UY Press - Agencia uruguaya de noticias

14.06.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- Las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Armada, contralmirante José Ruiz, ante una comisión investigadora generaron controversia. Mientras el periodista Javier Bonilla sostiene, desde el portal defensa.com que los dichos debilitan la posición del Gobierno en la rescisión del contrato con Cardama, voces vinculadas al ámbito naval afirman que existen elementos aún más graves que cuestionan la legalidad de todo el proceso.

Las comparecencias realizadas ante la Comisión Investigadora del Caso Cardama en la Cámara de Diputados siguen provocando repercusiones y lecturas contrapuestas sobre el proceso que derivó en la rescisión del contrato para la construcción de dos patrulleros oceánicos (OPV) destinados a la Armada Nacional.

El periodista Javier Bonilla destacó recientemente declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Armada, contralmirante José Ruiz, quien afirmó ante los legisladores que la entonces ministra de Defensa le había comunicado ya en mayo de 2025 la intención de rescindir el contrato con el astillero español Cardama. Para Bonilla, esa afirmación pone en cuestión la explicación oficial brindada posteriormente por el Gobierno, que fundamentó la rescisión en problemas vinculados a una garantía secundaria presentada por la empresa.

Según esta interpretación, la decisión política de cancelar el contrato habría sido tomada varios meses antes de que se argumentaran formalmente las razones jurídicas y administrativas que terminaron justificando la medida, circunstancia que podría debilitar la posición del Estado uruguayo ante eventuales litigios https://www.uypress.net/hnadmingresarnoticiap1.aspx?153944,0#internacionales.

Sin embargo, otras voces vinculadas al ámbito naval consideran que el foco puesto en ese aspecto deja de lado elementos que consideran aún más relevantes. A partir de la versión taquigráfica completa de la comparecencia parlamentaria, señalan que Ruiz confirmó que el entonces comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Wilson, aprobó el denominado Plano de Cuaderna Maestra el 26 de febrero de 2025, una instancia clave para habilitar el cobro de determinados hitos contractuales.

De acuerdo con esta interpretación, la situación adquiere especial gravedad porque la certificación de Lloyd's Register habría sido emitida recién el 5 de marzo, es decir, varios días después de la aprobación realizada por la autoridad naval uruguaya. Asimismo, sostienen que la documentación apostillada correspondiente llegó en forma completa recién durante abril.

Para quienes sostienen esta posición, estos elementos podrían afectar la validez de distintas actuaciones administrativas y financieras vinculadas al contrato, incluyendo procedimientos relacionados con cartas de crédito y desembolsos efectuados en el marco del acuerdo.

La controversia refleja así dos enfoques diferentes sobre el mismo expediente. Mientras una línea de análisis pone el acento en la eventual existencia de una decisión política anticipada de rescindir el contrato, otra considera que las irregularidades documentales y procedimentales detectadas durante la ejecución del proyecto constituyen el aspecto más sensible del caso.

En ambos escenarios, las actuaciones de la comisión investigadora continúan aportando nuevos elementos a una de las polémicas más complejas que ha enfrentado la política de defensa en los últimos años, con posibles consecuencias administrativas, políticas y eventualmente judiciales tanto para el Estado uruguayo como para la empresa contratista.