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14.11.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- El comandante de la Armada y dos asesores de Defensa deberán declarar por el arresto de José Ruiz. El militar cuestiona la legalidad de la sanción y la autoridad de quienes lo investigaron.

La controversia por la compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama sumó un nuevo capítulo judicial. El comandante en jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo, y dos asesores de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, fueron citados como testigos en el juicio iniciado por el contralmirante José Ruiz contra el Ministerio de Defensa Nacional.

Ruiz pretende que la Justicia anule los 15 días de arresto a rigor que le impuso la ministra el 22 de abril de 2025, cuando se desempeñaba como responsable del proyecto de construcción de las dos patrullas oceánicas. Según informó El País, el juez de lo Contencioso Anulatorio de 3.er Turno, Nicolás Pallas, fijó las audiencias para el 2 y 3 de febrero de 2027.

Además de Elizondo, deberán prestar declaración Damián Rojas y Daniel Marsiglia, asesores que participaron en las actuaciones desarrolladas por Defensa.

Una sanción que el militar considera injustificada

El conflicto se originó en dos episodios ocurridos en marzo de 2025, pocas semanas después de la asunción del gobierno de Yamandú Orsi. El primero tuvo lugar el 26 de marzo, cuando Ruiz recibió una comunicación de Elizondo informándole que debía presentarse ante la ministra con documentación relacionada con las patrullas oceánicas.

Según la versión del contralmirante, recibió el aviso a las 17.17 y debía concurrir al ministerio a las 17.40. Sin embargo, se encontraba en Carrasco y los documentos estaban en Ciudad Vieja, por lo que comunicó que no podría llegar a la hora indicada. Finalmente se presentó a las 18.30. Durante esa reunión, los asesores ministeriales le solicitaron un informe sobre el proyecto Cardama.

El segundo episodio ocurrió al día siguiente, cuando Ruiz entregó la documentación después del horario que, según Defensa, había sido establecido. El contralmirante sostiene que nunca recibió una orden formal con una hora precisa de entrega.

La autoridad de los asesores, bajo discusión

Uno de los principales argumentos de la demanda es que Rojas y Marsiglia no eran superiores jerárquicos de Ruiz y que, según su interpretación, carecían de autoridad para impartirle órdenes. El militar también cuestionó que la sanción fuera aplicada sin una actuación previa que le permitiera ejercer adecuadamente su defensa.

En su contestación, el Ministerio de Defensa sostuvo que el régimen disciplinario militar permite imponer sanciones inmediatas y que las conductas atribuidas a Ruiz deben evaluarse conjuntamente. La cartera reconoció, sin embargo, que no se había fijado expresamente un plazo en la orden de servicios para entregar el informe.

El juez consideró acreditado que los asesores tenían vinculación con el ministerio y que no eran superiores jerárquicos del contralmirante. La cuestión pendiente es determinar qué autoridad tenían para formular los requerimientos, si existió incumplimiento de una orden y si la sanción fue legítima.

Un antecedente que genera controversia

En setiembre de 2025 trascendió que Rojas y Marsiglia habían participado en actuaciones relacionadas con las sanciones a oficiales de la Armada cuando todavía no contaban con una vinculación formal con Defensa. Aquella situación provocó cuestionamientos parlamentarios sobre la competencia de los asesores para intervenir en las investigaciones.

Las sanciones alcanzaron al excomandante Jorge Wilson y a otros tres oficiales vinculados al proceso de adquisición de las patrullas oceánicas.

Una nueva dimensión del caso Cardama

El proceso judicial no determinará la validez del contrato con el astillero español ni las responsabilidades relacionadas con su ejecución. Su objeto es más específico: establecer si el Ministerio de Defensa actuó conforme a derecho al sancionar disciplinariamente a Ruiz.

Sin embargo, el resultado podría tener consecuencias administrativas y abrir nuevas discusiones sobre los procedimientos utilizados durante las primeras investigaciones del caso. Las declaraciones de Elizondo y los asesores serán fundamentales para reconstruir cómo se impartieron las órdenes y qué ocurrió durante aquellas jornadas de marzo de 2025.

Mientras continúa la controversia política y parlamentaria sobre Cardama, la Justicia deberá pronunciarse ahora sobre un aspecto distinto: los límites de la autoridad disciplinaria y las garantías que corresponden incluso dentro de la estructura jerárquica militar.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS