Caso Leiva: Bancada del FA en Congreso de Ediles exige investigar a fondo los vínculos del narcotráfico con la política
13.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- La bancada frenteamplista del Congreso Nacional de Ediles reclamó esclarecer todas las responsabilidades, reforzar los controles y evitar el ingreso de dinero ilícito al sistema político.
La bancada del Frente Amplio en el Congreso Nacional de Ediles reclamó que se investigue hasta las últimas consecuencias el caso de Pablo Leiva, exasesor de un edil del Partido Nacional condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones, y advirtió sobre los riesgos de penetración del narcotráfico en las instituciones políticas uruguayas.
El pronunciamiento fue realizado durante el Congreso Nacional de Ediles celebrado en Paysandú y divulgado durante el fin de semana, en medio de las repercusiones políticas y judiciales de la denominada Operación Trazador.
En una declaración, los ediles frenteamplistas expresaron su preocupación por los vínculos entre el crimen organizado, el lavado de activos y la actividad política, y sostuvieron que el problema exige respuestas concretas de todos los partidos y organismos del Estado.
La bancada advirtió que las organizaciones dedicadas al narcotráfico no se limitan a obtener beneficios económicos mediante actividades ilegales, sino que también pueden intentar influir sobre las decisiones públicas, conseguir protección e introducirse en las instituciones.
En ese sentido, consideró insuficiente que el sistema político se limite a repudiar los hechos cuando adquieren notoriedad pública.
Investigar sin distinciones partidarias
La declaración reclama que las investigaciones avancen hasta esclarecer las eventuales responsabilidades de todas las personas involucradas, independientemente de su pertenencia política.
También exige fortalecer los mecanismos de prevención, fiscalización y control para impedir que recursos provenientes de actividades delictivas ingresen al financiamiento de los partidos o a otras estructuras institucionales.
El planteo se produce después de que Pablo Leiva, quien figuraba como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez en la Junta Departamental de Montevideo, fuera condenado a dos años y seis meses de prisión por lavado de activos y tráfico interno de municiones.
La investigación policial permitió incautar 265 kilos de estupefacientes, dinero en efectivo, armas, municiones y vehículos de alta gama.
La condena de Leiva generó interrogantes sobre las circunstancias de su contratación como asesor, las funciones que efectivamente desempeñaba y los controles existentes sobre la utilización de recursos públicos destinados a las bancadas departamentales.
Gómez reconoció que había cometido un error al contratarlo, aseguró que desconocía sus actividades delictivas y solicitó licencia en la Junta Departamental. El Partido Nacional también adoptó medidas disciplinarias respecto del edil. Hasta el momento, la condena de Leiva no demuestra responsabilidad penal de Gómez ni de otros dirigentes políticos mencionados en las investigaciones.
Reclaman reformar el financiamiento partidario
Uno de los puntos centrales de la declaración frenteamplista es la necesidad de profundizar las reformas legales destinadas a garantizar la transparencia del financiamiento político. Los ediles reclamaron actualizar y aplicar efectivamente la Ley N.º 18.485, que regula el funcionamiento y financiamiento de los partidos políticos, incluyendo las modificaciones aprobadas en 2024.
La bancada considera imprescindible contar con organismos de control dotados de recursos y facultades suficientes para detectar movimientos sospechosos, fiscalizar los aportes y prevenir la utilización de dinero de origen ilícito.
También cuestionó el debilitamiento de las capacidades estatales de fiscalización, al entender que la ausencia de controles eficaces favorece a quienes disponen de poder económico o buscan actuar al margen de la ley. "La política no puede ser un negocio, el Estado no puede ser un botín y la impunidad no puede tener protección política", afirmó la bancada en uno de los pasajes centrales del documento.
Una investigación judicial que continúa
El caso Leiva mantiene abiertas otras derivaciones judiciales. El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, resolvió iniciar una investigación a partir de nueva información obtenida sobre el circuito del dinero vinculado a la Operación Trazador.
La decisión fue adoptada luego de analizar información aportada por los investigadores policiales, con el objetivo de determinar si existen otros hechos que deban ser examinados por la Justicia. En paralelo, el Frente Amplio había solicitado al Partido Nacional explicaciones sobre las circunstancias que permitieron la contratación de Leiva y reclamado una discusión entre los partidos con representación parlamentaria para mejorar la transparencia del financiamiento político.
El presidente del FA, Fernando Pereira, también planteó la necesidad de avanzar en acuerdos institucionales que permitan prevenir la infiltración del crimen organizado en la actividad política. La declaración del Congreso Nacional de Ediles insiste en que la respuesta no debe limitarse a las responsabilidades individuales que eventualmente determine la Justicia.
Para la bancada frenteamplista, el episodio debe impulsar una revisión de los mecanismos de contratación, la trazabilidad del dinero y las herramientas de fiscalización existentes. El pronunciamiento concluye reafirmando que la defensa de la democracia requiere controles efectivos, transparencia y responsabilidades concretas, más allá de las declaraciones públicas de rechazo a la corrupción.
Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
