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19.08.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – Luego de la aprobación en general del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, la cámara baja comenzó el tratamiento en particular del articulado.

Entre los artículos tratados se encontraban los correspondientes al inciso de Presidencia, que contemplaban la creación de dos nuevos organismos bajo su órbita: la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (Onadu) "como órgano independiente encargado de la prevención, control, educación y lucha contra la práctica del dopaje en el deporte"; y la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales para "recibir, administrar, gestionar y disponer los bienes de carácter inmueble, que el Estado le transfiera a cualquier título", entre otros cometidos.

La Coalición Republicana n(CR) -integrada por los partidos Nacional, Colorado e Independiente-rechazó ambas iniciativas, argumentando que "no se tiene que seguir creando personas públicas no estatales", según fundamentó el diputado colorado Conrado Rodríguez.

Respecto de la Onadu, según reseña la diaria la propuesta del Partido Colorado -compartida por la CR- fue que el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) contenga a la organización "como una gerencia".

El diputado del Frente Amplio (FA) Carlos Reutor argumentó que es "inviable" que el LATU asuma la competencia de la organización, porque "las normas internacionales no admiten que pueda un laboratorio ejercer las potestades como organización antidopaje", entre otras cosas, porque "tiene que tener una independencia operativa" y "separar los conflictos de intereses".

Desde la oposición rebatieron que la propuesta de creación de la Onadu no asegura su independencia, ya que es el Poder Ejecutivo el que designará a su director nacional de una lista de tres nominados por el Comité Olímpico Uruguayo y la Secretaría Nacional del Deporte. "O sea, lo va a designar el Poder Ejecutivo, más allá del disfraz que este procedimiento puede llegar a representar", dijo el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala.

La diputada del FA Natalia Díaz aseguró que la Onadu "es una respuesta concreta a una situación grave, porque Uruguay fue incluido en la lista de incumplimiento de la Agencia Mundial Antidopaje, con consecuencias que van desde no poder hacerse de campeonatos internacionales hasta no poder exhibir nuestra bandera en competencias como los Juegos Olímpicos o competencias mundiales". En ese marco, la organización permitiría "cumplir con los estándares internacionales, proteger la salud e integridad de nuestros deportistas y defender el prestigio del deporte uruguayo en el mundo", afirmó.

Finalmente, se acordó postergar la votación de la creación de la Onadu para el final del tratamiento en particular de la Rendición.

En cuanto a la agencia para la gestión de inmuebles, Abdala la consideró de "una inconstitucionalidad mayúscula". "No es solo hacerle una finta al derecho público y al derecho administrativo referido a las reglas de la contratación administrativa, es crear una norma paralela, una estructura paralela, un procedimiento paralelo al que establece el Tocaf [Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera] para la realización del patrimonio del Estado, para la enajenación o la venta de los bienes públicos, que es el de la licitación o el remate", señaló el nacionalista, de acuerdo a la crónica de la diaria.

El diputado del FA Joaquín Sequeira sostuvo que la agencia da continuidad al Programa de Racionalización de uso de Bienes Inmuebles del Estado creado en el período anterior, por lo que "llama poderosamente la atención la resistencia que hay a la creación de la agencia". "Es casi de sentido común darle continuidad a un programa que comenzó el gobierno anterior, que tuvo cosas buenas, pero no cumplió con la totalidad de sus cometidos", afirmó.

El nacionalista Abdala respondió que el problema del "patrimonio muerto que tiene el Estado" no es "excusa para crear un pequeño monstruo como este que se nos pretende hacer aprobar ahora, que termina siendo una especie de mono con metralleta, porque quien vaya a ocupar la presidencia de esta agencia va a tener más poder que el propio secretario de la Presidencia.

"Se está creando la súper inmobiliaria del Estado, y lo preocupante es que se hace como figura pública no estatal", dijo por su parte el legislador colorado Gabriel Gurméndez, quien cuestionó que la agencia podría "evadir el control preventivo de legalidad del Tribunal de Cuentas", así como "no tener que apelar al Tocaf para elegir socios privados" y "eludir eventualmente la rendición de cuentas" ante el Parlamento.

Finalmente, los diputados de Cabildo Abierto Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita dieron sus votos para la aprobación de la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales.

Imagen: diputados de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita/ adhocFOTOS/Javier Calvelo