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20.06.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – El Ministerio de Economía y Finanzas remitió al Parlamento el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, una de las iniciativas económicas más ambiciosas impulsadas hasta ahora por el gobierno de Yamandú Orsi.

El texto, enviado a última hora del jueves, consta de 240 artículos y unas 160 páginas, sin contar la exposición de motivos. La propuesta fue elaborada por el MEF junto a otros ministerios y recoge aportes surgidos de instancias de intercambio con cámaras empresariales, sindicatos, organizaciones sociales, expertos y actores del ecosistema productivo.

El proyecto se estructura en cuatro grandes capítulos: agilización de trámites, facilitación del comercio exterior, promoción de la competencia e innovación, y aceleración de inversiones. El objetivo declarado del Poder Ejecutivo es reducir costos de funcionamiento, eliminar trabas burocráticas, mejorar la productividad y generar condiciones para que Uruguay sea un país “más competitivo y menos costoso”.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, definió la iniciativa como una “modesta pero importante reforma del Estado”. Según explicó el gobierno, la competitividad no se buscará por la vía del tipo de cambio, sino mediante la reducción de costos internos, la simplificación administrativa y la mejora del entorno para empresas, consumidores e inversores.

Uno de los ejes centrales es la desburocratización. El texto propone unificar registros, establecer plazos máximos para que el Estado responda a solicitudes y aplicar el mecanismo de “silencio positivo” en determinados trámites. Esto implica que, si la administración no responde dentro del plazo previsto, algunas solicitudes podrán considerarse aprobadas.

El capítulo de comercio exterior apunta a reducir costos operativos y avanzar en la digitalización. Entre las medidas previstas aparecen herramientas para facilitar trámites aduaneros, certificados electrónicos, simplificación documental y eliminación de exigencias consideradas innecesarias o repetitivas.

En materia de competencia, el proyecto busca facilitar la existencia de múltiples importadores de un mismo producto, una medida que el gobierno presenta como clave para reducir barreras de entrada y evitar prácticas que limiten la competencia. También se propone fortalecer la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, ampliando sus capacidades de actuación.

Para los consumidores, una de las medidas más visibles será la obligación de exhibir precios por unidad de medida en grandes superficies, con el objetivo de facilitar la comparación entre productos y mejorar la información disponible al momento de comprar.

El proyecto también incorpora medidas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. El gobierno plantea la creación de herramientas gratuitas de gestión y facturación, la simplificación de trámites ante organismos públicos y cambios orientados a reducir costos asociados al crecimiento empresarial.

En el área de innovación, la iniciativa incluye disposiciones vinculadas al sector fintech, finanzas abiertas, plataformas de financiamiento colectivo y entornos controlados de prueba para nuevas soluciones financieras. También prevé instrumentos para acelerar inversiones y mejorar el clima de negocios.

La propuesta llegó al Parlamento con una recepción inicialmente favorable desde algunos sectores de la oposición y del empresariado. Dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado señalaron coincidencias con planteos previos sobre baja de costos, defensa del consumidor y mejora de la competencia. Desde la Cámara de Industrias también se valoró que el MEF coloque la competitividad como problema central de la agenda económica.

De todos modos, el tratamiento parlamentario recién comienza y se espera que varios artículos generen debate. La amplitud del proyecto, que modifica normas en sectores diversos, obligará a un análisis detallado en comisión y probablemente abrirá instancias de comparecencia de autoridades, cámaras empresariales, sindicatos y organizaciones vinculadas al comercio, la industria, la innovación y el consumo.

El gobierno apuesta a que la ley funcione como una señal de rumbo económico: menos trámites, más competencia y un Estado más ágil. La discusión ahora pasará del anuncio político al detalle legislativo, donde se definirá cuánto de esa agenda podrá aprobarse y con qué cambios.