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¿La embajada de España le miente al Estado uruguayo y el Ministerio de Defensa se lo traga?
MONTEVIDEO (Uypress/Esteban Valenti) - En fecha 13 de junio 2023 la Embajada de España, remitió una carta el subsecretario de Defensa Nacional, Coronel ( R) Rivera Elgue, en la que responde una carta del jerarca del MDN, del 5 de junio del 2023, en relación a la adquisición de dos patrulleros oceánicos a la empresa española FRANCISCO CARDAMA.
En el numeral 1) de dicha misiva se establece:
"De acuerdo a la documentación que obra en nuestro poder, la empresa mencionada es un astillero español fiable y conocido, que con anterioridad ya ha trabajado para el Ministerio de Defensa de España y el Ministerio del Interior".
¿Lo afirma en serio? En todos los antecedentes, en la web de la empresa en todas las fuentes y en la presentación de su oferta por las OPV, no aparece una sola construcción de una embarcación militar o policial. Además en ese mismo numeral de su carta afirma que es un "astillero civil"...
¿Qué hizo con anterioridad, pintó alguna unidad de la armada española o de carabineros? Está obligada a mostrar la documentación en poder de la Embajada de España.
¿El Ministerio de Defensa de la época dirigido por el locuaz Javier García, con antecedentes por compras ruinosas precisamente en España (dos Hércules C-130 ruinosos) no tuvo interés ni posibilidad de informarse sobre los antecedentes de esta empresa, luego de esta carta? Mientras otros países enviaron sus respuestas a Uruguay con una larga lista de naves militares de las mismas características que las requeridas por Uruguay y entregadas a diversos países.
¿La empresa Cardama en su presentación o en cualquier otro momento antes (como correspondía) o después de firmar el contrato con Uruguay, no presentó una lista, un nombre, algo que demostrara que en los últimos 30 años había construido una sola nave militar o con funciones policiales?
Es comprensible que sepamos tan poco de la empresa considerando que la misión que envío el anterior Ministerio de Defensa a Vigo, sede de Cardama, estuvo integrada por el Coronel ( R) Rivera Elgue, que de navíos militares no sabe absolutamente nada, y el C/N Marcelo da Silva, que no tiene la menor experiencia en construcciones navales, como si la tienen varios oficiales superiores de la Armada Nacional. Ambos integrantes de la Comisión Asesora creada en el Ministerio.
Obviamente no podía saber ni enterarse que de acuerdo a la foto que adjuntamos del astillero Cardama en Vigo:
El buque situado a la izquierda, visto desde la popa, la C 242, es un clavo desde hace más de una década, por problemas varios en su construcción. Nos fue ofertado en el 2016 y Uruguay lo rechazó. ¿De eso tampoco sabían nada?
Mientras que se ve de proa, prometido a Senegal para 2018, una vez botado a mediados de ese mismo año, es decir hace 7 años y aún no se ha entregado. Obviamente ninguna de las dos construcciones son militares.
La mínima construcción a la derecha y cubierta con un toldo celeste es uno de los dos "paquetes" que nos vendió Cardama, sin autorizaciones o controles de calidad ni permiso para instalar armas, que deberá ser encomendado a otra empresa. Aumentando notoriamente los costos y el precio.
El contrato entre Astilleros Cardama y el Estado uruguayo para la construcción de las dos patrulleras de altura (OPV) fue firmado el 15 de diciembre de 2023. Es decir cuando el gobierno Lacalle-García estaba en sus estertores. Para no perder el dinero, además de la firma este es el detalle de los pagos efectuados a través del Banco República (BROU) a Cardama, la firma del contrato en diciembre del 2024 el 10% del total 8.400.000 millones de euros, en Marzo del 2025 otros 8.400.000 de euros (con el cambio de gobierno); este segundo pago no fue informado por el oficial de la Armada al Ministerio y por ese motivo fue sancionado.
En Junio del 2025, pagamos 12.4000.000 millones de euros, en total llevamos pagados 29.200.000 millones de euros, equivalente al 36.5% del precio total de las dos OPV Patrulleras oceánicas, sin otra cosa que un mínimo avance en la construcción.
Pero lo preocupante en la actualidad es que la ministra Sandra Lazo, siguió a toda vela con esta ruinosa operación.
¿Consultó a algún abogado, especializado en contratos para revisar este contrato?
Si la firma del contrato se realizó el 15 de diciembre del 2024, de acuerdo al contrato y como uno de los puntos de fuerza para otorgárselo a Cadama S.A. es que el primer OPV será entregado en agosto del 2026. ¿Es así?
(Los 18 meses cuentan desde la entrada en vigor del contrato, que se efectivizó en febrero, al aceptar aquí el plano de una cuaderna maestra preliminar y liberar el segundo pago. De diciembre a febrero, Cardama dispuso de 8.400.000 de euros en efectivo girados como anticipo sin contraprestación alguna)
¿Y la ministra cree realmente con un mínimo de realismo que en esa fecha vamos a tener algo pronto, para botar y que además podremos hacer pruebas para comprobar la funcionalidad de la nave?
¿Si no cumple con las condiciones del contrato, velocidad, tonelaje, navegabilidad, equipamiento etc. que reclamos podremos hacer y en cuantos millones de dólares estaremos adentro?
¿La ministra y su equipo no se da cuenta de algo tan evidente, que nos dejaron un "regalo" para que nos explotara en las manos o debajo de las asentaderas, por qué quedaremos atrapados entre los reclamos de más dinero por aumentos significativos en los costos y la postergación de la fecha de entrega?
¿Las autoridades anteriores y actuales sabían de la situación financiera y del endeudamiento de Cardama en el momento de firmar el contrato? Es una obligación informarse del estado económico y financiero de una empresa y es muy fácil hacerlo.
¿La actual ministra no considera que debería detener la construcción de la segunda OPV hasta comprobar la capacidad constructiva de la primera, probar su funcionamiento en todos los aspectos y tomar decisiones posteriores?
Cuando Cardama coloque la quilla de la segunda OPV que ya lo está anunciando en Vigo, será en diciembre del 2025, tendremos que pagarle otros 12.400.000 euros, es decir habremos pagado en total 41.400.000 euros, prácticamente el precio completo de la primera OPV sin recibir absolutamente nada a cambio.
Tenemos varias preguntas más que formular, porque pasa el tiempo y empeora en forma constante la situación y las seguiremos haciendo, para que cada uno asumas sus responsabilidades.
La pregunta realizada en primer lugar a la Embajada de España, también se la enviaremos en copia al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Las mentiras entre dos naciones que se respetan no son un buen procedimiento, nada menos que por un contrato de 88.2 millones de dólares. Además con los antecedentes de los ruinosos Hércules C 130. Ruinosos para el Estado uruguayo y para los uruguayos, para otros fue un excelente negocio...
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias