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14.01.2026

SEÚL (Yonhap/por Elena Meizoso) – El equipo del fiscal especial Cho Eun-suk ha demandado, este martes, la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol por su imposición de la efímera ley marcial, describiéndolo como el cabecilla de una insurrección que buscaba mantenerse en el poder tomando el control del poder judicial y legislativo.

El equipo solicitó la sentencia durante la audiencia final del juicio de Yoon en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, poco más de un año después de que el entonces presidente declarara la ley marcial, el 3 de diciembre de 2024, con el objetivo declarado de erradicar a las fuerzas antiestatales.

"El expresidente Yoon declaró la ley marcial con el propósito de permanecer en el poder durante mucho tiempo al apoderarse del poder judicial y legislativo", declaró el fiscal especial adjunto Park Eok-su.

"La naturaleza del delito es grave, ya que movilizó recursos físicos que deberían haberse utilizado únicamente en aras del colectivo nacional", agregó.

Cuando se hizo la petición de sentencia, el expresidente mostró una leve sonrisa desde el banquillo de los acusados, mientras algunos de sus partidarios en la galería maldecían en voz alta.

Yoon fue encausado en enero del año pasado por liderar una insurrección mediante la declaración de la ley marcial.

Se le acusa de organizar un motín con el objetivo de subvertir la Constitución, tras conspirar con el entonces ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, entre otros, y de declarar ilegalmente la ley marcial en ausencia de guerra o una emergencia nacional equivalente.

En particular, se le acusa de movilizar tropas y a la policía para acordonar el recinto de la Asamblea Nacional e impedir que los legisladores votasen en contra de su decreto, y de ordenar el arresto y la detención del presidente de la Asamblea Nacional y de los entonces líderes de los partidos gobernante y de la principal oposición.

Yoon se convirtió en el primer presidente en funciones en ser encausado con detención física, en enero del año pasado.

Fue liberado en marzo, tras una orden judicial que canceló su arresto, pero fue puesto bajo custodia de nuevo, en julio, por cargos adicionales relacionados con su breve instauración de la ley marcial.

Park dijo, asimismo, que el expresidente Yoon no reflexionó sobre la forma en que sus acciones condujeron a una grave violación del orden constitucional y de la democracia. Agregó que la mayor víctima fue el pueblo, quien defendió esto con sacrificio frente a la dictadura y el autoritarismo.

Yoon está listo para presentar su declaración final.

La audiencia comenzó por la mañana con el examen de las pruebas escritas por parte de los abogados de Yoon, que se prolongó durante unas 11 horas antes de que el equipo del fiscal especial emitiera su opinión final y recomendara la sentencia.

La sesión fue una reanudación de lo que se suponía que sería la audiencia final, el viernes pasado, la cual se suspendió después de que los abogados del exministro de Defensa, uno de los otros siete acusados en el juicio, retrasaran el procedimiento al pasar ocho horas únicamente examinando las pruebas escritas.

El martes, los fiscales especiales solicitaron la cadena perpetua para el exministro, bajo los cargos de desempeñar un papel clave en una insurrección a través de su involucración en la ejecución de la ley marcial.

Para el exjefe de la Agencia Nacional de Policía, Cho Ji-ho, el equipo demandó 20 años de prisión por el mismo cargo, mientras que para el exjefe de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl, Kim Bong-sik, solicitó 15 años de prisión y para el general de división retirado del Ejército Noh Sang-won -un excomandante del Comando de Inteligencia de Defensa- pidió 30 años.

Amnistía Internacional ha catalogado a Corea del Sur como un país abolicionista de la pena de muerte en la práctica, ya que este castigo no se ha llevado a cabo desde diciembre de 1997.

El expresidente Chun Doo-hwan también se sometió a juicio por los cargos de insurrección, en 1996, en el que se recomendó la pena de muerte por su participación en el golpe de Estado de 1979 que lo llevó al poder y por la violenta represión militar del movimiento prodemocrático de Gwangju, en 1980.

Fuentes jurídicas prevén que el tribunal se pronuncie sobre el caso de Yoon a principios de febrero.

Imagen: Yonhap