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10.09.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- Gobierno dispuso que las intendencias recibirán recursos para obras preventivas ante la llegada de El Niño. Ejecutivo prevé 5.000 evacuados y más de 6.000 viviendas afectadas.

El gobierno de Yamandú Orsi resolvió adelantar hasta US$ 40 millones a las intendencias para realizar obras de mantenimiento y prevención ante la llegada de El Niño, mientras prepara un esquema que permitirá redireccionar recursos públicos en función de los daños que provoquen las lluvias e inundaciones, según informa diario El Observador.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, informó que la Comisión Sectorial de Descentralización autorizó un incremento de 50% de los recursos del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) destinados a tareas de mantenimiento, con el objetivo de que los gobiernos departamentales dispongan del dinero antes de que se produzcan las situaciones más críticas.

La decisión forma parte de una estrategia preventiva ante un fenómeno que el Poder Ejecutivo espera que tenga una intensidad significativa durante los próximos meses, particularmente al norte del río Negro.

El asunto estará además sobre la mesa en el encuentro que Orsi mantendrá este jueves con los intendentes en la estancia presidencial de Anchorena.

Un escenario de al menos 25.000 desplazados

Las proyecciones que maneja el gobierno dan cuenta de la dimensión de la emergencia para la que se está preparando. La hipótesis mínima de trabajo contempla 25.000 personas desplazadas, unas 5.000 evacuadas y más de 6.000 viviendas afectadas.

También se trabaja con un escenario de precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar 500 milímetros cada 30 días durante el período más crítico. Sánchez señaló que el gobierno ya tiene presupuestados los costos de atención directa a las personas que eventualmente deban abandonar sus hogares. Allí se incluyen alimentos, colchones, camas, kits de limpieza y otros elementos indispensables para enfrentar las evacuaciones.

El Ejecutivo toma como referencia para diseñar su respuesta las grandes inundaciones registradas en 1997-1998, 2015-2016 y 2023-2024. La evaluación oficial es que el próximo episodio puede ser particularmente intenso.

Ocho equipos trabajan en la emergencia

Desde hace aproximadamente un mes funcionan ocho equipos de trabajo encargados de anticipar las necesidades y coordinar la respuesta del Estado. Los grupos abarcan áreas como vulnerabilidad social; salud y continuidad de la asistencia; seguridad, rescate y evacuaciones; infancia y nutrición; infraestructura y servicios esenciales; monitoreo hidrometeorológico; información y comunicación.

El gobierno prevé además establecer un comando central encargado de coordinar las decisiones y la comunicación pública durante la emergencia. Sánchez sostuvo que será necesario informar adecuadamente sobre los riesgos sin generar alarma y evitar que distintos organismos transmitan mensajes contradictorios.

US$ 40 millones para actuar antes

La principal decisión financiera adoptada hasta el momento apunta precisamente a la prevención. La Comisión Sectorial de Descentralización habilitó un aumento de 50% de los Fondos de Desarrollo del Interior para mantenimiento, lo que permitirá disponer de hasta US$ 40 millones.

El objetivo es que las intendencias puedan comenzar a realizar intervenciones antes de que lleguen las lluvias más intensas, particularmente sobre infraestructura susceptible de sufrir daños.

El FDI es administrado en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y financia proyectos ejecutados por los gobiernos departamentales. Entre sus áreas históricas de intervención se encuentran precisamente la gestión del agua y las medidas de prevención y mitigación frente a inundaciones y otros fenómenos climáticos.

El gobierno reorientará partidas si aumentan los daños

Pero los US$ 40 millones constituyen solamente la primera línea de respuesta. Sánchez advirtió que la magnitud definitiva de los recursos dependerá de los daños que se produzcan en cada territorio.

Si la emergencia provoca, por ejemplo, la destrucción de 20 o 30 puentes, el Estado tendrá que modificar las prioridades presupuestales previstas y trasladar fondos hacia la reconstrucción de esa infraestructura.

Esto significa que la planificación presupuestal original podrá ser alterada en función de la evolución del fenómeno. El criterio será territorial: las partidas adicionales se dirigirán hacia los departamentos y áreas que sufran mayores consecuencias.

Los US$ 575 millones que todavía no pueden utilizarse

Durante la comparecencia de Presidencia en el Senado por la Rendición de Cuentas también surgió la discusión sobre los más de US$ 500 millones en líneas de crédito contingente que Uruguay tiene disponibles con organismos multilaterales para enfrentar desastres.

El senador nacionalista Sergio Botana propuso comenzar a utilizar parte de esos recursos antes de la emergencia para realizar obras preventivas, como mejorar sistemas de desagüe en ciudades especialmente vulnerables.

Sánchez explicó, sin embargo, que esos préstamos están condicionados a la ocurrencia de determinados episodios y que el gobierno no puede disponer libremente del dinero antes de que se cumplan las condiciones establecidas. 

Botana planteó entonces negociar con organismos como el BID y la CAF para analizar la posibilidad de adelantar parte de esos fondos, argumentando que las obras preventivas pueden resultar mucho menos costosas que reparar posteriormente los daños.

Preocupación por puentes, rutas y ciudades inundables

Los legisladores de la oposición insistieron en la necesidad de anticipar no solamente los recursos financieros sino también la logística. El senador Sebastián Da Silva reclamó preparar embarcaciones de Prefectura para zonas como Bella Unión, Salto, Paysandú, Río Negro y Mercedes, y advirtió que el manejo de las represas será otro elemento determinante si se confirman precipitaciones extraordinarias.

La preocupación coincide con la expresada esta semana por varios intendentes. El jefe departamental de Paysandú, Nicolás Olivera, por ejemplo, planteó la necesidad de construir una defensa permanente contra las inundaciones para proteger la ciudad. Según señaló en 8AM, la obra demandaría una inversión estimada de entre US$ 30 millones y US$ 40 millones.

El proyecto excede la respuesta inmediata a El Niño, pero refleja una discusión que comienza a adquirir mayor peso: cuánto debe invertir Uruguay en infraestructura preventiva frente a fenómenos climáticos que se repiten periódicamente.

De reaccionar a anticiparse

La estrategia que prepara el gobierno busca evitar que toda la respuesta comience cuando las inundaciones ya hayan ocurrido. El adelanto de recursos del FDI permitirá que las intendencias realicen mantenimiento y obras preventivas, mientras los ocho equipos nacionales preparan la asistencia social, sanitaria, logística y de infraestructura.

Pero el Ejecutivo asume que la magnitud definitiva de la emergencia es todavía incierta. Por eso, junto con los US$ 40 millones que estarán disponibles de manera anticipada, el gobierno prepara un segundo nivel de respuesta: reorientar inversiones y recursos presupuestales hacia los territorios más afectados si los daños superan las previsiones iniciales.

Con una hipótesis mínima de 25.000 desplazados, 5.000 evacuados y más de 6.000 viviendas afectadas, el desafío será comprobar si esa anticipación alcanza para que el próximo El Niño encuentre al país preparado antes de que el agua llegue.

Foto: Torre Ejecutiva / Mauricio Zina / adhocFOTOS