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29.05.2025

OTHER NEWS (Por Natalia Souto* – Mundiario) – El presidente de EE UU ha solicitado al alto tribunal que suspenda la orden judicial que garantiza a los migrantes requisitos mínimos para cuestionar si sufrirían persecución o torturas en la nación de destino.

La Administración del presidente Donald Trump ha solicitado nuevamente al Tribunal Supremo de EE UU que intervenga en su conflicto con el Poder Judicial del país. En esta ocasión, ha pedido al máximo tribunal que revoque una orden judicial que exige proporcionar requisitos mínimos de debido proceso antes de deportar a inmigrantes a terceros países, es decir, naciones que no son ni su país de origen ni el designado en su orden de expulsión. Este movimiento representa una nueva escalada en la política migratoria del mandatario, quien ha regresado al poder con la promesa de una ofensiva aún más agresiva contra la inmigración irregular.

La disputa legal se centra en una orden emitida por el juez federal Brian Murphy de Massachusetts, que detuvo temporalmente la deportación de un grupo de ocho migrantes hasta que se les garantizara una "oportunidad significativa" de presentar temores creíbles de persecución, tortura o muerte en el país de destino. La medida no exime de la deportación a los afectados, sino que establece que deben ser informados con antelación y poder alegar riesgos reales antes de ser trasladados.

Sin embargo, la Administración de Trump considera estas condiciones como una "intromisión judicial indebida" que obstaculiza su política exterior, sus prioridades diplomáticas y su estrategia de seguridad nacional. Según el representante del Gobierno D. John Sauer, exigir estos procedimientos ralentiza las deportaciones y limita la capacidad ejecutiva para negociar con terceros países receptores como Libia, El Salvador o Sudán del Sur, naciones que enfrentan conflictos armados o graves denuncias por violaciones de derechos humanos.

Desde su primer día de regreso a la Casa Blanca, Trump ha instruido al Departamento de Seguridad Nacional para que acelere la detención y expulsión de inmigrantes con órdenes de deportación pendientes. Una de las principales dificultades ha sido la negativa de algunos países a recibir a sus nacionales, en su mayoría aquellos con relaciones tensas con Washington, que utilizan la migración como medida de presión para obtener mejores condiciones tras la declaración de la guerra arancelaria global de Trump. Esto ha llevado a su Administración a negociar con naciones terceras dispuestas a aceptar migrantes que no son sus ciudadanos, como parte de acuerdos bilaterales informales o ayudas condicionadas.

En este contexto, deportar a terceros países permite al Gobierno sortear obstáculos diplomáticos, reducir la presencia de inmigrantes sin papeles en EE UU, y, al mismo tiempo, enviar un mensaje disuasorio a futuras oleadas migratorias. No obstante, este enfoque también ha encendido alarmas entre defensores de derechos humanos, ya que muchos de estos destinos son altamente inseguros, y el riesgo para los deportados es real y grave.

Los riesgos de una deportación sin garantías

Casos recientes han puesto de manifiesto los peligros de estas prácticas. Ocho migrantes con antecedentes penales fueron deportados recientemente a Sudán del Sur, un país que sufre bajo los efectos de la cruenta guerra civil de su vecino del norte, pese a que existía una orden judicial que lo prohibía. Ahora, estos hombres se encuentran detenidos en una base militar en Yibuti, bajo custodia estadounidense.

El juez Murphy consideró que el Gobierno violó "sin lugar a dudas" su orden, e instruyó a las autoridades a ofrecer entrevistas de "temor razonable" -procedimientos diseñados para evaluar si una persona corre riesgo de persecución o tortura- incluso si ya se encuentran fuera de EE UU, siempre que sigan bajo control estadounidense. El Departamento de Seguridad Nacional ha considerado esta exigencia inviable y ha llevado la disputa al Supremo.

Gracias a este movimiento, el caso ya no se limita a una cuestión de procedimiento legal. Lo que está en juego es si el Gobierno federal puede deportar a una persona -en ocasiones con antecedentes penales, pero otras simplemente sin documentos- a un país peligroso sin advertencia ni audiencia previa. En palabras del juez Murphy: "el Gobierno propone enviar a personas a países donde podrían ser torturadas o asesinadas sin darles la oportunidad de expresarlo primero".

La Administración Trump, por su parte, argumenta que estos son "algunos de los peores delincuentes ilegales", y que su permanencia en suelo estadounidense o en instalaciones militares extranjeras pone en peligro las relaciones diplomáticas del país. Pero los críticos advierten de que ignorar el debido proceso erosiona los principios constitucionales básicos y expone a seres humanos, independientemente de su estatus migratorio, a un sufrimiento innecesario e irreversible.

De ser aprobada la solicitud del gobierno, el precedente permitiría a esta, y futuras administraciones, a deportar migrantes con una mínima revisión judicial o administrativa, incluso a países altamente inestables. Esto podría aumentar el número de deportaciones, pero también los riesgos legales para Estados Unidos, incluidas posibles demandas internacionales por violaciones a los tratados contra la tortura y el principio de no devolución.

Además, esta política puede afectar la imagen internacional de EE UU como garante de los derechos humanos, complicar sus relaciones con organismos multilaterales y erosionar su legitimidad en foros internacionales donde históricamente ha abogado por estándares de protección a refugiados y migrantes.

El Supremo tiene ahora la responsabilidad de decidir si prioriza la eficiencia administrativa o la protección mínima que toda persona merece antes de enfrentar posibles escenarios de persecución o muerte. El fallo podría reconfigurar profundamente los límites del poder presidencial en materia migratoria y marcar un precedente que trascienda el caso concreto.

*Natalia Souto, colaboradora de MUNDIARIO, es analista de la actualidad política y social.

Imagen: White House