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24.08.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – La bancada del Frente Amplio presentó este lunes en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo las conclusiones de sus legisladores sobre el trabajo de la comisión investigadora del caso Cardama.

"Entendemos que el primer responsable político de esta situación en la cual se encuentra el Estado uruguayo es el expresidente Luis Lacalle Pou", afirmó el senador Nicolás Viera durante una conferencia, donde estuvo presente el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira.

Según Viera, esa responsabilidad surge no solo por su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante el proceso, sino por "haber respaldado políticamente" la adquisición de las patrulleras y "la forma irregular con la cual se actuó".

De acuerdo a lo recogido por Montevideo Portal, el senador frenteamplista también señaló responsabilidades políticas del exministro Javier García, su sucesor Armando Castaingdebat y distintos funcionarios de confianza del Ministerio de Defensa que participaron en el proceso.

El diputado Joaquín Garlo, por su parte, sostuvo que después de seis meses de investigación, se identificaron una serie de "irregularidades graves" y hechos que, a su entender, presentan apariencia delictiva y deberían ser investigados por la Fiscalía.

Entre otros, destacó la documentación falsa utilizada para constituir las garantías, el otorgamiento de prórrogas sin registros y los pagos efectuados sin tener a la vista los documentos originales, traducidos y apostillados.

El informe en mayoría presentado por el Frente Amplio sostiene que la documentación falsa habría permitido obtener del Estado desembolsos por más de 16 millones de euros durante la administración anterior. También plantea que corresponde investigar la eventual responsabilidad de los funcionarios que intervinieron, por acción u omisión, aunque aclara que la comisión no atribuye delitos ni responsabilidades penales individuales.

"Cardama, sin lugar a dudas, es el principal responsable de todo este proceso, pero los hechos consumados por Cardama no podrían haberse consumado sin la acción u omisión de funcionarios públicos", subrayó Garlo.

Entre los aspectos que el oficialismo cuestiona aparece el propio procedimiento utilizado para elegir a Cardama. El informe señala que en 2022 existían más de 80 requisitos técnicos, mientras que al año siguiente las exigencias se redujeron a tres y los técnicos que habían trabajado en el proceso anterior dejaron de participar, transformándose el procedimiento en un "camino a medida de un oferente determinado". También remarcan que la propuesta inicial de Cardama era de 68 millones de euros y el contrato terminó cerrándose por 82,27 millones.

También se señalan irregularidades ocurridas entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, con actuaciones vinculadas con las garantías que no quedaron registradas en el expediente administrativo.

Desde el oficialismo también se cuestionó las sucesivas prórrogas otorgadas a Cardama. Tanto García como Castaingdebat asumieron ante la comisión la responsabilidad política por decisiones tomadas durante sus respectivas gestiones.

Garlo puso además el foco en el segundo pago, por más de 8 millones de euros, que, según sostuvo, fue autorizado pocas horas después de que Cardama enviara documentación en inglés y sin apostillar.

Por su parte el senador Eduardo Brenta defendió la decisión del Gobierno de rescindir el contrato y afirmó que permitió evitar el pago de más de 50 millones de euros que todavía quedaban pendientes.

Consultados por el pago realizado en la actual administración, con Sandra Lazo como ministra de Defensa, Viera respondió que, cuando se efectuó ese desembolso, todavía no se habían detectado las irregularidades de las garantías y el contrato seguía vigente.

El documento oficialista agrega que ese pago correspondió al denominado Hito C, por 12,34 millones, y sostiene que se produjo a través de una carta de crédito irrevocable que ya había sido abierta antes del cambio de gobierno.

Para el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, la investigación realizada en los últimos meses demostró que "nos quisieron estafar".

"Había joda, los documentos eran truchos", dijo, y también incluyó a Lacalle Pou entre las responsabilidades políticas. Para el presidente del FA, el exmandatario "siguió esta compra y la avaló, al igual que cada uno de estos procedimientos".

Ahora el tema ingresará a la Asamblea General, y el Frente Amplio propondrá remitir a la Fiscalía toda la documentación reunida por la comisión y denunciar los nuevos hechos que considera de apariencia delictiva.

Desde la oposición se anunció que se denunciará penalmente a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por presunto abuso de funciones.

Imagen: adhocFOTOS/Mauricio Zina