Fondo Intergeneracional de Inversión de la Renta Petrolera (FIIRP)
Bordaberry propone blindar por 5 años la eventual renta petrolera, inspirado en Noruega
09.09.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- El proyecto del senador colorado Pedro Bordaberry crea un fondo administrado por el BCU, con inversiones en el exterior y límites estrictos para utilizar los recursos.
Uruguay todavía no sabe si tiene petróleo comercialmente explotable en sus aguas, pero una iniciativa presentada en el Parlamento propone establecer desde ahora las reglas para administrar los ingresos que recibiría el Estado si las exploraciones resultan exitosas.
Según informa diario El Observador, Bordaberry presentó un proyecto de ley para crear el Fondo Intergeneracional de Inversión de la Renta Petrolera (FIIRP), inspirado particularmente en la experiencia de Noruega. La iniciativa apunta a impedir que una eventual riqueza proveniente de un recurso no renovable se transforme inmediatamente en gasto público y busca reservar una parte sustancial para las generaciones futuras.
La propuesta aparece en momentos de renovada actividad exploratoria en la plataforma marítima uruguaya. Antes de fin de año, APA Corporation podría realizar un nuevo pozo exploratorio en aguas profundas, el primero desde 2016, mientras Chevron, Shell e YPF desarrollan trabajos sísmicos en diferentes bloques.
Actualmente, Ancap tiene acuerdos de exploración y producción con compañías internacionales en las siete áreas de la plataforma continental. Es la primera vez que la totalidad del offshore uruguayo cuenta con convenios vigentes y trabajos técnicos en desarrollo. El interés se ha visto reforzado por las similitudes geológicas que la industria identifica con regiones como Namibia, donde se produjeron importantes descubrimientos en los últimos años.
Cinco años sin tocar los recursos
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el blindaje inicial de los ingresos. Durante los primeros cinco años a partir del primer ingreso de renta petrolera, el Estado no podría retirar recursos del fondo: todo el dinero tendría que acumularse y capitalizarse. La totalidad de la renta petrolera ingresaría automáticamente al FIIRP y no podría ser retenida ni utilizada por Ancap u otros organismos públicos.
El proyecto incluye dentro de esa renta tres fuentes principales: la participación que corresponda al Estado en los contratos de explotación -el denominado profit oil-; el IRAE y otros impuestos nacionales generados por las empresas petroleras en la proporción vinculada a esa actividad; y las utilidades, dividendos, regalías y otros excedentes que reciba Ancap por participar en empresas o consorcios relacionados con la explotación de hidrocarburos.
En qué podría gastarse
Una vez transcurridos los primeros cinco años, el Poder Ejecutivo podría proponer durante las instancias presupuestales la utilización de hasta 25% de la renta petrolera que ingrese cada año. Los destinos estarían previamente establecidos: infraestructura; educación; ciencia y tecnología; becas y capacitación; protección ambiental; y vigilancia y protección marítima.
En este último caso habría una restricción adicional: el dinero destinado a vigilancia marítima a cargo de la Armada no podría superar el 15% del monto disponible anualmente. Todo aquello que no se utilice permanecería en el fondo y continuaría capitalizándose. El proyecto incorpora además una regla de giro anual que permitiría al Ejecutivo disponer de hasta 3% del valor acumulado del fondo al cierre del ejercicio anterior.
Para circunstancias excepcionales -una crisis económica, financiera o sanitaria, o una catástrofe natural- podría autorizarse otro retiro extraordinario de hasta 3%. En ese caso sería necesaria una mayoría especial de tres quintos de la Asamblea General y el mecanismo solamente podría utilizarse durante un máximo de dos ejercicios consecutivos.
El BCU administraría el fondo
La administración quedaría en manos del Banco Central del Uruguay, a través de su área especializada en gestión de activos y pasivos.
También se crearía un Comité de Inversiones integrado por cinco personas con reconocida idoneidad técnica en gestión de activos financieros. Sus integrantes serían propuestos por el Poder Ejecutivo y necesitarían la aprobación de tres quintos del Senado.
Los mandatos durarían seis años y serían escalonados, con la intención de evitar que la integración completa del organismo coincida con un mismo período de gobierno. Sus miembros tampoco podrían ocupar simultáneamente cargos políticos o electivos.
El dinero se invertiría fuera del país
Otra característica relevante es que el patrimonio del fondo tendría que invertirse exclusivamente en activos financieros emitidos o radicados fuera de Uruguay.
La razón es macroeconómica: evitar que una eventual entrada masiva de dólares procedente del petróleo presione sobre el tipo de cambio, las tasas de interés o el nivel de actividad interno.
Además, los recursos serían inembargables, no podrían utilizarse como garantía ni destinarse a finalidades diferentes de las establecidas por ley.
El fondo tampoco podría emplearse para mejorar artificialmente las cuentas públicas: quedaría fuera del cálculo del resultado fiscal estructural y de las metas asociadas a la regla fiscal.
Auditorías y control parlamentario
Los estados financieros tendrían que ser auditados anualmente por una firma externa independiente de prestigio internacional, seleccionada mediante licitación. La auditora debería rotar al menos cada cinco años.
El informe sería remitido a la Asamblea General dentro de los 120 días posteriores al cierre de cada ejercicio y publicado íntegramente por el Banco Central.
El BCU y el Comité de Inversiones también tendrían que comparecer anualmente ante el Parlamento para informar sobre la composición del fondo, su rentabilidad y los ingresos obtenidos por cada componente de la renta petrolera.
El modelo noruego
La exposición de motivos utiliza a Noruega como principal referencia. Allí existe una separación entre la actividad empresarial de Equinor y la administración de la riqueza petrolera del Estado a través del Government Pension Fund Global.
La iniciativa de Bordaberry busca trasladar esa lógica institucional a Uruguay: Ancap podría participar en la explotación, operar y prestar servicios, pero las utilidades que recibiera como consecuencia de la actividad petrolera deberían transferirse al fondo.
El proyecto menciona también las experiencias de Botswana y Chile como ejemplos de administración de ingresos provenientes de recursos naturales y contrapone los casos de Venezuela y Nigeria, asociados en la exposición de motivos con problemas macroeconómicos, corrupción y disputas distributivas.
La idea de un fondo intergeneracional, además, no es completamente nueva en Uruguay. La Ley de Minería de Gran Porte de 2013 ya creó un Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión para preservar parte de los ingresos extraordinarios derivados de esa actividad, cuya administración también fue asignada al Banco Central.
Y hay un antecedente político todavía más cercano: en julio, el senador frenteamplista Felipe Carballo presentó ante la bancada del FA otra iniciativa para crear un Fondo Soberano Intergeneracional destinado a administrar eventuales ingresos provenientes de hidrocarburos, también inspirada en experiencias internacionales como Noruega.
El argumento central del nuevo proyecto es que las reglas deberían aprobarse antes de saber si existe petróleo comercialmente explotable. La iniciativa no presupone que Uruguay vaya a encontrarlo, pero sostiene que, si ocurre, el país debería llegar a ese momento con un mecanismo previamente acordado que impida convertir una riqueza extraordinaria y finita en gasto corriente permanente.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
