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07.10.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- El Comité de Ética del Partido Nacional admitió que no pidió al edil comprobantes de los pagos al asesor condenado por lavado y desconoce el destino final de los fondos públicos.

El Partido Nacional suspendió durante dos años al edil montevideano Gonzalo Gómez y le reclamó que devuelva el dinero destinado al salario de un asesor que no cumplía funciones, pero no pudo establecer quién terminó recibiendo esos fondos.

Carmen Asiaín, exsenadora e integrante del Comité de Ética blanco, confirmó que Gómez no presentó comprobantes que acreditaran las transferencias realizadas a Pablo Leiva, el asesor posteriormente condenado por lavado de dinero.

La razón es particularmente significativa: el Comité no se los pidió. La situación deja sin respuesta uno de los aspectos centrales del caso. El Partido Nacional estableció que existió una irregularidad en la contratación y consideró probado que se pagaron recursos públicos sin recibir a cambio el trabajo correspondiente, pero no pudo determinar si Leiva efectivamente recibió el dinero o si esos fondos tuvieron otro destino.

Asiaín reconoció que el órgano partidario carece de las potestades de investigación de la Justicia y, por tanto, no dispone de herramientas para determinar el destino final del dinero. Consultada específicamente sobre si Gómez había aportado documentos que demostraran los pagos, respondió que no.

La pregunta que quedó abierta

El punto adquiere especial relevancia porque el propio Comité reconoce que existiría otra falta ética si se comprobara que Gómez se quedó con el dinero destinado al asesor.

Asiaín señaló que esa hipótesis no fue la declarada ante el organismo partidario, pero admitió que tampoco disponen de instrumentos para demostrar qué ocurrió.

La investigación interna quedó así limitada a un hecho que el Comité consideró suficientemente probado: hubo dinero de los contribuyentes destinado al pago de una tarea que no se realizó.

Para el tribunal partidario, eso constituyó una suerte de "enriquecimiento sin causa", ya que salieron fondos públicos de la Junta Departamental de Montevideo sin que existiera la contraprestación correspondiente.

El Comité sí aceptó, en cambio, las explicaciones respecto de los otros tres asesores del edil y consideró satisfactorias las declaraciones de que efectivamente cumplían funciones.

Dos años de suspensión y devolución del dinero

El caso llegó al Comité de Ética por decisión del Directorio del Partido Nacional y a pedido del propio Gómez. El órgano resolvió condenar su conducta desde el punto de vista ético y recomendar la suspensión durante dos años de sus derechos y obligaciones partidarias.

La sanción implica que Gómez no podrá ejercer durante ese período los cargos que ocupaba en la estructura blanca, entre ellos su lugar en el Directorio y una representación vinculada a la juventud partidaria. El Partido Nacional también le pidió que se aparte de su banca en la Junta Departamental de Montevideo.

Pero la resolución incorporó además una medida poco habitual: exigir la restitución del dinero público utilizado para pagar al asesor que no trabajaba. Asiaín destacó precisamente ese aspecto del fallo, porque el Comité dispuso procurar la reparación del daño aun sin existir previamente una condena judicial por esos hechos.

El episodio deja, sin embargo, una cuestión sin aclarar. El Partido Nacional concluyó que se gastó irregularmente dinero público, sancionó al dirigente responsable y dispuso que esos recursos sean devueltos. Pero, al no haber requerido los comprobantes de las transferencias, su propio Comité de Ética reconoce que no pudo establecer dónde terminó el dinero destinado al sueldo de Pablo Leiva.

Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS