Cardama: Cabildo Abierto destrabó el envío a Fiscalía del informe del FA
15.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- La salida de dos diputados cabildantes permitió al oficialismo aprobar por 65 votos en 128 una moción que solicita investigar posibles delitos en la compra de patrulleras.
Una inesperada decisión de Cabildo Abierto modificó la correlación de fuerzas en la Asamblea General y permitió que el Frente Amplio aprobara su resolución sobre el caso Cardama, que dispone remitir a la Fiscalía el informe parlamentario que señala posibles responsabilidades penales en la contratación de dos patrulleras oceánicas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Los diputados cabildantes Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita se retiraron de sala antes de la votación, dejando al oficialismo con una mayoría de 65 legisladores sobre 128 presentes. De haber permanecido los 130 integrantes de la Asamblea General, el Frente Amplio no habría alcanzado los votos necesarios para imponer su moción.
La decisión convirtió una sesión que parecía encaminada a terminar sin resoluciones en un pronunciamiento parlamentario con consecuencias para la investigación judicial de una de las contrataciones más controvertidas del gobierno anterior.
El informe que llegará a Fiscalía
La resolución aprobada establece el envío a la Fiscalía especializada en delitos económicos de toda la documentación reunida por la comisión investigadora parlamentaria que examinó el proceso de adquisición de las patrulleras al astillero español Cardama.
También dispone remitir específicamente el informe en mayoría elaborado por el Frente Amplio, que identifica hechos con apariencia delictiva y solicita investigar eventuales responsabilidades de funcionarios públicos y particulares, tanto uruguayos como extranjeros.
El documento oficialista, de 96 páginas, plantea examinar posibles delitos de abuso de funciones, omisión de los deberes del cargo y falsificación ideológica por funcionario público. Representa un paso institucional significativo: las conclusiones de la mayoría de la comisión investigadora serán remitidas expresamente al Ministerio Público.
Perrone: «Era para romper el empate»
El diputado Álvaro Perrone explicó que la retirada de Cabildo Abierto respondió a la necesidad de evitar que la Asamblea General concluyera sin aprobar ninguna de las mociones presentadas. La distribución parlamentaria era de 65 legisladores del Frente Amplio y otros 65 pertenecientes a los distintos partidos opositores.
Perrone sostuvo que había intentado promover un acuerdo para aprobar la propuesta del diputado Gustavo Salle, de Identidad Soberana, que planteaba remitir a Fiscalía la totalidad de las actuaciones, incluidas las versiones taquigráficas y los cuatro informes elaborados.
Al fracasar esa negociación, los cabildantes optaron por retirarse. «Si me quedaba había empate y no salía ninguna», explicó Perrone a El País.
Cabildo Abierto también había cuestionado las condiciones de acceso a documentación confidencial remitida por el Ministerio de Defensa, por considerar insuficientes las garantías para preservar su reserva.
La retirada provocó el malestar de legisladores de la coalición opositora. El diputado colorado Adrián Juri solicitó un cuarto intermedio para que los cabildantes regresaran a sala, pero su planteo no prosperó.
Lacalle Pou y Javier García, en el centro del debate
La sesión estuvo marcada por las diferencias sobre las responsabilidades políticas en la contratación del astillero español. El senador frenteamplista Nicolás Viera señaló al expresidente Luis Lacalle Pou y a los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat como responsables políticos del proceso.
Viera aclaró que no estaba atribuyendo al expresidente conocimiento de la garantía falsa presentada por Eurocommerce ni responsabilidad penal, pero sostuvo que había participado en la decisión de avanzar con la contratación y firmado la adjudicación.
Sus afirmaciones provocaron una dura respuesta de Javier García, quien acusó al oficialismo de utilizar el caso para atacar políticamente al expresidente y al gobierno anterior.
La controversia gira alrededor de una contratación de aproximadamente 82 millones de euros para adquirir dos patrulleras oceánicas, posteriormente rescindida por el actual gobierno tras detectar irregularidades en las garantías presentadas por el astillero.
La comisión investigadora examinó el proceso de adjudicación, las garantías exigidas, las prórrogas concedidas y las responsabilidades administrativas y políticas vinculadas al contrato.
Una votación que cambia el escenario
La resolución dejó al descubierto las diferencias dentro de la oposición sobre cómo proceder frente a los resultados de la investigación parlamentaria. Cabildo Abierto no votó a favor del informe del Frente Amplio, pero su ausencia hizo posible que fuera aprobado.
Esa distinción es políticamente importante: los cabildantes no respaldaron las conclusiones oficialistas, aunque su decisión produjo el resultado parlamentario que el Frente Amplio necesitaba.
El caso Cardama entra así en una nueva etapa. La discusión parlamentaria terminó con el envío de las actuaciones a Fiscalía, donde deberá determinarse si las irregularidades denunciadas constituyen delitos y quiénes podrían ser responsables.
Lo que hasta ahora fue una confrontación política sobre la compra de dos patrulleras tendrá también un nuevo capítulo en el ámbito judicial.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
