UY Press - Agencia uruguaya de noticias

28.07.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- El exministro de Defensa Nacional, quien reemplazó a Javier García en marzo de 2024, defendió las extensiones del plazo para presentar la garantía y aseguró que nunca hubo sospechas de fraude. El diputado frenteamplista Joaquín Garlo sostuvo que la decisión de mantener el contrato priorizó la continuidad del negocio pese a las irregularidades.

Según informa La Diaria, la comisión especial de la Asamblea General que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard recibió este lunes al exministro de Defensa Nacional y dirigente del Partido Nacional Armando Castaingdebat, quien ocupó el cargo entre marzo de 2024 y marzo de 2025 -en sustitución de Javier García- y tuvo un rol protagónico en el proceso de constitución de la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce, presentada por la empresa española y aceptada por el gobierno anterior.

La actual administración, que ya rescindió el contrato con Cardama, ha denunciado que la garantía de Eurocommerce -compañía que fue disuelta por el organismo regulador de sociedades anónimas de Reino Unido- es falsa. En el contrato se había dispuesto que el astillero español tenía un plazo de 45 días para presentar la garantía; sin embargo, esta fue presentada recién el 22 de octubre de 2024, 11 meses después, ya en la etapa de Castaingdebat al frente del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), luego de sucesivas prórrogas otorgadas por el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou.

El exdirector general de Secretaría del MDN Fabián Martínez dijo días atrás en la comisión que la decisión de extender el plazo para presentar la garantía fue de Castaingdebat. Este lunes, en rueda de prensa, el exministro señaló que el proceso de la garantía se enmarcaba "en un momento que era difícil", puesto que "estábamos en plena guerra de Ucrania y costaba conseguir que algún banco garantizara construcción de material bélico". "Ahí es que lleva a dilatarse en el tiempo", agregó.

Castaingdebat afirmó que la administración anterior actuó en todo momento "dentro del derecho" y aseguró que todo estuvo "apegado a la Constitución". Dijo que la decisión de dar prórrogas a Cardama se tomó "con una cuota de sentido común", la que "le permite a un gobernante tener discrecionalidad frente a algunas cosas, persiguiendo siempre el bien mayor", esto es, "que Uruguay pudiera tener las patrulleras".

Con respecto a los indicios de "estafa" o "fraude" que en octubre del año pasado identificó el actual gobierno, antes de rescindir el contrato, Castaingdebat afirmó que "en ningún momento, ni por parte del estudio Delpiazzo ni por nosotros [el gobierno anterior], ni por las autoridades actuales del Ministerio de Defensa, hubo alguna sospecha de fraude, de estafa o de que las garantías no eran reales".

"Entre el período nuestro y hasta octubre [de 2025] nadie pensó en que una garantía no fuera válida", afirmó Castaingdebat. Asimismo, hizo referencia a las declaraciones que en su momento hizo el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien "en su momento, con una gran cuota de sentido común -que fue lo que después les faltó a varios actores del gobierno-, dijo que con un contrato de estos, cuando se está ejecutando y va a haber un período de ejecución alto, si la garantía tiene algún problema, se cambia la garantía, pero se sigue con el proceso de construcción".

Garlo: "La decisión de seguir otorgando prórrogas fue política"

Por su parte, el diputado del Frente Amplio (FA) Joaquín Garlo dijo en rueda de prensa que, a partir de la comparecencia de Castaingdebat, la bancada oficialista constató que el primer pago que el MDN hizo a la empresa española "lo efectuó sin tener la documentación original a la vista, lo cual de por sí ya constituye una irregularidad". "Es un elemento que nosotros no teníamos la confirmación; ese primer pago de más de ocho millones de euros se hizo sin tener la documentación adelante, solamente un informe de Delpiazzo, y Delpiazzo ya aclaró que su rol no era controlar las garantías", afirmó en referencia al estudio jurídico que asesoró al ministerio durante el proceso y que realizó múltiples advertencias.

"Lo que confirmó el exministro también es que la decisión de seguir otorgando prórrogas fue una decisión política que no tuvo en cuenta otras variables, y la decisión política -él ya lo manifestó públicamente- era que el proceso continuara", agregó Garlo.

Sobre la posibilidad de cambiar la garantía en este gobierno, el diputado del FA aseguró que "eso no era posible", ya que "el mismo día en que se anunció que la garantía era falsa Cardama presentó la misma garantía con la misma empresa", que "no tenía empleados, no existía y no tenía domicilio".

Por otro lado, Garlo comentó que la comisión resolvió este lunes por unanimidad que, una vez terminada la investigación -en principio, en agosto-, se enviará toda la información recabada para "cumplir" con el pedido del fiscal subrogante de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, quien solicitó las actas de la comisión para avanzar en la investigación a nivel de la Fiscalía.

El próximo lunes la comisión recibirá a la actual ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo; además, el oficialismo planteó la necesidad de convocar formalmente a Mario Cardama, director del astillero español, y a Gerardo Moreira, el representante de la empresa española en Uruguay, quienes aún no habían sido convocados de manera formal.