UY Press - Agencia uruguaya de noticias

06.09.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- Blancos, colorados e independientes le atribuyen a la ministra de Defensa Sandra Lazo y dos de sus asesores posibles delitos de abuso de funciones, usurpación y revelación de secretos por actuaciones en Defensa, según informa diario El País.

La investigación política por la compra y posterior rescisión del contrato con el astillero Cardama sumó un nuevo capítulo judicial. Legisladores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente presentaron una denuncia penal contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y dos de sus asesores más cercanos, Damián Rojas y Daniel Marsiglia.

La denuncia invoca, entre otros eventuales delitos, abuso de funciones, usurpación de funciones, revelación de secretos conocidos en el ejercicio del cargo y utilización indebida de información privilegiada. El planteo fue presentado por legisladores opositores que integraron la comisión bicameral que investigó el proceso de contratación y posterior rescisión del acuerdo para la construcción de dos patrulleros oceánicos.

Según el escrito, la oposición atribuye a Lazo haber impulsado actuaciones que califica como de "apariencia delictiva" entre marzo y junio de 2025.

El foco está especialmente puesto en la actuación de Rojas y Marsiglia. Los denunciantes sostienen que ambos se desempeñaron públicamente como asesores de la ministra y realizaron tareas dentro del Ministerio de Defensa antes de contar con una designación formal o respaldo jurídico que los habilitara.

Actuaciones sin designación formal

De acuerdo con la denuncia, Rojas y Marsiglia realizaron indagatorias, entrevistaron a jerarcas de la Armada, accedieron a documentación considerada confidencial y participaron en la elaboración de informes pese a que, según la oposición, todavía no tenían vínculo funcional formal con el ministerio.

Uno de esos documentos, fechado el 29 de marzo de 2025, tuvo posteriormente relevancia en una investigación administrativa que derivó en sanciones contra varios oficiales de la Armada.

Los denunciantes entienden que el procedimiento fue desarrollado de manera irregular, sin las garantías correspondientes y con consecuencias para terceros. 

La figura de usurpación de funciones está prevista en el artículo 166 del Código Penal y castiga a quien asume o ejerce indebidamente funciones públicas. La oposición entiende que Fiscalía deberá determinar si la actuación de los asesores encuadra efectivamente en esa figura penal.

Información reservada y filtraciones

Otro de los capítulos de la denuncia está relacionado con el manejo de información confidencial. Los legisladores sostienen que los asesores accedieron a información sensible vinculada con la defensa nacional y señalan que posteriormente algunos contenidos comenzaron a circular en ámbitos políticos y periodísticos.

Como uno de los antecedentes, el escrito menciona una protesta realizada por el propio astillero Cardama en junio de 2025 por la difusión de información que la empresa consideraba reservada.

Según la denuncia, un correo electrónico enviado el 28 de mayo había sido remitido también a Rojas, pero en la versión que posteriormente tomó estado público su nombre aparecía oculto.

La oposición también menciona otro reclamo del astillero realizado en julio de 2025, después de la filtración de informes elaborados por inspectores enviados a Vigo para controlar el proceso de construcción de los buques.

Los denunciantes entienden que esos episodios podrían configurar una eventual revelación de secretos o un manejo indebido de información reservada.

El señalamiento contra Lazo

En el caso de la ministra, la oposición apunta principalmente a un eventual abuso de funciones. El escrito cuestiona que Lazo haya dispuesto una investigación administrativa apoyándose, según los denunciantes, en un análisis preliminar elaborado por un grupo de trabajo cuya actuación consideran irregular.

Los legisladores también sostienen que la ministra debe responder por haber permitido o impulsado actuaciones de sus asesores y por no haber actuado ante las advertencias sobre presuntas filtraciones de información vinculada al contrato.

El delito de abuso de funciones alcanza al funcionario público que, abusando de su cargo, comete u ordena un acto arbitrario en perjuicio de la administración o de particulares. El de revelación de secretos sanciona al funcionario que divulga información que debe permanecer reservada y a la que accedió en razón de su función.

La situación funcional de los asesores

La denuncia también pone el foco en las fechas en que Rojas y Marsiglia quedaron formalmente vinculados con el Ministerio de Defensa.

Rojas era funcionario presupuestado de la Universidad de la República y se encontraba en pase en comisión en el despacho de la diputada Cecilia Cairo. Su designación formal en Defensa se produjo recién a mediados de mayo de 2025, después de varias de las actuaciones cuestionadas por la oposición.

Marsiglia, en tanto, provenía del Ministerio de Desarrollo Social. Su pase en comisión fue autorizado en mayo, pero, según la información incorporada a la denuncia, se habría materializado formalmente el 15 de junio.

Actualmente Rojas desempeña funciones en Presidencia de la República, mientras Marsiglia continúa trabajando en el Ministerio de Defensa.

Un nuevo frente judicial por Cardama

El contrato con Cardama fue firmado en diciembre de 2023 durante la administración anterior para la construcción de dos patrulleros oceánicos por 82 millones de euros.

Después de múltiples controversias sobre las garantías presentadas por la empresa, el gobierno de Yamandú Orsi resolvió rescindir el contrato en febrero de 2026.

Ese mismo mes se creó una comisión bicameral para investigar todo el proceso. El trabajo parlamentario concluyó en agosto y la documentación fue remitida a Fiscalía. Cardama, paralelamente, presentó una demanda internacional contra Uruguay.

La denuncia presentada ahora por la oposición abre un capítulo diferente: ya no se concentra solamente en las eventuales irregularidades del contrato original o de las garantías presentadas por la empresa, sino también en la actuación del actual Ministerio de Defensa durante el proceso que desembocó en la rescisión.

Será Fiscalía la que deberá determinar si los hechos relatados tienen relevancia penal y si corresponde avanzar en una investigación sobre la ministra y sus asesores.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS