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19.06.2026

BOGOTÁ (Uypress) – La Fiscalía colombiana llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos vinculados a las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y presuntos nexos con estructuras paramilitares en Antioquia durante la década de 1990.

La citación fue conocida el jueves 18 de junio, apenas dos días antes de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, en la que Colombia elegirá entre Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, respaldado por sectores de derecha y por el urardo de la Espriella, respaldado por sectores de derecha yibismo.

Uribe fue quien divulgó la información a través de sus redes sociales. Según escribió, sus abogados fueron notificados por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia sobre el llamado a indagatoria por los casos de El Aro, La Granja, Jesús María Valle y Guacharacas.

El expresidente rechazó la decisión y la calificó como una actuación de presión política en vísperas de las elecciones. “A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”, escribió.

La Fiscalía investiga presuntos delitos de homicidio agravado en persona protegida y concierto para delinquir agravado. El expediente indaga si Uribe, cuando era gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, habría facilitado o promovido el accionar de una estructura paramilitar que operaba en la región.

Según medios colombianos, la investigación incluye hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en San Roque, las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y La Granja, en Ituango, y referencias a la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe para la época.

La masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996. La de El Aro, el 22 de octubre de 1997. Ambas fueron cometidas por grupos paramilitares en el norte de Antioquia y forman parte de los episodios más graves de violencia contra población civil durante la expansión paramilitar en Colombia.

El asesinato de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos y presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia, ocurrió el 27 de febrero de 1998. Valle había denunciado públicamente omisiones y responsabilidades estatales frente a las masacres en Ituango.

El nuevo llamado a indagatoria reabre uno de los capítulos más sensibles de la historia política y judicial colombiana: la relación entre autoridades civiles, fuerza pública y paramilitarismo durante los años noventa.

Uribe niega cualquier vínculo con grupos paramilitares y sostiene que las investigaciones en su contra responden a persecución política. Sus aliados del Centro Democrático reaccionaron en la misma línea y denunciaron una utilización electoral de la Justicia.

La senadora Paloma Valencia, una de las figuras del uribismo, calificó la citación como una injusticia y afirmó que el expresidente enfrenta una ofensiva política disfrazada de proceso judicial.

Desde el otro lado del espectro político, el presidente Gustavo Petro reaccionó invitando a Uribe a acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz. Petro sostuvo que Colombia ganaría si el expresidente aportara verdad sobre el conflicto armado y sus vínculos con el paramilitarismo.

La citación se produce en un momento especialmente delicado. Colombia está a horas de una segunda vuelta presidencial polarizada, con Iván Cepeda como candidato progresista y Abelardo de la Espriella como representante de una derecha dura que recoge buena parte del voto anti-Petro.

La figura de Uribe atraviesa esa disputa. Fue presidente entre 2002 y 2010, fundador del Centro Democrático y principal referente de la derecha colombiana durante más de dos décadas. Aunque su influencia electoral ya no es la misma que en sus años de mayor poder, sigue siendo un actor central para la movilización del voto conservador.

El caso también toca directamente a Iván Cepeda, uno de los principales adversarios judiciales y políticos de Uribe. Cepeda ha investigado durante años los vínculos entre paramilitarismo, Estado y poder político, y su enfrentamiento con el expresidente dio origen a otros procesos judiciales de alto impacto.

Por eso, el llamado a indagatoria no cae en un vacío institucional. Llega sobre una campaña marcada por acusaciones cruzadas, denuncias ante organismos internacionales, advertencias sobre derechos humanos y una disputa abierta sobre seguridad, justicia y memoria del conflicto armado.

La Fiscalía deberá ahora escuchar a Uribe en indagatoria y definir si avanza o no hacia una imputación formal. La citación no equivale a una condena ni a una declaración de responsabilidad penal, pero sí significa que el expresidente queda formalmente vinculado a una investigación por hechos de extrema gravedad.

El antecedente familiar agrega peso político al momento. Hace pocas semanas, la Corte Suprema dejó en firme la condena contra Santiago Uribe, hermano del expresidente, por su participación en el grupo paramilitar conocido como “Los Doce Apóstoles”.

Ese fallo fue interpretado por sectores de víctimas como una confirmación de que la Justicia aún puede avanzar sobre responsabilidades históricas del paramilitarismo en Antioquia.

El nuevo expediente contra Álvaro Uribe vuelve a poner en primer plano una pregunta que Colombia arrastra desde hace décadas: quiénes permitieron, promovieron o se beneficiaron de la expansión paramilitar en los territorios más golpeados por la violencia.

También obliga a separar dos planos. El judicial, que deberá avanzar con pruebas, garantías y debido proceso. Y el político, inevitablemente atravesado por el calendario electoral y por el peso simbólico de Uribe en la segunda vuelta.

A dos días del balotaje, la noticia divide al país. Para el uribismo, es una maniobra judicial con impacto electoral. Para las víctimas y sectores de derechos humanos, es una oportunidad para avanzar en verdad y responsabilidad sobre crímenes que siguen marcando a Colombia.

La Justicia tendrá la última palabra. Pero el efecto político ya está instalado: el nombre de Álvaro Uribe vuelve al centro de la campaña, junto a las masacres de Antioquia y a una memoria del conflicto armado que Colombia todavía no termina de procesar.

Imagen: Álvaro Uribe / archivo.