UY Press - Agencia uruguaya de noticias

16.02.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – Amparado en dos informes jurídicos, el Ejecutivo proyecta una ampliación de la denuncia contra el astillero español Cardama.

El viernes pasado, el presidente de la República, Yamandú Orsi, secundado por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, anunció la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, para la construcción de dos patrulleras oceánicas OPV, así como el inicio de acciones legales por daños y perjuicios.

"Después de recorrer todo este camino y ofrecerle a la empresa resolver" la situación, dijo Orsi, se llegó finalmente a la decisión de iniciar cuatro acciones, que el presidente detalló de la siguiente manera:

1)      Rescindir el contrato de suministro, con la empresa Cardama, por incumplimientos contractuales graves, e iniciar acciones por daños y perjuicios.

2)      Iniciar acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo.

3)      Definir responsabilidades institucionales e individuales y adoptar las medidas pertinentes.

4)      Procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas, tan necesarias para la defensa de la soberanía nacional.

Las reacciones del oficialismo y la oposición fueron diametralmente opuestas. Mientras desde el FA se apoyó en bloque la decisión, el Partido Nacional emitió una declaración donde, al tiempo que rechaza la decisión, sostiene que "solo pretende destruir el legado del gobierno de la Coalición Republicana y el presidente Lacalle Pou". También se manifestó la "preocupación" porque la definición pueda "producir graves consecuencias para nuestro país, por el riesgo de una demanda multimillonaria y el daño a nuestra credibilidad jurídica".

Según informa la diaria, Uruguay consultó al menos a dos juristas de renombre que concluyeron que el gobierno está "legalmente facultado" a rescindir el contrato con Cardama y a accionar por daños y perjuicios.

El gobierno señaló en las resoluciones difundidas este fin de semana que hasta la fecha "Francisco Cardama SA nunca subsanó, ni presentó una garantía de fiel cumplimiento de contrato, ni tampoco presentó el original de la garantía de reembolso", lo cual supone "incumplimientos esenciales y graves a las obligaciones establecidas en el contrato". Este es el punto clave en el que se centra el Ejecutivo para rescindir el contrato.

En particular, señala que la adjudicación se hizo al amparo del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf), y que el artículo 70 de esta norma prevé la posibilidad de que el gobierno rescinda de manera unilateral un contrato frente a un "incumplimiento grave del adjudicatario", así como que reclame su "responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la administración".

Para apoyarse en esta posibilidad de rescisión unilateral del contrato, el gobierno se basa en la prueba relacionada con las garantías y en dos informes jurídicos. Uno de ellos se mantiene en reserva para no facilitarle a Cardama información sobre la estrategia del Estado, dijo a la diaria una fuente del gobierno. El segundo informe fue suscrito por Cristina Vázquez, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de la República (Udelar) y de la Universidad de Montevideo, y coordinadora de la especialización y magister de Derecho Administrativo y Gestión Pública de la Udelar.

Según resume la diaria, Vázquez recuerda que la necesidad de una garantía de fiel cumplimiento del contrato está contemplada en el Tocaf, y en este caso está prevista en el propio contrato entre Cardama y el Estado, que establece que la garantía deberá estar vigente durante la etapa de construcción y hasta 12 meses después de la entrega del último buque. Además, el contrato establece que la presentación de garantía de fiel cumplimiento es un elemento necesario para la entrada en vigor del propio contrato.

"La constitución de una garantía de cumplimiento contractual reviste importancia en cualquier contrato, pero vale la pena destacar su especial trascendencia cuando de un contrato de la administración se trata", indica Vázquez, y puntualiza que en este caso en particular "resulta de la máxima trascendencia contar con una garantía que proteja al Estado frente a incumplimientos de ejecución y entrega". La garantía "permite la continuidad contractual" y "cubrir sobrecostos", "deriva los riesgos del incumplimiento a quien en justicia debe soportarlos: el contratista omiso", al tiempo que "refuerza la transparencia y la seriedad en las contrataciones evitando oferentes temerarios, confiere previsibilidad y así previene litigios". Esto es así "particularmente en contratos internacionales y de alto riesgo de incumplimiento, como el celebrado con Cardama", advierte Vázquez.

Por lo señalado, concluye que "desde la perspectiva del derecho público, la garantía de fiel cumplimiento de contrato constituye una exigencia sustancial". Lo argumentado por Vázquez contradice una de las objeciones jurídicas planteadas por representantes de la oposición, que han planteado que la garantía es un elemento "accesorio" y no forma parte del objeto del contrato (y que, por lo tanto, bajo esta línea argumental, no correspondería rescindir el contrato por falta de garantía).

Por otra parte, Vázquez sostiene que existen "indicios de actuación violatoria del principio de buena fe contractual", principio necesario de los contratos según el Código Civil y jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) citados por la jurista.

Adicionalmente, de acuerdo a lo informado por la diaria en base a fuentes del Gobierno, se hará una nueva ampliación de la denuncia penal presentada por presunta estafa o fraude en la constitución de la garantía; se sumará en este caso la constatación de que la garantía de reembolso de Redbridge Insurance presentada por Cardama "no correspondía a una póliza de seguro, sino a un documento de 'términos y condiciones'", y, por lo tanto, no es válida, según se especificó en las resoluciones difundidas el viernes.

Imagen: adhocFOTOS/Mauricio Zina