UY Press - Agencia uruguaya de noticias

24.06.2026

CARACAS (Uypress) – Venezuela se prepara para revelar una deuda total de unos US$ 240.000 millones, una cifra muy superior a las estimaciones que manejaba el mercado y que convertiría el proceso en la mayor reestructuración soberana de la historia.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez busca ordenar el frente financiero del país después de casi una década de default, sanciones, litigios internacionales, caída de la producción petrolera y aislamiento de los mercados de capitales.

Hasta ahora, las estimaciones más habituales ubicaban la deuda venezolana entre US$ 150.000 millones y US$ 200.000 millones, según los criterios utilizados para computar bonos impagos, deuda de PDVSA, intereses acumulados, préstamos bilaterales, facturas pendientes a empresas petroleras y reclamos judiciales.

La nueva cifra de US$ 240.000 millones cambia la escala del problema. No se trata únicamente de renegociar bonos soberanos o deuda de la petrolera estatal, sino de ordenar un conjunto de obligaciones dispersas, acumuladas durante años de crisis institucional y económica.

El proceso es considerado clave para devolver a Venezuela a los mercados internacionales. Sin una reestructuración amplia, el país seguirá limitado para atraer inversión, acceder a financiamiento, recuperar infraestructura petrolera y normalizar sus relaciones con acreedores.

La administración de Rodríguez contrató al banco estadounidense Centerview Partners como asesor financiero para diseñar una hoja de ruta de sostenibilidad de deuda. La firma deberá elaborar el marco macroeconómico y financiero que sirva de base para negociar con acreedores, fondos especializados, empresas demandantes y organismos internacionales.

El desafío es enorme. Venezuela acumula bonos soberanos y de PDVSA en default desde 2017, intereses vencidos, reclamos de compañías petroleras, laudos arbitrales por expropiaciones, deudas comerciales, compromisos con China y Rusia, y obligaciones con bancos multilaterales.

La magnitud del pasivo también supera el tamaño actual de la economía venezolana. Según los análisis difundidos por medios financieros internacionales, el producto interno bruto del país se habría reducido de forma drástica desde los niveles previos a la crisis, lo que ubicaría la relación deuda/PIB por encima del 200%.

Ese dato anticipa una negociación dura. Para que la deuda sea sostenible, los acreedores deberán aceptar quitas importantes, plazos largos y condiciones compatibles con una recuperación económica todavía frágil.

El punto político también es central. La reestructuración ocurre en una Venezuela en transición, bajo un gobierno interino que intenta mostrar señales de normalización institucional y apertura económica. Para los mercados, la pregunta es si ese gobierno tendrá capacidad suficiente para cerrar acuerdos creíbles y sostenerlos en el tiempo.

El antecedente inmediato fue el anuncio formal de reestructuración realizado en mayo, cuando Caracas presentó el proceso como una decisión “integral y ordenada” para liberar al país de la carga acumulada de deuda. En ese momento, las estimaciones públicas hablaban de un pasivo total de hasta US$ 170.000 millones o, en algunos escenarios, US$ 200.000 millones. La nueva cifra eleva considerablemente el umbral de negociación.

La situación también depende de Estados Unidos. La autorización de Washington para contratar servicios legales y financieros abrió una etapa preparatoria, pero no implica todavía la habilitación plena para cerrar acuerdos de reestructuración, transferir deuda o ejecutar operaciones con acreedores bajo sanciones.

Eso significa que cualquier acuerdo final requerirá nuevas licencias, avales regulatorios y coordinación con el sistema financiero internacional. Sin ese marco, los bancos, fondos y empresas involucradas enfrentarían riesgos legales y sancionatorios.

Los acreedores miran el proceso con expectativa. Los bonos venezolanos subieron en los últimos meses ante la posibilidad de una normalización financiera y de una recuperación del sector petrolero. Pero también hay preocupación por la complejidad del caso, la transparencia de la contratación de asesores y la falta de un programa plenamente respaldado por el Fondo Monetario Internacional.

Un programa con apoyo del FMI suele ser clave en reestructuraciones soberanas de gran escala, porque aporta un marco macroeconómico, metas fiscales y una evaluación de sostenibilidad de deuda. En el caso venezolano, hasta ahora se habla de conversaciones técnicas, pero no de un plan formal liderado por el organismo.

La reestructuración venezolana podría superar en tamaño a la de Grecia de 2012, que hasta ahora era considerada una de las mayores de la historia. Pero la comparación tiene matices: Venezuela combina deuda soberana, deuda petrolera, litigios, sanciones, activos externos en disputa y una industria energética que necesita inversiones profundas para recuperar capacidad.

PDVSA será uno de los centros de la negociación. La petrolera estatal es al mismo tiempo deudora, principal fuente de ingresos del país y activo estratégico para cualquier plan de recuperación. Sin aumento sostenido de producción y exportaciones, Venezuela tendrá dificultades para generar divisas suficientes para cumplir un nuevo acuerdo.

Por eso, la deuda y el petróleo forman parte de una misma ecuación. La reestructuración busca despejar el frente financiero; la recuperación petrolera debería aportar los ingresos necesarios para sostener la economía; y la normalización de sanciones sería condición indispensable para atraer capitales.

Venezuela intenta así pasar de la etapa de aislamiento a una fase de reinserción financiera. Pero el camino será largo, técnico y políticamente sensible. Reconocer una deuda de US$ 240.000 millones puede ser el primer paso hacia la transparencia, pero también expone la profundidad del agujero financiero que deberá enfrentar el país.

El objetivo declarado es volver a los mercados internacionales. El riesgo es que la magnitud del pasivo, la fragilidad institucional y las restricciones sancionatorias conviertan la negociación en un proceso prolongado y conflictivo.

La cifra que prepara Caracas marca un antes y un después. Venezuela no solo busca reestructurar deuda: intenta reconstruir credibilidad financiera después de años de default, sanciones y colapso económico.