UY Press - Agencia uruguaya de noticias

26.12.2025

MONTEVIDEO (Uypress/Esteban Valenti) - Ustedes y yo mismo nos preguntamos si sobre este tema no habrá un límite. Imposible, todos los días Cardama, sus socios uruguayos, el diario El País, de Montevideo, nos presentan un nuevo episodio vergonzoso.

Observen la portada de El País del 26-12-25, dispuesta a aportar su artillería principal, la portada para defender a los delincuentes, de Vigo y de Montevideo. Si ustedes se toman el trabajo de leer la extensa nota, encontrarán un detalle, en ningún lado menciona cual es el estudio seleccionado para hacer la demanda y defender a los estafadores. Es nada menos que Hughes & Hughes.

Sobre la relación entre el estudio Hughes & Hughes y Caradama S.A. no existe por ahora un registro con la fecha exacta del inicio de la relación profesional entre el estudio y la empresa española. Su vinculación ha cobrado notoriedad pública a partir de la participación del astillero en la licitación y posterior adjudicación del contrato para la construcción de buques patrulleros (OPV) para la Armada de Uruguay, proceso que se intensificó entre 2023 y 2024 y explotó en el 2025.

Luego de que el gobierno uruguayo presentara múltiples denuncias por fraude y otros delitos ante la fiscalía, por el aval totalmente falso y emitido por una empresa inexistente, y con una firma falsa, y al negarse a seguir pagando cuotas por la construcción de las dos patrullas oceánicas OPVs, que tienen enormes atrasos, comprobados y grandes defectos de construcción que han sido certificados por los dos oficiales (capitanes de navío enviados como establece el contrato a Vigo) por el Estado uruguayo. Ahora el Varadero Cardama, pretende iniciar acciones civiles.

Su desfachatez no tiene límites, a menos que la compartan con sus socios uruguayos, los integrantes al más alto nivel del anterior gobierno y que este episodio ya hubiera sido planificado...

Un pequeño detalle, en el estudio Hughes & Hughes trabaja nada menos que Violeta Lacalle Ponce de León, hija del ex Presidente Luis Lacalle Pou, donde se desempeña como Pasante Legal (Legal Assistant) en el Departamento de Resolución de Disputas.

¿Será por ese motivo que el diario oficialista hace el ridículo y no menciona al estudio que representa a la empresa fraudulenta y estafadora, Cardama S.A. para la demanda?

Hace un buen tiempo que estábamos investigando quien había asesorado al gobierno anterior, tanto en la elaboración del contrato elaborado para Cardama, que brinda todos los beneficios a esta empresa en desmedro del Estado uruguayo, e incluso el perverso sistema de la Carta de Crédito irrevocable, que exige solo el pronunciamiento del vendedor. Obviamente, el estudio Delpiazzo, que realizó numerosas observaciones no tuvo intervención alguna.

Ese contrato indefendible que le costó al Uruguay 28.400.000 euros, con flagrantes delitos en la aprobación del Plano de Cuaderna Maestra por parte del entonces comandante en jefe de la Armada Almirante Jorge Wilson, un día antes de haber recibido el documento y sin siquiera reclamar las decenas de planos anexos necesarios para su firma o consultar a los técnicos y profesionales de la Armada.

Aprobó todo de manera irregular en solo dos horas. Convendrá investigar los orígenes de ciertos pagos adelantados de garantías hipotecarías. Una aprobación provisoria, como figura en el plano mismo.

Está cada día más claro que cuando termine la investigación del fiscal Alejandro Machado, oficial de la Fiscalía de Delitos Económicos de 1º Turno y la investigación administrativa por parte de la Oficina de Servicio Civil, los blancos convocarán a varias interpelaciones, incluso al portero del edificio de la Armada.

Inicialmente, el caso fue asignado de forma aleatoria a la fiscal Sandra Fleitas. Sin embargo, pocos días después de su designación, Fleitas presentó un escrito para abstenerse de investigar debido a una relación de cercanía con un exjerarca del Ministerio de Defensa involucrado en el proceso de licitación, mostrando una sensibilidad profesional importante. Tras aceptarse su pedido, el sistema de asignación derivó la causa a la fiscalía de Alejandro Machado. Los ex gobernantes blancos no festejaron, por cierto. No todos están dispuestos a incendiarse con ellos.

La denuncia central apunta a que el Astillero Cardama habría presentado documentos que acreditaban una garantía financiera inexistente o adulterada para sostener el contrato de construcción de los buques. El fiscal Machado deberá determinar si hubo intención de estafa al Estado o falsificación de documento público/privado por parte de los representantes de la empresa o intermediarios.

Ese, es otro aspecto que estamos investigando muy a fondo. Todo indica que luego de fracasar con la solicitud del aval (garantía de fiel cumplimiento) ante la empresa uruguaya ABITAB y el Banco de Seguros del Estado (presidido en ese momento por el doctor Amorín Batlle del Partido Colorado) y de una espera total de once meses, totalmente contraria al texto del Contrato (que preveía 45 días extensible a 60 días máximo), es obvio que alguien en Uruguay hizo las presentaciones de Cardama ante ABITAB y BSE.

Por lo tanto, el otro frente de investigación es, ¿quién organizó la estafa con EuroCommerce, en la primera oportunidad con la participación de esta empresa inexistente con sede en Londres y luego falsificando completamente la propuesta segunda garantía (segunda denuncia del gobierno) en octubre 2025? Ah y nada menos que la falsificación de la firma del escribano de Valencia, Luis Calabuig de Leyva, que presentó denuncia ante la Policía Nacional Española.

En los últimos años, el estudio Hughes & Hughes ha estado activo en áreas sensibles para el Estado, asesorando a inversores en proyectos de gran escala (como los desarrollos inmobiliarios en Maldonado o Rocha) que enfrentan regulaciones ambientales estatales estrictas y ha representado a laboratorios farmacéuticos en recursos contra normativas del Ministerio de Salud Pública (MSP) o decretos de defensa de la competencia.

Por otro lado, la relación entre el estudio jurídico Hughes & Hughes de Uruguay con Gran Bretaña es profunda y se remonta a los orígenes mismos de la firma, combinando una herencia histórica con una fuerte presencia en el ámbito legal británico actual.

Considerando de forma completa el panorama judicial y legal, Cardama y sus secuaces uruguayos, deberían cubrir muy bien el área penal, pues sus delitos son flagrantes y penales.

El Tribunal de Cuentas de Uruguay (TCR) ya había advertido en el pasado sobre las fragilidades de este contrato antes de que se firmara, lo que le da al gobierno un argumento legal fuerte para la rescisión, pero también genera críticas sobre por qué se firmó en primer lugar.

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) jugó un papel fundamental y preventivo en este caso, ya que sus observaciones fueron, en última instancia, las que validaron legalmente la decisión del Gobierno de dar marcha atrás.

Los puntos más críticos de los informes del TCR sobre el contrato con Cardama S.A:

Incumplimiento de Pliegos, desde el inicio del proceso de compra de las patrullas oceánicas (OPV), el TCR puso "lupa" sobre el astillero español. Y sus principales objeciones fueron:

Falta de Antecedentes: El TCR señaló que Cardama no había demostrado fehacientemente tener experiencia previa en la construcción de buques de este tipo (patrullas militares oceánicas) con las especificaciones técnicas requeridas por la Armada Uruguaya.

El organismo advirtió que el respaldo financiero presentado por la empresa no era sólido. El pliego exigía garantías bancarias de primera línea, y Cardama presentó avales que fueron cuestionados por su procedencia o por no estar debidamente garantizados.

A pesar de las advertencias, el Ministerio de Defensa Nacional (bajo la gestión de Javier García en su momento y con el expreso apoyo del presidente Lacalle) decidió seguir adelante por "razones de urgencia y necesidad nacional".

Uruguay tiene una historia importante de defensa muy exitosa en el ámbito del arbitraje internacional. A diferencia de otros países de la región que han perdido juicios millonarios, Uruguay ha logrado ganar casos emblemáticos que sentaron jurisprudencia mundial.

Tres casos más relevantes para comparar con la situación de Cardama:

Philip Morris vs. Uruguay (El caso del tabaco). Este es el caso más famoso a nivel global por su impacto en la salud pública.  La tabacalera demandó a Uruguay por las políticas antitabaco (imágenes de advertencia en las cajas y prohibición de variantes como "Light"). Alegaron que Uruguay violaba el tratado de inversiones con Suiza.

Ganó Uruguay. El tribunal del CIADI determinó que el Estado tiene el derecho soberano de proteger la salud de sus ciudadanos por encima de los intereses comerciales.  Fue un juicio largo (6 años), pero Philip Morris tuvo que pagarle a Uruguay parte de los costos de defensa.

Aratirí (Zamin Ferrous) vs. Uruguay. Este caso es el que más se parece al de Cardama en cuanto a la estructura del reclamo, la minera india demandó al Estado uruguayo por 3.500 millones de dólares. Alegaron que los cambios en la ley de minería de gran porte les impidieron desarrollar el proyecto de extracción de hierro. Ganó Uruguay en 2020. El tribunal desestimó la demanda porque consideró que la empresa no tenía la propiedad legal de la inversión al momento de demandar y que el Estado actuó bajo su potestad regulatoria. Este caso salvó a Uruguay de pagar una cifra que representaba casi el 6% de su PBI.

Italba vs. Uruguay (Telecomunicaciones). Una empresa estadounidense demandó a Uruguay por la revocación de una licencia de transmisión de datos (frecuencias de radio). Reclamaban unos 100 millones de dólares. Ganó Uruguay en 2019. El tribunal concluyó que la revocación de la licencia fue legal porque la empresa no había realizado las inversiones prometidas.

Una última reflexión, sería muy importante que todos los integrantes del gobierno, en especial del Ministerio de Defensa Nacional no realizaran declaraciones de ningún tipo sobre este tema, porque en muchos casos esos son incorporados al proceso judicial. En boca cerrada no entran OPVs ni las demandas.