un mercado desordenado, con reventa informal y precios inaccesibles para una gran parte de la población.

La presión, por tanto, no se dirige solamente a reducir los recursos disponibles. También busca favorecer un sector privado independiente del Estado y debilitar el monopolio gubernamental sobre actividades estratégicas.

Una negociación bajo presión

Washington espera que el deterioro económico aumente el interés de determinados sectores cubanos en negociar. Pero no está claro qué concesiones serían suficientes para que Estados Unidos comenzara a levantar las sanciones.

La Administración Trump ha reclamado reformas económicas, liberación de presos, ampliación de libertades políticas, reducción de la influencia militar sobre la economía y el fin de la cooperación con Rusia, China e Irán.

Las autoridades cubanas han manifestado su disposición a dialogar sobre asuntos concretos, pero rechazan negociar el sistema político, la Constitución o la continuidad del presidente Miguel Díaz-Canel.

El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío confirmó anteriormente la existencia de contactos entre ambos gobiernos, aunque sostuvo que la soberanía y la organización política cubanas no estaban sujetas a negociación.

La Habana considera que las medidas estadounidenses constituyen un bloqueo económico y una forma de castigo colectivo. El Gobierno cubano responsabiliza a las sanciones de dificultar la compra de combustible, alimentos, medicamentos, repuestos y equipamiento necesario para mantener el sistema eléctrico.

Washington atribuye la crisis a la ineficiencia del modelo estatal, la falta de reformas, la concentración de recursos en manos de las Fuerzas Armadas y las limitaciones impuestas a la actividad privada.

Ambas explicaciones no son completamente excluyentes. Cuba arrastra graves problemas productivos y estructurales, mientras las sanciones estadounidenses restringen su acceso a financiación, proveedores, transporte marítimo y operaciones bancarias internacionales.

Los riesgos de la estrategia

La presión económica puede generar divisiones dentro del Gobierno, pero también producir el efecto contrario: fortalecer a los sectores más duros, justificar una mayor represión y reducir el espacio político para quienes defienden una apertura negociada.

Tampoco existe garantía de que una crisis económica extrema produzca una transición ordenada. Un colapso abrupto podría provocar desabastecimiento, protestas, desplazamientos internos y una nueva salida masiva de cubanos hacia Estados Unidos y otros países del Caribe.

Después de más de seis décadas de embargo, Washington vuelve a apostar por la presión económica como instrumento para modificar el sistema político cubano. La diferencia actual reside en la intensidad de las medidas, la pérdida de antiguos apoyos energéticos de La Habana y la disposición de Trump a combinar sanciones, amenazas y negociaciones reservadas.

La opción militar parece haberse alejado como alternativa inmediata, pero no fue retirada oficialmente. Por ahora, la estrategia consiste en cerrar progresivamente las fuentes de recursos del Gobierno cubano y esperar que la presión produzca divisiones o concesiones.

El resultado continúa abierto: puede conducir a una negociación, endurecer la resistencia de La Habana o profundizar una crisis cuyo costo principal ya recae sobre la población de la isla.