“Fundada absolutamente”
Caso Cardama: Lazo defendió que rescisión responde al “bien público y a los intereses del Estado”
04.08.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo afirmó, ante la comisión investigadora que analiza la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) destinadas a la Armada Nacional, que la medida está "fundada absolutamente" y responde al "bien público y a los intereses del Estado".
Lazo subrayó que la rescisión se adoptó tras constatar la falsedad de las garantías financieras presentadas por la empresa. "Cuando hay un contrato entre un Estado y un oferente, un empresario, hay una relación de confianza mutua. Si esa confianza mutua cae, lo contractual tiene mucho que ver".
El contrato con Cardama se originó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y desde el inicio hubo denuncias de irregularidades. En 2025, una vez asumido el gobierno de Orsi, se anuló el acuerdo tras detectar que las garantías financieras presentadas por la empresa eran falsas o apócrifas.
La ministra destacó que en dos oportunidades se constataron irregularidades en la garantía de fiel cumplimiento. Incluso, el mismo día en que se anunciaba la rescisión, Cardama envió una nueva garantía "con mayores errores y más apócrifa que la primera". "La dignidad nacional y los intereses del Estado tienen que estar por encima de cualquier opinión aislada", afirmó Lazo.
El senador Nicolás Viera, integrante de la comisión investigadora, destacó que se refirió a la decisión del empresario español de no comparecer ante la comisión, ni presencialmente ni mediante videoconferencia: "Lamentablemente nos comunicó formalmente que no va a comparecer, lo cual es una lástima porque teníamos muchas preguntas para formularle", indicó. El legislador subrayó que Cardama fue "la persona que entregó en mano al Ministerio de Defensa la documentación que nosotros ahora hemos acreditado que está adulterada", dijo.
Consultado sobre la amenaza del astillero de iniciar un arbitraje internacional, Viera aclaró que el contrato establece con claridad que los aspectos contractuales y jurídicos se dirimen en la jurisdicción uruguaya. "Serán los tribunales uruguayos los que deban dirimir cualquier diferencia, no el arbitraje internacional", y calificó el planteo de la empresa como "un manotazo de abogado", agregó.
Respecto al casco de la patrullera que quedó en el astillero español, Lazo indicó que el Poder Ejecutivo encomendó "tomar los recaudos suficientes para resarcirnos de lo que es nuestro" y aseguró que se están llevando adelante los procedimientos para recuperar lo que pertenece al Estado uruguayo.
La comisión investigadora tiene plazo hasta el 23 de agosto para finalizar su trabajo. Viera adelantó que habrá un informe en mayoría del Frente Amplio y otros informes en minoría de las bancadas opositoras. Una vez elevados a la Asamblea General, se deberá votar en una reunión formal de todos los legisladores. El senador cerró con un llamado a "broquelarnos en función de los intereses del Estado frente a un fraude del que ha sido víctima".
Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
