UY Press - Agencia uruguaya de noticias

20.12.2025

MALDONADO (Uypress) - El Semanario Crónicas del Este publica un artículo del periodista Leandro Secinaro, sobre una conversación entre el exsenador colorado Esequiel Ibarra y Pablo Lanz Adib. En la misma, de 48 minutos, se describen los procedimientos del ente de las telecomunicaciones bajo la anterior administración.

Lo que hoy queda al descubierto no es un error administrativo ni un exceso aislado de algún jerarca desbordado.

Lo que emerge de la denuncia penal presentada por el convencional colorado Juan Esequiel Ibarra es la radiografía descarnada de cómo funcionó ANTEL durante el gobierno pasado, cuando la política colonizó el ente, cuando los sumarios se transformaron en armas de disciplinamiento y cuando el poder operó en las sombras con una naturalidad escalofriante.

En el centro de esta causa hay un elemento que pulveriza cualquier intento de relativización: un audio de aproximadamente 48 minutos, íntegro, sin edición, protocolizado ante escribano, que corresponde a una conversación directa entre Esequiel Ibarra y Pablo Lanz Adib, quien en ese momento era vicepresidente de ANTEL y además senador de la República.

No es una charla de café. No es un tercero. Habla quien mandaba. Habla alguien que conocía el funcionamiento real del ente y que se expresa con la soltura de quien se sabe parte del núcleo de poder.

Ese audio no describe cómo debería funcionar ANTEL. Describe cómo funcionaba en realidad.

Desde el comienzo, el tono es revelador. Pablo Lanz explica, sin tapujos, que la estrategia frente a las denuncias no era investigar ni depurar responsabilidades, sino apagar el incendio. "Matarlo con una sanción leve", dice.

Matar el conflicto, matar el ruido, matar al denunciante en términos administrativos, pero sin hacerlo sangrar demasiado. Luego, "encontrarle un lugar", acomodarlo, reubicarlo, comprar su silencio con tranquilidad laboral. Todo para que "quede todo en calma". Esa es la lógica que se escucha. Paz corporativa a cambio de verdad sepultada.

En esa conversación se transparenta algo aún más grave: los sumarios no eran herramientas jurídicas, eran instrumentos políticos. Lanz lo dice con crudeza obscena cuando desprecia los informes jurídicos y los reduce a papel higiénico institucional. Jurídica no manda, la política sí. Los informes se usan, se descartan o se ignoran según convenga. El debido proceso es una formalidad vacía cuando estorba.

El audio también deja al desnudo la red de favores y acomodos que rodeaba a los procedimientos. Se habla del abogado sumariante, de contactos, de intentos de "venderse" políticamente para obtener cargos. Se habla de pertenencias partidarias como salvoconductos. "Ahora son todos colorados", dice Lanz, describiendo un Estado donde la filiación pesa más que la ley. La imparcialidad, en ese contexto, es una ficción.

Pero la escena se vuelve todavía más oscura cuando aparece el nombre de Gabriel Gurméndez, entonces presidente de ANTEL. No aparece como un jerarca distante, sino como alguien activamente involucrado en la persecución. Lanz lo dice sin rodeos: "te quería linchar". No es una exageración periodística, es la expresión textual del ex vicepresidente del ente. Linchar. Castigar. Destruir. El lenguaje importa, porque revela mentalidades.

Gurméndez es retratado como un personaje de doble discurso: en público, el guardián de la ética y los fondos públicos; en privado, alguien cuyas "mañas" ya eran conocidas, alguien que había dejado intactas estructuras heredadas del período anterior, alguien que operaba con resoluciones de acomodo mientras hablaba de moral. La hipocresía no es una acusación externa: surge del propio diálogo entre jerarcas.

El audio también conecta con presuntos fraudes en ANTEL que jamás fueron esclarecidos. Venta de celulares a nombre de personas que no existían, equipos utilizados como garantías de manera irregular, publicaciones periodísticas que en lugar de ser investigadas terminaron siendo usadas para armar un relato contra quien denunciaba. El mundo al revés: el que señala la irregularidad pasa a ser el acusado; el sistema se protege atacando al mensajero.

En ese clima se desarrolla el sumario contra Ibarra. Un proceso que, según la denuncia penal, estuvo viciado desde el origen por animadversión personal, desviación de poder y falta absoluta de imparcialidad. Se habla incluso de instructores que necesitaban "formular cargos" para poder actuar, una aberración jurídica que, de confirmarse, pulveriza cualquier garantía mínima del debido proceso.

La denuncia presentada ante Fiscalía es extensa, detallada y cuidadosamente formulada. Ibarra no se presenta como víctima caprichosa. Se presenta como funcionario público sin fueros, que ya había denunciado presunto fraude al Estado y que observa cómo esas denuncias no avanzan, no se investigan, no se impulsan. Ese silencio institucional, dice, lo deja en una situación de vulnerabilidad extrema y confirma que el problema no es él, sino el sistema.

Los audios también revelan corporativismo explícito. Se menciona a jerarcas como María Elena Sánchez, denunciada por acoso laboral, y se describen gestos, frases y actitudes que muestran ensañamiento personal. Se relatan encuentros informales, presiones disfrazadas de consejos, advertencias "paternalistas", promesas de protección a cambio de silencio. Todo fuera de expediente, todo por fuera de la ley, todo en la penumbra donde el poder se siente cómodo.

El propio Pablo Lanz habla de "enjuague de equipos", una expresión que no puede interpretarse como inocente. En el lenguaje real del poder, enjuagar es mover, mezclar, diluir responsabilidades, reacomodar personas para que nadie cargue con nada. Es administración política del conflicto, no administración pública.

La gravedad alcanza un punto límite cuando el caso sale del ámbito administrativo y entra en la arena mediática de la mano del senador Andrés Ojeda. Según la denuncia, Ojeda habló en medios masivos sobre sumarios administrativos reservados, mencionó a Ibarra, lo descalificó y prejuzgó procedimientos en trámite. No lo hizo desde su banca, no lo hizo protegido por los fueros parlamentarios, lo hizo como operador político con micrófono abierto.

La Constitución es clara: los fueros no son patente de corso. No amparan la violación del debido proceso, ni la exposición pública de un funcionario sin defensa frente a una maquinaria política aceitada. La coincidencia temporal es clave: cuando aparecen los audios, cuando se protocoliza la prueba, cuando el vicepresidente de ANTEL del gobierno pasado queda grabado diciendo lo que dice, se activa la ofensiva pública contra el denunciante.

Presiones para entregar el celular personal, cuestionamientos al acta notarial, intentos de instalar la idea de privacidad por encima del interés público, deslegitimación de la prueba. Todo eso ocurre después. No antes. Después.

Ibarra pide resguardos personales y procesales porque sabe perfectamente dónde está parado. Del otro lado no hay burócratas menores: hay un senador en funciones, un diputado de la República y ex jerarcas que manejaron uno de los entes más poderosos del país. La asimetría de poder es brutal. El riesgo, real.

Este caso no interpela solo a los denunciados. Interpela al sistema político entero. Porque si lo que surge de estos audios es cierto -y los audios existen, están protocolizados y en Fiscalía- entonces ANTEL fue gestionada bajo una lógica de acomodo, encubrimiento y persecución, donde la ética era un discurso vacío y la política mandaba sobre el derecho.

No estamos ante una anécdota. Estamos ante la exposición de un Estado capturado, donde quien denuncia es castigado y quien calla asciende. Donde los sumarios se usan como garrote. Donde el silencio se premia y la verdad se paga caro.

Y hay algo imposible de ignorar: no lo dice un periodista, no lo dice un opositor, no lo dice un anónimo. Lo dice, grabado y protocolizado, el vicepresidente de ANTEL del gobierno pasado.

Cuando el poder habla de sí mismo sin saber que está quedando registrado, el relato se derrumba solo. Y cuando eso ocurre, ya no alcanza con mirar para otro lado.

Porque a esta altura, el silencio también es corrupción.

Imagen: Pablo Lanz - Crónicas del Este