UY Press - Agencia uruguaya de noticias

06.02.2026

MONTEVIDEO (UYPRESS) El informe de Bureau Veritas sobre la construcción de los patrulleros oceánicos (OPV) por parte del varadero español Cardama y que ya está en manos del gobierno uruguayo es la pieza clave para que se avance hacia la recisión del contrato.

Basado en la información disponible al 6 de febrero de 2026, los puntos más críticos que arrojó esta auditoría técnica, solicitada por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) como una evaluación independiente:

Conclusión General del Informe: la auditoría de Bureau Veritas es lapidaria. Su conclusión principal es que existen incumplimientos graves y esenciales tanto en los plazos como en la calidad técnica de la construcción. El informe valida la postura de los oficiales de la Armada Uruguaya, quienes ya habían advertido sobre discrepancias entre el avance real de la obra y lo que el astillero reportaba para cobrar hitos financieros.

Hallazgos Técnicos Críticos: el informe destaca varias irregularidades técnicas que hacen inviable la continuación del proyecto bajo las condiciones actuales.

Se confirmó que Cardama no cuenta con los motores principales de la primera OPV. El proveedor (Caterpillar) canceló el contrato con el astillero. Bureau Veritas señala que sin estos motores es imposible cerrar el casco y continuar la construcción estructural. Reemplazarlos por otra marca implicaría rediseñar toda la ingeniería de detalle del buque (pesos, balance, vibraciones), lo cual invalidaría los planos.

La "falsa" puesta de quilla del segundo buque, Cardama había notificado la puesta de quilla del segundo OPV para reclamar un pago millonario. La auditoría constató que este hito no se cumplió técnicamente; se trató de una maniobra apresurada (descrita como piezas colocadas "al revés" o sin secuencia lógica) para intentar cobrar, mientras que la estructura del primer barco ni siquiera está avanzada.

El informe observa que el criterio constructivo utilizado se asemeja más al de un "buque carguero" civil que al de una patrullera militar (OPV), lo cual compromete los estándares de calidad esperados para una embarcación de defensa.

Se detectó la falta de certificados necesarios para que los buques puedan portar el pabellón nacional, un trámite administrativo que el astillero debió haber gestionado y no hizo.

Aunque el foco de Bureau Veritas fue técnico, su auditoría se cruzó con la crisis financiera del contrato:

Garantías inválidas, se corroboró que las garantías de fiel cumplimiento y reembolso presentadas (primero por EuroCommerce y luego por Redbridge) no eran válidas o pertenecían a empresas sin respaldo real ("empresas de papel"), dejando al Estado uruguayo desprotegido ante los adelantos de dinero ya realizados por 28 millones de euros.

A raíz de este informe y de los incumplimientos detectados, es inevitable la resolución del gobierno uruguayo de rescindir unilateralmente en contrato por cumplimiento grave.

Se han frenado todos los desembolsos pendientes al astillero.

El Estado uruguayo prepara demandas civiles y penales para intentar recuperar el dinero adelantado, bajo la figura de presunta estafa o fraude, dado que el astillero cobró por hitos que la auditoría demostró que no eran reales.

El informe de Bureau Veritas actuó como la "prueba independiente" que necesitaba el Estado uruguayo para confirmar que el astillero no tenía la capacidad técnica ni financiera para entregar los buques, justificando así la cancelación del proyecto.