URUGUAY / CONVOY HUMANITARIO A GAZA
Uruguayo retenido en Libia integra grupo de activistas en huelga de hambre
06.06.2026
MONTEVIDEO (Uypress) – El uruguayo Matías Álvarez Rodríguez, de 29 años, continúa retenido en el este de Libia junto a otros nueve activistas de la caravana terrestre Global Sumud Land, que intentaba llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.
La situación se agravó en las últimas horas luego de que la organización Global Sumud Flotilla denunciara que los diez detenidos iniciaron una huelga seca de hambre y sed en protesta por su detención, los presuntos malos tratos y la falta de acceso regular a asistencia consular, médica y legal independiente.
El grupo fue retenido el 24 de mayo cerca de Sirte, cuando una delegación intentaba negociar con autoridades del este libio el paso seguro del convoy hacia Egipto. La misión buscaba llegar al cruce de Rafah con ayuda humanitaria destinada a la población de Gaza.
Entre los detenidos se encuentran, además del uruguayo Álvarez Rodríguez, la polaca Laura Kwoczala, la estadounidense Jenelle Jones, los argentinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, la portuguesa Ana Margarida França Santana Baptista, el tunecino Ashraf Joya, la española Alicia Armesto Núñez y los italianos Domenico Centrone y Leonarda Alberizia.
La organización denunció que los activistas permanecen recluidos en instalaciones aisladas bajo control de autoridades del este de Libia, sin información clara sobre su situación procesal y con versiones contradictorias sobre una eventual liberación o comparecencia ante un tribunal.
Reuters informó que el gobierno italiano pidió formalmente la liberación de sus dos ciudadanos detenidos, mientras que el cónsul italiano Filippo Colombo solicitó autorización para visitarlos. España también realiza gestiones consulares por Alicia Armesto, periodista española que integra el grupo retenido.
En Uruguay, Cancillería había informado que estaba en contacto con autoridades libias por la situación de Álvarez Rodríguez. El gobierno libio sostuvo entonces que el convoy no había completado los trámites legales ni obtenido los permisos necesarios para transitar por el país y cruzar hacia Egipto.
La versión de Global Sumud es diferente. La organización afirma que los integrantes de la caravana actuaron de forma pacífica, con fines humanitarios, y que se realizaron gestiones previas ante autoridades de más de 20 países para obtener autorizaciones y garantías de paso.
El caso se desarrolla en una zona de extrema complejidad política. Libia permanece dividida entre autoridades rivales desde la caída de Muamar el Gadafi. El oeste del país está bajo el Gobierno de Unidad Nacional, con sede en Trípoli y reconocimiento internacional, mientras que el este se encuentra bajo influencia de fuerzas vinculadas al mariscal Jalifa Hafter.
Sirte se ubica precisamente en una región sensible entre ambas zonas de poder. El paso por ese territorio fue el punto donde la caravana quedó bloqueada y donde los diez activistas fueron detenidos.
El convoy Global Sumud Land estaba integrado por más de 200 participantes de distintas nacionalidades, entre ellos médicos, ingenieros, docentes, abogados y trabajadores humanitarios. Según la organización, transportaba ambulancias, casas móviles y camiones con suministros básicos para Gaza.
La misión terrestre formaba parte de un esfuerzo coordinado con iniciativas marítimas de la Global Sumud Flotilla, que también buscaron romper el bloqueo a Gaza y llevar asistencia humanitaria a la población civil.
La detención de los activistas abrió un nuevo frente diplomático para varios países. Las organizaciones que impulsan la caravana reclaman la liberación inmediata del grupo, acceso consular efectivo y asistencia médica independiente, especialmente ante los riesgos de una huelga seca prolongada.
El gobierno libio, por su parte, sostiene que actuó dentro de su marco legal y de soberanía, y que las personas afectadas reciben seguimiento humanitario y sanitario mientras se completan los procedimientos administrativos correspondientes.
El caso de Matías Álvarez Rodríguez coloca a Uruguay ante una situación consular delicada, en un territorio fragmentado institucionalmente y con autoridades de facto que no siempre responden a los canales diplomáticos tradicionales.
La evolución de las próximas horas será clave. Una huelga seca puede deteriorar rápidamente la salud de los detenidos, por lo que la presión de familiares, organizaciones humanitarias y gobiernos extranjeros se concentra ahora en lograr acceso médico, comunicación con las familias y una salida diplomática que permita la liberación del grupo.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
