UY Press - Agencia uruguaya de noticias

27.08.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- Según el expediente obtenido por diario El Observador, queda de manifiesto que la exviceministra, Carolina Ache omitió ante la instructora el mensaje en el que Guillermo Maciel le advertía que Marset era un narco "muy peligroso y pesado". También se negó a entregar sus chats. Hoy es embajadora en Portugal y su designación fue votada únicamente por el Frente Amplio.

El caso del pasaporte otorgado a Sebastián Marset parecía haber recorrido casi todos los caminos posibles: investigaciones judiciales y administrativas, interpelaciones parlamentarias, renuncias de ministros, chats ocultos, documentos destruidos y acusaciones cruzadas entre quienes ocupaban las principales responsabilidades del gobierno anterior.

Pero una nueva revelación vuelve a abrir una parte particularmente delicada de aquella historia.

El expediente completo de la investigación administrativa realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores muestra que **Carolina Ache, entonces subsecretaria de Cancillería, proporcionó a la instructora una versión que no se correspondía con las comunicaciones que había mantenido con Guillermo Maciel, por entonces subsecretario del Ministerio del Interior**.

La información surge de una investigación del periodista Leonardo Haberkorn publicada por diario El Observador, que accedió al expediente mediante un pedido de acceso a la información pública.

El dato adquiere especial relevancia porque Ache no es hoy una exjerarca retirada de la actividad pública. Desde octubre de 2025 es embajadora de Uruguay en Portugal. Su venia fue aprobada en el Senado exclusivamente con los votos del Frente Amplio. 

El mensaje que no apareció en su declaración

El 13 de octubre de 2022, Ache declaró ante Stefanie Karina Antenor, la funcionaria encargada de instruir la investigación administrativa de Cancillería sobre la tramitación del pasaporte que finalmente permitió a Marset abandonar Emiratos Árabes Unidos.

Una de las preguntas fue muy concreta: debía detallar las comunicaciones que había mantenido con Maciel sobre Marset y explicar por qué medios se habían realizado.

Ache respondió que habían sido dos comunicaciones, una el 21 de septiembre y otra el 3 de noviembre de 2021. Sobre la segunda sostuvo que Maciel se había comunicado telefónicamente para preguntarle si Marset continuaba detenido.

Y aseguró que esas habían sido las únicas comunicaciones. Pero no fue así.

Los intercambios completos, conocidos posteriormente, mostraron que hubo tres contactos. Y Ache dejó fuera de su relato precisamente el más comprometedor. El 3 de noviembre Maciel le había escrito por WhatsApp preguntándole qué había ocurrido con Marset. Pero no se limitó a solicitar información.

Lo identificó como un narco "muy peligroso y pesado" y advirtió que sería "terrible" que hubiese recuperado la libertad. Ache respondió que averiguaría.

Ese intercambio no fue informado en su declaración administrativa. Dos días después, el 5 de noviembre, existió la conversación telefónica que Ache había situado el día 3. No estamos, por tanto, ante una diferencia menor sobre una fecha.

Lo omitido era justamente la advertencia explícita sobre quién era Sebastián Marset.

"No se efectuaba ninguna advertencia"

La contradicción se vuelve todavía más significativa al revisar otra respuesta de Ache. La instructora le preguntó si había comunicado al entonces canciller Francisco Bustillo la información que había recibido de Maciel.

Ache dijo que no. ¿La razón?

Según su declaración, lo recibido había sido simplemente una consulta de trámite en la cual no se había efectuado ninguna advertencia.

El contenido del WhatsApp conocido después dice otra cosa: Maciel había definido expresamente a Marset como un narcotraficante "muy peligroso y pesado" y había advertido sobre la gravedad que tendría su liberación.

Ese detalle es particularmente relevante porque una de las explicaciones ofrecidas inicialmente en torno al caso había sido que, cuando se procesó el pasaporte, las autoridades no conocían la verdadera dimensión de Marset.

El mensaje demuestra que al menos dos subsecretarios del gobierno manejaban información sobre su condición y peligrosidad.

Ache fue la única que no entregó sus mensajes

El expediente incorpora otro elemento difícil de soslayar. La instructora solicitó en más de una oportunidad a Ache que entregara todos sus mensajes relacionados con Marset.

Ache se negó. Argumentó por escrito que las comunicaciones requeridas excedían el objeto de la investigación administrativa y que el procedimiento parecía haberse transformado en una suerte de investigación disciplinaria contra ella sin las garantías correspondientes.

También sostuvo que se trataba de comunicaciones entre dos jerarcas políticos de diferentes organismos del Estado y concluyó que no las incorporaría.

Antenor rechazó ese razonamiento. Consideró que las comunicaciones sí estaban comprendidas en el objeto de la investigación y que resultaban relevantes precisamente porque la resolución que había ordenado las actuaciones mencionaba la eventual existencia de comunicaciones que no habían sido informadas a las autoridades.

Hay un dato particularmente elocuente: todos los demás interrogados entregaron sus mensajes. Ache fue la única que se negó.

La sala de abogados de Cancillería respaldó posteriormente la actuación de la instructora.

Diez correos borrados

La investigación administrativa avanzó también sobre el correo electrónico de la Subsecretaría.

Allí se constató la existencia de diez mensajes borrados vinculados con la expedición del pasaporte. Ache declaró que no tenía acceso desde su computadora al correo institucional de su oficina y que esas comunicaciones eran administradas por su secretaria.

Además, seis mensajes vinculados con el caso habían sido reenviados a una cuenta externa de Gmail respecto de la cual no pudo determinarse quién tenía acceso. Ache sostuvo que esa dirección había sido creada por personal de la oficina para asuntos de agenda.

El expediente conocido ahora no demuestra por sí mismo quién eliminó aquellos mensajes ni permite atribuir a Ache su borrado. Ese límite debe quedar claro.

Pero el dato integra un expediente donde también aparecen comunicaciones omitidas y la negativa de la entonces subsecretaria a proporcionar sus chats.

Jorge Díaz y la instructora

Hay otro episodio que adquiere una dimensión política distinta con el paso del tiempo.

En junio de 2025, Antenor declaró en otra investigación administrativa que, mientras llevaba adelante las actuaciones originales, había sido convocada al despacho de Ache. Cuando llegó, se encontró allí con Jorge Díaz, entonces abogado de la subsecretaria.

Según el testimonio de la instructora recogido en el expediente, Díaz le manifestó su preocupación por su insistencia, porque aquello parecía una pesquisa contra Ache. El episodio no prueba que Díaz haya cometido ninguna irregularidad y sería incorrecto presentarlo de esa manera.

Pero tiene relevancia institucional porque Díaz es actualmente prosecretario de la Presidencia, mientras Ache ocupa una embajada durante el actual gobierno.

La paradoja de Ache

Todo esto introduce además una contradicción particularmente fuerte con el papel que la propia Ache desempeñó posteriormente en el caso Marset.

En noviembre de 2023 fue ella quien denunció ante Fiscalía que Bustillo le había sugerido que "perdiera" su teléfono en el marco de la investigación administrativa. También declaró que, durante una reunión en Torre Ejecutiva, Roberto Lafluf habría pedido borrar intercambios vinculados con el caso.

Aquellas revelaciones tuvieron enormes consecuencias políticas y desembocaron en la renuncia de Bustillo.

El excanciller respondió entonces que su comentario sobre el teléfono había sido realizado en sentido figurado, en un contexto en el que Ache le planteaba dudas sobre qué hacer con las comunicaciones. 

La paradoja aparece ahora con toda claridad. Quien denunció posteriormente presiones para ocultar comunicaciones había omitido previamente ante la investigación administrativa el chat más relevante que mantenía con Maciel y se había negado a entregar el conjunto de sus mensajes.

Una cosa no invalida necesariamente la otra. Que Ache haya proporcionado información incorrecta u omitido comunicaciones no demuestra que sus denuncias posteriores contra otros jerarcas fueran falsas.

Pero ambas circunstancias deben formar parte de la misma reconstrucción.

Fiscalía archivó, pero eso no borra el problema

También hay que realizar una distinción fundamental. La Fiscalía de Delitos Económicos archivó la investigación penal por la entrega del pasaporte porque consideró que no existían elementos suficientes para sostener conductas penalmente reprochables.

El fiscal Alejandro Machado estableció, sin embargo, que autoridades habían "faltado a la verdad" y ocultado información al Senado y, en definitiva, a la ciudadanía, aunque entendió que esas conductas escapaban al ámbito penal de su Fiscalía.

Por tanto, el archivo penal no significa que todos los comportamientos administrativos y políticos vinculados con el caso hayan quedado convalidados. Son planos diferentes.

Y la documentación conocida ahora coloca nuevamente el problema en el terreno institucional.

De subsecretaria cuestionada a embajadora

Porque Carolina Ache representa actualmente a Uruguay ante otro Estado. En octubre de 2025 fue designada embajadora en Portugal. Su venia encontró resistencia en el Senado y terminó siendo aprobada solamente por los legisladores del Frente Amplio.

La nueva información obliga entonces a formular preguntas que ya no pertenecen exclusivamente al pasado. ¿Conocía el actual gobierno el contenido completo de esta investigación administrativa cuando decidió proponer a Ache como embajadora?

¿Conocía Cancillería que su propia instructora había establecido que la exsubsecretaria había omitido comunicaciones relevantes y que había sido la única interrogada que se negó a entregar sus mensajes?

¿Conocían los senadores que votaron su venia estos antecedentes?. Y, fundamentalmente, ¿considera el Ministerio de Relaciones Exteriores compatible con la representación diplomática del país que una embajadora haya proporcionado información falsa u omitido deliberadamente información relevante durante una investigación administrativa de la propia Cancillería?

Son preguntas que necesitan respuesta.

Un caso que se resiste a cerrarse

El caso Marset ha demostrado una capacidad extraordinaria para reaparecer. Cada vez que parecía agotado surgió un nuevo documento, un chat, un audio, una declaración o una investigación que modificó parte de lo que se conocía.

Ahora ocurre nuevamente. Pero esta vez el asunto no se limita a reconstruir qué sabía el gobierno anterior cuando otorgó el pasaporte a Sebastián Marset.

La pregunta llega directamente al presente. Carolina Ache es hoy embajadora de Uruguay. Y el expediente de la propia Cancillería muestra que, cuando tuvo que explicar oficialmente qué sabía y qué había hablado sobre Marset, no contó toda la verdad.

Eso ya no es solamente historia del caso Marset. Es un problema institucional que el gobierno actual deberá explicar.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS