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21.07.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- La comisión especial del Parlamento que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama recibió al senador del Partido Nacional (PN) Javier García, quien se desempeñó como titular del Ministerio de Defensa Nacional desde marzo de 2020 a marzo de 2024.

Luego de la sesión, según informa La Diaria, el diputado de FA Joaquín Garlo, integrante de la comisión, fue consultado en una rueda de prensa sobre la afirmación de García acerca de que en noviembre de 2023, se informó públicamente que Cardama presentaba un supuesto "riesgo alto de quiebra", y era en realidad un reporte comercial elaborado por Dun & Bradstreet (D&B), utilizado por dirigentes del Frente Amplio y jerarcas de gobierno en declaraciones públicas. El legislador del oficialismo aseguró que ese informe no fue contratado por el actual gobierno: "Eso es totalmente falso". "Ese informe está incluido dentro de la investigación administrativa. No tenemos más información que esa. Por eso también estamos a la espera de ampliación de información con respecto a esos puntos, pero es totalmente falso que ese informe haya sido contratado por el actual gobierno", insistió.

En cuanto a la afirmación de García sobre la existencia de "intereses económicos", Garlo sostuvo que "eso es un disparate", porque la decisión de rescisión que tomó este gobierno "es para proteger los intereses de Uruguay ante una empresa que aparentemente nos estafó, que presentó documentación falsa". Señaló que esto fue así al punto de que el escribano que intervino en el tema de las garantías hace unas semanas les hizo llegar "el documento original que demuestra que Cardama presentó documentación falsa ante el Estado uruguayo, al gobierno anterior, para la constitución de las garantías".

Asimismo, Garlo manifestó que, a pesar de que García haya afirmado que las decisiones se basaron en informes técnicos, "no se ha podido esclarecer por qué entre 2022 y 2023 el Ministerio de Defensa desoyó a la comisión técnica de la Armada que había establecido más de 80 requisitos para la contratación de un astillero para la adquisición de patrulleros oceánicos", y luego en 2023 "llamativamente" se disminuyó a solo tres requisitos.

El diputado del FA dijo que le preguntaron "especialmente" a García "si esa disminución de las exigencias técnicas tenía que ver con que el proceso de compra de 2023 había iniciado con la oferta de Cardama", pero no escucharon "una respuesta a esa pregunta".

Garlo subrayó que este es "un punto no menor, porque esa disminución de exigencias lleva, en definitiva, a que después se dé todo el proceso de reuniones entre Cardama y oficiales de la Armada, de donde surgen cambios a la propuesta inicial de Cardama que se termina sustanciando en el contrato que se firma en el año 2023".

El diputado del FA dijo que también le preguntaron a García "quién lo había asesorado sobre el tema de las garantías, y él insistió en que la responsabilidad era totalmente política y que él se hacía cargo de todos esos aspectos".

Por último, consultado sobre si el oficialismo reafirma las responsabilidades políticas de García en este caso, Garlo dijo que "esas conclusiones llegarán al final del proceso"; por lo tanto, el oficialismo no se apresurara a "realizar valoraciones, teniendo en cuenta que todavía faltan comparecencias muy importantes en la comisión, como la del exministro Castaingdebat".

Luego de comparecer cuatro horas ante la comisión, García habló en una rueda de prensa, en la que de arranque fue consultado por su responsabilidad política en la elección de la empresa española.

"No conozco un ministro que no sea responsable políticamente. Aquí en la comisión había dos exministros más [en referencia a los senadores frenteamplistas Liliam Kechichian y Eduardo Brenta]. Sería una ofensa hacia ellos decir que fueron ministros irresponsables. Los ministros toman resoluciones políticas, obviamente. ¿Cuál es la diferencia? Con qué criterio las toman. Yo tomé una decisión basada en informes técnicos", aseguró.

El contrato entre el Estado uruguayo y Cardama para la construcción de las patrullas oceánicas fue firmado por García el 15 de diciembre de 2023. El acuerdo fue rescindido en febrero de este año por la actual administración, entre acusaciones y denuncias de "estafa" y "fraude".

García señaló que la institución del país que asesora en materia naval es la Armada Nacional, y apuntó que "no hubo uno", sino "dos informes técnicos de la Armada Nacional que recomendaron la decisión" que adoptó el gobierno anterior. "Lo raro hubiera sido que hubiéramos tomado un criterio que no seguía lo que nos asesoraba la Armada Nacional y que, aparte, hubiera sido más caro", añadió. En ese hipotético caso, señaló, le preguntarían "por qué eligió uno más caro que las otras opciones y que no fueron las que eligió la Armada Nacional"

"Yo decidí, asesorado por la Armada Nacional, en reiteración real, con fundamentos técnicos. Con un agregado que es muy importante. Este es un proceso de 20 años que no se resolvió, en el que al final se analizaron propuestas de ocho astilleros. Una vez que tomamos la decisión, no hubo ningún recurso ni impugnación de las otras empresas sobre la decisión tomada", aseguró García, y sostuvo que "no es común en el Estado que en una licitación las empresas que se presentan no recurran cuando no son elegidas".

El informe de Dun & Bradstreet

A su vez, el senador del PN sostuvo que durante un tiempo "se construyó un relato" que usaron "políticamente dirigentes del Frente Amplio [FA]" y el actual gobierno acerca de "un informe que se había pedido -por personas que no se sabía quiénes eran- a una consultora norteamericana para saber de la solvencia técnica del astillero".

Desde la prensa de García se repartió un texto sobre este tema en particular, en el que se sostiene que, en noviembre de 2023, se informó públicamente que Cardama presentaba un supuesto "riesgo alto de quiebra", según un informe contratado por un grupo de marinos retirados. "Ese supuesto 'informe' era, en realidad, un reporte comercial elaborado por Dun & Bradstreet (D&B), utilizado por dirigentes del Frente Amplio y jerarcas de gobierno en declaraciones públicas. No fue confeccionado por ningún organismo público ni integró el expediente oficial de contratación de las OPV [offshore patrol vessel]. Sin embargo, terminó incorporándose a la investigación administrativa sobre la compra de los buques", se señala en el texto.

Además, se apunta que, en enero de 2022, la Federal Trade Commission, "el organismo del gobierno de Estados Unidos encargado de proteger a los consumidores y fiscalizar las prácticas comerciales, denunció a Dun & Bradstreet por prácticas comerciales engañosas".

Por último, García dijo que está "convencido" de que "fuertísimos intereses económicos estuvieron atrás" de todo el proceso para evitar que finalmente se decidiera construir las patrulleras oceánicas. "Intereses muy poderosos que operaron durante 15 años en los gobiernos del FA y que bloquearon la decisión, [pero] con nosotros no pudieron", finalizó.

Álvaro Delgado reafirmó el respaldo del PN a Javier García

Este mismo lunes, el presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, fue consultado sobre la posición de su partido con respecto a la actuación de García en el caso Cardama. Delgado expresó el "respaldo más absoluto a Javier García, a Armando Castaingdebat y a todas las jerarquías que estuvieron en el Ministerio de Defensa, con la tranquilidad de no solo haber hecho las cosas bien, sino haber hecho las cosas necesarias". Afirmó que en este asunto, "como en tantos otros", la actual administración "destruyó lo que había empezado el gobierno anterior". Por esto último, sostuvo, "nos vamos a quedar sin lanchas patrulleras para patrullar el mar territorial" y además "vamos a tener un juicio internacional que no va a ser favorable".

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS