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19.08.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el acceso del Casmu al Fondo de Garantía para reestructurar los pasivos de la mutualista. El debate se concentró en las condiciones que el gobierno pretende imponer sobre futuras autoridades y cargos ejecutivos de la misma, con controles del MSP y el MEF que generaron resistencia en la oposición.

En principio, el artículo aprobado por unanimidad dispone el acceso al fondo para la reestructuración de pasivos, por la suma de hasta 742.543.719 unidades indexadas (unos 120 millones de dólares).

El segundo artículo, que establece que "los planes deberán incorporar programas de reestructuración de la situación económico-financiera, de los aspectos administrativos y funcionales y de la gobernanza de las instituciones, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación", se aprobó con la amplia mayoría de los votos, pero ya no por unanimidad.

El tercer artículo establece que, "a efectos de lograr una adecuada protección del interés público comprometido mediante las garantías otorgadas al amparo de la presente ley", las mutualistas que accedan a una garantía "deberán asegurar que quienes integren sus órganos de dirección, administración y conducción ejecutiva deben poseer idoneidad y experiencia adecuadas para el ejercicio de sus funciones, reunir condiciones de honorabilidad e integridad, no mantener conflictos de interés que resulten incompatibles con el adecuado ejercicio de sus funciones, no encontrarse comprendidos en inhabilitaciones legales para el ejercicio del cargo, asumir el compromiso de conducir la institución conforme al plan de reestructura aprobado para el otorgamiento de la garantía y las modificaciones posteriormente aprobadas por el Poder Ejecutivo, de forma de contribuir a la sostenibilidad económico-financiera de la institución y a la capacidad de repago de las obligaciones garantizadas".

Durante todo el período de vigencia de la garantía, la designación de los integrantes de los consejos directivos u órganos de dirección, de la gerencia general, del director técnico, del gerente administrativo y financiero y de quienes ejerzan funciones ejecutivas equivalentes estará sujeta a la "no objeción previa del Ministerio de Salud Pública [MSP] y del Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]". El texto aclara que toda objeción deberá ser fundada y referirse exclusivamente al incumplimiento de las condiciones previstas en el artículo.

Por otra parte, el artículo plantea que cuando la integración de los consejos directivos u órganos de dirección se realice mediante procedimientos electorales, "la no objeción prevista en el inciso anterior será sustituida por la obligación de quienes se postulen como candidatos a dichos cargos de presentar, con carácter previo a la oficialización de sus candidaturas, una declaración jurada en la que manifiesten cumplir las condiciones establecidas para asumir el cargo".

El MSP y el MEF deberán expedirse respecto de la no objeción prevista en el inciso segundo dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la presentación completa de la solicitud. La falta de pronunciamiento expreso dentro de dicho plazo determinará la no objeción. Además, ambas carteras podrán verificar, en cualquier momento durante el período de vigencia de la garantía, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente artículo.  

La propuesta generó reacciones en la oposición. Un caso fue el senador nacionalista Sergio Botana, que expresó durante la discusión del proyecto: "Nunca pensé que el Frente Amplio nos iba a proponer algo como esto".

Además, propuso un aditivo que establece que, "en el caso de liquidaciones de instituciones con distribución de socios, que cada una que reciba socios asuma la proporción de la deuda que corresponda con el fondo de garantía en proporción, lo mismo para los trabajadores. Esos contratos deben estar firmados antes de que empiecen a recibir las cuotas de los nuevos asociados".

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS