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22.09.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- Tras la condena por lavado de un asesor de un edil blanco, Fernando Pereira advirtió que los casos "ya no parecen aislados" y planteó reforzar los controles.

El Frente Amplio analizará medidas para reforzar los controles sobre el financiamiento y los vínculos del sistema político después de la condena por lavado de activos de Pablo Leiva, quien se desempeñaba como asesor rentado del edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez.

Según informa diario El Observador, el presidente del FA, Fernando Pereira, sostuvo que existe un "riesgo permanente" de penetración de fondos provenientes del crimen organizado en la política y afirmó que los episodios conocidos en los últimos años "ya no parecen aislados". A partir de ese diagnóstico, planteó la necesidad de discutir mecanismos para "blindar a los partidos del financiamiento del crimen organizado".

El planteo surge después de la Operación Trazador, que permitió desarticular una organización dedicada al narcotráfico y terminó con tres personas condenadas. Leiva, de 48 años, fue condenado a dos años y seis meses de penitenciaría por lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia, en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones. Hasta entonces era asesor rentado de Gómez en la Junta Departamental de Montevideo y percibía una remuneración mensual de unos $52.000.

El operativo terminó con la incautación de 265 kilos de drogas -141 de pasta base y 124 de cocaína-, casi $3 millones, US$42.564, armas, municiones y vehículos de alta gama. Según explicó la Policía, la organización tenía tareas diferenciadas y Leiva cumplía funciones relacionadas con el blanqueo de capitales, mediante la conversión de pesos a dólares a través de casas de cambio.

Pereira reclama una respuesta del sistema político

La reacción del presidente del Frente Amplio buscó colocar el episodio en un plano más amplio que la responsabilidad de una persona o de un partido. Pereira señaló que la preocupación debe abarcar a todo el sistema político y sostuvo que el FA analizará qué iniciativas pueden impulsarse para reducir las posibilidades de ingreso de dinero procedente del narcotráfico y otras actividades criminales.

La discusión apunta particularmente a los mecanismos de financiamiento partidario y a los controles sobre las personas que ocupan cargos políticos o de confianza.

Desde el oficialismo también surgieron planteos para involucrar a organismos estatales. El senador frenteamplista Eduardo Brenta reclamó que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) intervenga y consideró necesario fortalecer el control de declaraciones juradas y las tareas de inteligencia destinadas a detectar eventuales vínculos entre dinero ilícito y actividad política.

"Tenemos que preservar absolutamente el sistema político", sostuvo Brenta, quien planteó que la Jutep debería actuar de oficio dentro de las facultades que posee.

El Partido Nacional dice que desconocía la situación

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, aseguró que la conducción partidaria desconocía las actividades ilícitas de Leiva y afirmó que el partido sigue "cada uno de los detalles" de la investigación. Delgado reconoció que el episodio genera preocupación y señaló que los dirigentes políticos deben extremar los cuidados al momento de contratar asesores.

Gonzalo Gómez, por su parte, desvinculó a Leiva después de conocerse el caso y manifestó que desconocía cualquier relación de su asesor con actividades delictivas. El edil pidió disculpas a su partido y a su agrupación y asumió que no había sido "suficientemente precavido" al incorporarlo a su equipo. 

El episodio también provocó cruces partidarios. Senadores del MPP cuestionaron al Partido Nacional recordando anteriores acusaciones de dirigentes blancos contra el gobierno por su política frente al narcotráfico. 

Del caso particular a un problema mayor

La discusión que pretende abrir ahora el Frente Amplio excede, sin embargo, ese intercambio político. La pregunta pasa a ser qué instrumentos posee Uruguay para impedir que recursos generados por el narcotráfico o el lavado encuentren vías de ingreso en estructuras partidarias, campañas electorales o entornos de dirigentes políticos.

Pereira entiende que los antecedentes justifican que el asunto sea analizado como un riesgo institucional y no exclusivamente como una sucesión de episodios individuales. De allí su planteo de estudiar nuevas acciones desde el Frente Amplio. 

El caso Leiva presenta además una particularidad: no se trata solamente de una persona con actividad política que terminó vinculada a una investigación criminal, sino de alguien que ocupaba un cargo remunerado con recursos públicos en la Junta Departamental de Montevideo mientras cumplía, según determinó la Justicia, funciones de lavado para una organización criminal.

Ese elemento desplazó la discusión desde la responsabilidad individual hacia los mecanismos de selección, control y transparencia existentes dentro del sistema político.

El Frente Amplio deberá definir ahora qué propuestas concretas impulsará. El Partido Nacional, mientras tanto, sostiene que desconocía las actividades del condenado y anunció que seguirá la evolución del caso.

Pero la advertencia formulada por Pereira instala una discusión que trasciende a ambas fuerzas: cómo impedir que la creciente capacidad económica del crimen organizado encuentre una puerta de entrada a la política uruguaya.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS