UY Press - Agencia uruguaya de noticias

21.10.2026

MONTEVIDEO (Uypress) - Un certificado judicial sin anotaciones a nombre de Marset desató una disputa entre el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) y Policía Científica. El documento debía enviarse a Estados Unidos.

Un certificado de antecedentes judiciales a nombre de Sebastián Marset, en el que no figuraban anotaciones penales y que tenía como destino Estados Unidos, provocó un enfrentamiento entre autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección Nacional de Policía Científica, dependiente del Ministerio del Interior.

Según información proporcionada por distintas fuentes, la Dirección de Asuntos Consulares del MRREE se negó a apostillar el documento, pese a la insistencia de autoridades policiales. El episodio derivó en una discusión entre jerarcas de ambos organismos y terminó con la intervención del entorno del ministro del Interior, Carlos Negro.

La controversia adquiere particular relevancia porque Marset, detenido en Bolivia en marzo de este año, se encuentra actualmente sometido a un proceso judicial en Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones de conspiración por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y lavado de dinero.

Un certificado que encendió las alarmas

El documento llegó al MRREE en agosto de 2026, remitido por Policía Científica junto con cientos de certificados de antecedentes judiciales que habitualmente se presentan para su apostillado. La Sección Apostillas depende de la Dirección de Asuntos Consulares, cuya responsable, Regina Martínez, advirtió que el certificado expedido a nombre de Marset no registraba anotaciones penales.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Martínez resolvió que el documento no sería apostillado por su dependencia, una decisión que habría generado insistentes gestiones desde Policía Científica para que se completara el trámite. El certificado tenía como destino Estados Unidos, país en el que Marset enfrenta un proceso penal federal y donde su defensa viene desarrollando distintas actuaciones judiciales.

Una reunión que terminó en enfrentamiento

El episodio más tenso se habría producido el 2 de setiembre. Según la reconstrucción proporcionada por las fuentes, a pedido de la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, Martínez trasladó personalmente el certificado, en un vehículo oficial, hasta la Dirección Nacional de Policía Científica para devolverlo sin apostillar.

Allí la aguardaban el director nacional de la repartición, Fernando Noble, y la asesora jurídica María Florencia Alburquerque. La reunión habría derivado en una discusión acalorada. Martínez habría argumentado que todos los presentes conocían la situación judicial de Sebastián Marset y que resultaba inadmisible que una persona requerida internacionalmente figurara en un certificado sin anotaciones penales.

Siempre según esas versiones, sostuvo que ni ella ni ningún integrante de su equipo estamparía su firma en el documento. La asesora jurídica de Policía Científica habría preguntado cuál era el fundamento legal para negarse a apostillar el certificado.

La respuesta atribuida a Martínez fue terminante: ninguna firma del Ministerio aparecería en ese documento. Policía Científica no habría aceptado recibir el sobre, por lo que la jerarca regresó a Relaciones Exteriores con el certificado sin apostillar. Horas después, según las mismas fuentes, la documentación fue entregada personalmente a la secretaria del ministro del Interior, Carlos Negro.

El abogado de Marset y las gestiones para retirar el documento

Otro aspecto del episodio involucra a la defensa del narcotraficante uruguayo. Las fuentes sostienen que un abogado de Marset concurrió aproximadamente cuatro veces al MRREE para retirar el certificado apostillado.

En esas oportunidades habría manifestado que desde Policía Científica le habían informado que el documento se encontraba en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores.

No está confirmado qué utilización concreta pretendía dar la defensa al certificado en el proceso estadounidense, ni si finalmente obtuvo documentación equivalente por otra vía.

Una cuestión jurídica que exige explicaciones

El conflicto plantea dos problemas diferentes que conviene distinguir. El primero es el contenido del certificado expedido por Policía Científica. Según la información oficial del Ministerio del Interior, el certificado de antecedentes judiciales acredita la existencia o inexistencia de antecedentes registrados en territorio uruguayo.

Por tanto, un certificado sin anotaciones no significa necesariamente que su titular carezca de investigaciones, requisitorias o procesos judiciales en otros países. Tampoco equivale a una declaración general de inocencia.

El segundo problema es la negativa de Cancillería a apostillarlo. De acuerdo con el procedimiento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, la apostilla autentica la firma de un documento público para que pueda presentarse en el exterior. No constituye una certificación de la veracidad de su contenido.

Esta distinción resulta fundamental para determinar si la negativa estuvo jurídicamente fundada y si existían mecanismos administrativos para objetar el certificado sin impedir su autenticación.

Un caso que vuelve a comprometer a dos ministerios

El nombre de Sebastián Marset ya había provocado una grave controversia política durante el gobierno anterior, cuando la expedición de su pasaporte uruguayo en 2021 derivó en investigaciones, cuestionamientos y responsabilidades políticas.

Ahora, bajo una administración diferente, el episodio del certificado judicial vuelve a situar a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores frente a una situación delicada.

La cuestión central no es solamente por qué Relaciones Exteriores se negó a apostillar un documento que Policía Científica había expedido. También corresponde establecer qué antecedentes nacionales fueron consultados, cuál era el alcance exacto de la certificación y por qué se produjo una discrepancia de semejante magnitud entre organismos estatales.

Hasta el momento no se cuenta con una explicación oficial pública que confirme la reconstrucción de la reunión del 2 de setiembre ni que establezca el fundamento administrativo de las decisiones adoptadas.

Quedan, por tanto, preguntas que las autoridades deberían responder: ¿quién solicitó el certificado y con qué finalidad? ¿Por qué figuraba sin anotaciones? ¿Qué fundamento jurídico invocó Cancillería para rechazar su apostillado? ¿Qué intervención tuvieron las autoridades del Ministerio del Interior?

Y, finalmente, ¿qué ocurrió con el documento después de que fuera entregado en el despacho del ministro Carlos Negro?.

Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS