UY Press - Agencia uruguaya de noticias

02.11.2025

MONTEVIDEO (Uypress)- Las implicancias de la rescisión del contrato con el astillero español Cardama para la construcción y adquisición de 2 patrulleras oceánicas por € 82 millones, y el inicio de acciones legales nacionales e internacionales, anunciadas por el presidente Orsi, generó una andanada de cuestionamientos del oficialismo hacia la oposición y el rol del gobierno de Luis Lacalle Pou y sus ministros en este tema, según nota del colega Joaquín Silva para diario El País.

Luego, una respuesta de la oposición -sobre todo del Partido Nacional- defendiendo el proceso de la compra y advirtiendo sobre las consecuencias -un arbitraje internacional- de buscar una abrupta interrupción contractual.

La tensión escaló hasta el punto de generar un enfrentamiento entre mandatarios (el anterior y el actual), en el que el primero acusó al segundo de haber sido "arrastrado" a una "operación política", y el frenteamplista contestó al blanco que a él "lo arrastró un amor no correspondido (con el astillero), porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado".

El asunto, que es intrincado, tiene varias aristas y será analizado por el fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado a partir de este lunes (como ya se verá), tendrá un correlato parlamentario, porque el Partido Nacional anunció este lunes su intención de llevar a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, a una interpelación.

Pero como esto no se concretó, en filas del Frente Amplio tienen bajo evaluación una jugada que ya es comentada entre senadores nacionalistas: interpelar ellos mismos a la ministra en la Cámara de Senadores, de manera de dar vuelta el foco de la instancia parlamentaria y que sean los que originalmente plantearon la idea de la convocatoria -en especial el senador blanco Javier García, ministro de Defensa durante gran parte del proceso de la compra, consumada en diciembre de 2023- los que tengan que responder las preguntas de los que se suponían que iban a ser sentados en el banquillo.

"Si se demoran" en formalizar la iniciativa -o sea, en presentar la moción-, ese será el camino que recorrerá el partido de gobierno, dijo a El País una fuente de la bancada frenteamplista. "Es extraño que no lo hayan resuelto aún, cuando anunciaron esto el lunes", agregó el informante.

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Daniel Caggiani, se refirió esta semana a García como "uno de los principales involucrados en todo este tema", y que si la interpelación tiene lugar en la cámara alta eso permitiría que el nacionalista "pueda contestar algunas preguntas" que tienen "todos los uruguayos". Los blancos, mientras tanto, no han decidido en qué cámara piensan promover la convocatoria ni cuándo. Saben que el martes presentarán, en Diputados, la interpelación a la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, por la situación del presidente de ASSE, Álvaro Danza, y que después de eso evaluarán la estrategia a seguir con Lazo. Si la convocatoria es en Diputados, dijeron fuentes parlamentarias, los legisladores que hoy son candidatos para llevar adelante la interpelación a Lazo son Pablo Abdala y Gabriel Gianoli.

Estrategia fiscal

La acostumbrada limitación que imponen los escasos recursos humanos y de trabajo que tiene el Ministerio Público -algo sobre lo cual Mónica Ferrero volvió a insistir ante el Parlamento esta semana, mientras los senadores discuten el próximo Presupuesto Quinquenal (ver recuadro)- incidirá en los primeros pasos que tendrá este caso, que ingresó en la órbita penal el viernes 24 de octubre, cuando el gobierno -representado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz- presentó su denuncia a Ferrero.

"Haremos lo que podemos con los recursos que tenemos", dijo un integrante del equipo de Machado a El País.

En principio, el fiscal del caso -que se reintegra de su licencia este lunes- tiene planificado interiorizarse de la denuncia y solicitar mayor información; es decir, recabar toda la documentación que sea necesaria para complementar el escrito presentado por el gobierno. En este sentido, se buscará contar con todos los contratos suscriptos en el proceso para antes de que culmine el año e inicie la feria judicial. "Pero no creo que podamos avanzar mucho más", se aventuró.

Asimismo, la prioridad que tiene en este momento la fiscalía de Machado -que además tiene a su cargo la causa en la que se indaga la presunta destrucción de un documento público por parte del asesor presidencial Roberto Lafluf, en una ramificación del conocido caso Marset- es la investigación de la estafa de Conexión Ganadera. Esto sin contar otras causas de interés mediático que también sigue este fiscal, como la denuncia presentada por la oposición por presuntas irregularidades en la compra de la estancia María Dolores.

El gobierno, mientras tanto, y tal y como informó Díaz a la Mesa Política del Frente Amplio el pasado lunes, entiende que las acciones legales contra Cardama en Españaserán en principio "más efectivas" que las que se buscan también instaurar en Reino Unido contra la empresa que expidió la garantía falsa, Eurocommerce, ya que la firma está en proceso de disolución comercial y no se le conoce residencia física.

Ferrero remarcó que la droga se mueve por el "agua salada"

En su comparecencia este miércoles ante los senadores de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, la fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, volvió a alertar sobre las importantes limitaciones que tienen los fiscales para hacer su trabajo, y sobre las señales preocupantes que ya está dando el narcotráfico, que avanza día a día sobre las instituciones de la República. En este sentido, la jerarca y también investigadora advirtió, por ejemplo, que "las organizaciones (criminales) han penetrado el Poder Judicial", en referencia al caso de certificados falsos con los que narcotraficantes lograron obtener el arresto domiciliario para luego darse a la fuga. Y alertó que "han penetrado otros lugares", información que dijo mantendrá en reserva.

Ferrero también llamó la atención a los legisladores sobre las complicaciones que tiene a la hora de conseguir traductores, muy necesarios en las primeras audiencias cuando los detenidos son extranjeros y de países lejanos, lo que es común en el narcotráfico a gran escala.

"En la última investigación que tuve había dos montenegrinos y ese es otro problema que tenemos. Las organizaciones vienen con extranjeros y no tenemos traductores, y es muy complicado llevar una investigación a un juzgado si no hay traductor porque lo primero que va a pedir el abogado es que haya un traductor", dijo Ferrero, que agregó que en un caso terminaron recurriendo a la herramienta de Google, porque de lo contrario quedaría "un narco afuera".

Este razonamiento llevó a la jerarca a remarcar que Uruguay está "muy bien ubicado para el narcotráfico", ya que está rodeado "de agua, de puentes, de manera que es caldo de cultivo para que entren". Y que -y esta parte fue destacada por senadores del Partido Nacional, que han defendido la compra de las patrulleras oceánicas como una herramienta clave para combatir, entre otros enemigos, al narcotráfico- es "el agua salada que tenemos acá enfrente" la que "están utilizando los narcos -con corrupción también, lo que hay que atacar- para sacar los grandes cargamentos", subrayó la fiscal general.

Foto: Javier García (Min. de Defensa) y Lacalle Pou (Presidente) en 2023 / Mauricio Zina / adhocFOTOS