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05.04.2014

MONTEVIDEO (Uypress) – La organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) señaló en un informe presentado esta semana las barreras en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el departamento de Salto, donde el 100% de los ginecólogos y ginecólogas realizaron objeción de conciencia.

Los avances del estudio Estado de situación y desafíos en aborto y salud sexual y reproductiva en el departamento de Salto, realizado por el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU fue presentado el jueves 3 de abril y contó con la participación de autoridades e integrantes de equipos de salud de ASSE tanto del departamento de Salto como de Montevideo, representantes de la Junta Nacional de Salud y organizaciones de la sociedad civil.

Para analizar la implementación de la ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), MYSU tomó al departamento de Salto "por presentar particulares dificultades, dado que el 100% de los ginecólogos y ginecólogas realizaron objeción de conciencia".

En este sentido, la organización feminista detalló que algunos de los objetivos del estudio fueron: describir el estado de situación de los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR), con énfasis en servicios de aborto; analizar la percepción de agentes involucrados en los servicios de salud sobre las barreras de acceso a servicios de aborto y SSR; comprender la aplicación del recurso de objeción de conciencia en Salto y sus repercusiones en los servicios de salud, así como para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

El objetivo de la presentación del jueves 3 fue "compartir los resultados obtenidos con actores clave, para valorarlos en conjunto y analizar medidas para enfrentar los desafíos identificados a partir de los nudos críticos que presenta la implementación de los servicios de SSR en Salto, incluida la prestación de aborto legal".

En este sentido, MYSU enfatizó que las principales "barreras" en el acceso a una interrupción voluntaria de un embarazo fueron: "la vulneración de derechos en la relación profesional de salud-usuaria, la aplicación de la objeción de conciencia para otras prestaciones distintas a la IVE, no asesoramiento ni derivación, las demoras para conceder día y hora para consultas, la escasez de tiempo para cada consulta, las distancias geográficas y el déficit de información sobre los servicios".

"Además se identifica un desconocimiento de titularidad de derechos por parte de las mujeres que asisten a dichos servicios, lo que se traduce en una no exigencia sobre la calidad de la atención o falta de denuncias por vulneración de derechos", añadieron.

Además, de acuerdo a la percepción de los actores entrevistados, la práctica clandestina del aborto continuaría existiendo en el departamento estudiado, afirma el estudio.

A su vez, las conclusiones del documento expresan que "la objeción de conciencia no tiene claros parámetros institucionales para su definición, por lo que sus alcances y limitaciones no están debidamente especificados" y que "la práctica del aborto mantiene altos índices de estigmatización, tanto para las mujeres que lo solicitan como para los profesionales que lo practican".

Por lo tanto, MYSU afirma que "las soluciones implementadas para asegurar el acceso a la IVE en el departamento de Salto son endebles, las derivaciones no están debidamente protocolizadas e institucionalizadas y la escasa difusión de los servicios no asegura que estos lleguen a ser utilizados por todas las mujeres que los necesitan".

Y se añade que "el debate entre el derecho a la objeción de conciencia y el derecho de las mujeres a decidir es una contradicción no superada al interior de la organización de los servicios, ni en la actuación de un porcentaje de los profesionales de los mismos".

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