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14.10.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- En una columna publicada en El Observador, Leonardo Pereyra cuestiona los privilegios políticos, las declaraciones de legisladores y el deterioro de la confianza democrática.

Las declaraciones de legisladores sobre sus dificultades para vivir con ingresos muy superiores a los de la mayoría de los uruguayos, los beneficios económicos que rodean la actividad de los ediles y determinados gastos de organismos públicos constituyen síntomas de un problema más profundo: el creciente distanciamiento entre la ciudadanía y sus representantes políticos.

Ese es el eje de una columna de opinión del periodista Leonardo Pereyra, publicada en El Observador bajo el título Las penurias de Botana, el curro de los ediles y el previsible desencanto de los uruguayos.

El autor sostiene que una parte importante de la dirigencia política parece incapaz de advertir el malestar que generan sus declaraciones, sus prácticas y la utilización de recursos públicos, en momentos en que los indicadores de confianza institucional muestran señales de deterioro.

Botana y Da Silva: declaraciones que generan controversia

Uno de los episodios examinados por Pereyra corresponde al senador del Partido Nacional Sergio Botana, quien reconoció que, pese a percibir una remuneración nominal cercana a los $400.000 mensuales, tiene dificultades para llegar a fin de mes.

Durante una entrevista en el programa de streaming Hacemos lo que podemos, Botana sostuvo: "Es un buen sueldo", aunque agregó que, viviendo de ese ingreso, nunca consigue que el dinero le alcance durante todo el mes.

Pereyra contrasta esa afirmación con la situación de miles de trabajadores uruguayos que perciben remuneraciones considerablemente inferiores. El columnista también recuerda un intercambio protagonizado por el senador nacionalista Sebastián Da Silva y el dirigente sindical Martín Pereira.

Cuando Pereira manifestó que percibía aproximadamente $60.000 nominales, Da Silva expresó su sorpresa y afirmó que él no podría vivir con esa cantidad. Para el periodista, ambas intervenciones reflejan una distancia entre las condiciones económicas de determinados representantes políticos y la realidad cotidiana de buena parte de la población.

Los beneficios de los ediles

La columna dedica otro apartado a las juntas departamentales, particularmente a la de Montevideo. Pereyra cuestiona que, pese al carácter honorario del cargo de edil establecido constitucionalmente, exista un sistema de beneficios y recursos que incluye vales de combustible, viáticos, secretarías y otras partidas.

El colega vincula ese funcionamiento con la controversia surgida por la contratación de un funcionario vinculado a un edil nacionalista, posteriormente involucrado en una investigación por lavado de dinero procedente del narcotráfico. El caso, sostiene, puso nuevamente bajo discusión los mecanismos de contratación y utilización de recursos públicos en el ámbito departamental.

Su crítica apunta especialmente a la existencia de prácticas formalmente admitidas que, aun cuando puedan ajustarse a las normas vigentes, generan cuestionamientos sobre la transparencia y la justificación del gasto.

La confianza democrática en retroceso

Pereyra incorpora datos del Latinobarómetro para contextualizar su análisis. Según las cifras citadas en la columna, el porcentaje de uruguayos que considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno pasó del 74% en 2020 al 64% en 2026.

Otro indicador muestra que la proporción de ciudadanos que cree que el Estado hace mucho o algo por ellos disminuyó del 51% en 2011 al 31% en 2026. En cuanto a la representación parlamentaria, solamente el 29% de los consultados manifestó sentirse representado, mientras que el 65% respondió que no se siente representado.

El periodista interpreta estos resultados como señales de un creciente desgaste del vínculo entre los ciudadanos y el sistema político, sin que ello implique necesariamente un abandono de las convicciones democráticas.

El gasto público también bajo cuestionamiento

La columna menciona, además, los gastos destinados a celebraciones de fin de año en organismos estatales. Según la información recogida por Pereyra, una fiesta organizada por el Banco de Seguros del Estado en 2025 habría costado aproximadamente US$150.000, mientras que una celebración similar del Banco Hipotecario habría representado un desembolso cercano a $900.000.

En ese contexto, el periodista valora la decisión del presidente Yamandú Orsi de ordenar la cancelación de las fiestas de fin de año en entes autónomos y otros organismos públicos. La medida aparece en su análisis como una respuesta a prácticas de gasto difíciles de justificar ante una ciudadanía cada vez más exigente con la utilización de los recursos estatales.

El desencanto como advertencia

La conclusión de Pereyra es que la desconfianza hacia la política no surge de manera espontánea ni responde exclusivamente a tendencias internacionales. A su juicio, también se alimenta de comportamientos cotidianos de los propios dirigentes: declaraciones alejadas de la realidad social, disputas partidarias, falta de autocrítica y utilización cuestionable de recursos públicos.

El artículo plantea así una advertencia sobre el futuro de la relación entre representantes y representados. La fortaleza institucional uruguaya, sostiene el análisis, no garantiza por sí sola la permanencia de la confianza ciudadana. Esa confianza también depende de la conducta de quienes ejercen responsabilidades públicas y de su capacidad para responder a las preocupaciones concretas de la población.

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS