El Partido Nacional y la desigualdad de sus sanciones
08.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- La suspensión del edil Gonzalo Gómez reabre el debate sobre el trato que recibieron otros dirigentes blancos involucrados en irregularidades, entre ellos Caram, Dos Santos y Bascou, según planteo del periodista Leonardo Pereyra en una columna publicada en diario El Observador.
La decisión del Partido Nacional de suspender durante dos años al edil montevideano Gonzalo Gómez, luego de comprobarse que había contratado con fondos públicos a un asesor que cobraba sin cumplir tareas, reabrió una discusión incómoda para la colectividad: ¿aplica el mismo criterio ético a todos sus dirigentes, independientemente de su peso político y electoral?
La pregunta, planteada por el colega mencionado, contrasta la rapidez y severidad de la sanción contra Gómez con las respuestas partidarias frente a otros casos de irregularidades que involucraron a dirigentes de mayor relevancia.
El Directorio nacionalista resolvió el lunes 5 de octubre suspender los derechos y obligaciones partidarios del edil durante dos años y señalar que debería apartarse de su banca en la Junta Departamental de Montevideo.
También tomó conocimiento de su compromiso de devolver los salarios pagados a Pablo Leiva, el asesor posteriormente condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones.
La Comisión de Ética había concluido que la contratación, sin una contraprestación laboral efectiva, constituyó un uso indebido de recursos públicos y provocó un daño patrimonial.
La sanción a Gómez y el precedente que establece
El caso adquirió notoriedad cuando Gómez reconoció que Leiva recibía aproximadamente $ 52.000 nominales mensuales sin tener tareas asignadas. La situación se extendió durante varios meses y quedó expuesta después de la condena penal del asesor.
La reacción del Partido Nacional fue contundente. El Directorio respaldó el dictamen de su Comisión de Ética, dispuso la suspensión y exhortó al edil a apartarse del cargo, aunque carece de facultades para obligarlo a dejar la banca.
La resolución también incorporó el compromiso de restitución del dinero público utilizado. Sin embargo, la firmeza de esta decisión puso nuevamente bajo examen la conducta del partido frente a otros episodios.
Artigas: las condenas de Caram y Dos Santos
Uno de los antecedentes señalados es el de la Intendencia de Artigas, donde las irregularidades en el pago de horas extras derivaron en condenas judiciales que involucraron al exintendente Pablo Caram y a la exdiputada Valentina dos Santos.
A diferencia de lo ocurrido con Gómez, ambos dirigentes renunciaron al Partido Nacional antes de que se concretara una sanción disciplinaria equivalente. La columna de Pereyra subraya que tampoco existió una exigencia partidaria pública de restitución de los recursos involucrados comparable con la formulada al edil montevideano.
El caso adquirió además una dimensión política posterior: Dos Santos volvió a desempeñar funciones en la administración departamental de Artigas, como secretaria general del intendente Emiliano Soravilla.
Ese regreso alimenta los cuestionamientos sobre la continuidad de dirigentes que estuvieron involucrados en episodios de irregularidades.
Soriano: el antecedente de Agustín Bascou
Otro caso mencionado es el del exintendente de Soriano Agustín Bascou, cuya administración estuvo cuestionada por las compras de combustible realizadas a estaciones de servicio de su propiedad. La respuesta disciplinaria del Partido Nacional fue un apercibimiento, una medida considerablemente menos severa que la suspensión aplicada a Gómez.
La comparación no implica que los hechos, las responsabilidades jurídicas o las circunstancias institucionales sean idénticos. Pero permite plantear una pregunta sobre los criterios utilizados por el partido para establecer la gravedad de las conductas y las sanciones correspondientes.
La influencia política como factor de discusión
El argumento central de la columna es que el peso territorial y electoral de los dirigentes podría influir en la respuesta institucional del Partido Nacional. Gómez es un edil de Montevideo sin el poder político que llegaron a concentrar dirigentes como Caram o Dos Santos en Artigas.
El contraste entre las sanciones alimenta la interpretación de que el partido actúa con mayor firmeza cuando los costos políticos de castigar a un dirigente son menores. Esa interpretación, sin embargo, no constituye una conclusión de la Justicia ni demuestra por sí misma que las decisiones disciplinarias hayan sido determinadas por cálculos electorales.
Lo que sí puede comprobarse es que las respuestas partidarias fueron diferentes.
El desafío de una misma vara ética
La resolución contra Gómez fue presentada por el Directorio nacionalista como una reafirmación de sus principios de transparencia, responsabilidad y correcta administración de los recursos públicos. El problema político que plantea esa decisión es si esos principios serán aplicados con la misma exigencia cuando los involucrados tengan mayor influencia dentro de la colectividad.
La suspensión del edil establece un precedente que puede fortalecer los mecanismos de control partidario, pero también invita a revisar decisiones anteriores. Porque una política de sanciones solo adquiere credibilidad cuando sus criterios son públicos, consistentes y suficientemente independientes de la posición que ocupa cada dirigente.
Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
