UY Press - Agencia uruguaya de noticias

02.10.2026

MONTEVIDEO (UYPRESS-Esteban Valenti)- Hoy fui convocado por la fiscalía de primer turno en flagrancia para responder de una acusación del ex ministro de Defensa Nacional, senador Javier García. Sí aunque usted no lo crea y como me lo dijo con gran asombro un propietario de un puesto de artesanías en la Plaza Matriz. "Tienen tantas cosas, tantos crímenes y lo citan a usted".

Cuando le dije que la denuncia era de octubre del 2025, es decir de hace un año, tuvo que sentarse. Todo confirmado, la gente tenía dudas el acusador es Javier García. 

Casi una hora duró la comparecencia ante la fiscal, yo acompañado por mi abogado. Todo salió perfectamente de acuerdo a mis expectativas, aunque los mecanismos legales en vigencia a veces te hacen dudar de tu cordura. Vamos a esperar hasta que se defina Alejandro Machado, titular de la Fiscalía Penal de Delitos Económicos y Complejos de 1.º Turno. La espera según mi abogado, será de unos cinco meses más. Esperaremos.

No me quitarán ninguno de mis derechos, podré seguir circulando libremente, expresarme también, escribir sobre Cardama, la mayor estafa de la historia contra las fuerzas armadas uruguayas. No tendré que utilizar calificativos insultantes hacia ninguno de los participantes de la festichola millonaria de la compra de las dos patrulleras oceánicas.

Para ello recurriré a las 93.111 palabras (casi todas porque algunos son insultos, y son unas cuantas) según el Diccionario de la lengua española (DLE) de la RAE a lo que hay que agregar el Diccionario de americanismos: con otras 70.000 palabras adicionales propias de las distintas variedades de Hispanoamérica, lo que debe contener una cantidad de insultos bastante más amplia que el diccionario de la RAE. Creo que podré hacerlo sin ningún problema.

De lo contrario si insulto a alguno de los personajes, tendré que demostrar en la próxima convocatoria de la fiscalía que tengo pruebas. No que lo sé, que lo dice medio Uruguay, pruebas contundentes e inapelables, siempre sometidas al escrutinio de los fiscales y en última instancia de los jueces, si llegamos a esa instancia.

No voy a tener que firmar ninguna declaración que me desdigo de lo que he dicho hasta ahora y he reafirmado ante la fiscal, qué aunque dispongan de una fuerza de tanques frente a mi casa yo voy a seguir opinando sobre el Cardamagate.

Reafirme mi convicción en mis declaraciones de que considero la democracia un equilibrio entre los diferentes derechos, el mío a decir lo que considero conveniente y necesario y el de los participantes de la ruinosa compra de las dos OPVs, Luis Lacalle Pou y Javier García entre otros, de defenderse y acusarme a mí. Si se perdieron en el relato, hagan abluciones.

Por lo ello si el objetivo era hacerme callar sobre el tema de Cardama u otras de las tantas fechorías del gobierno blanco y colorado, les salió el tiro por la culata, porque yo salí de allí más indignado que antes, con más ganas de dar la batalla contra el Cardamagate, contra la entrega por 60 años de la Terminal Cuenca del Plata, con todo su monopolio y las otras escandalosas operaciones como Marset el pasaporte viajante, y Astesiano el custodio presidencial encarcelado.

Aprendí mucho, creo que esa fue mi principal parea y el saldo mas positivo. Vi bajo mis ojos una hora de funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, del imponente edificio, de los alrededores, del personal y tengo al menos para otra nota, porque comprendí por primera vez y con claridad las responsabilidades de los diversos Fiscales de Corte en el funcionamiento deplorable del actual Código del Proceso Penal. El famoso CPPP, reformado, edificado, poco financiado y sobre todo, del laberinto internacional de como aterrizó en Uruguay. Saliendo de Europa, pasando por Chile y llegando aquí "enriquecido" con ideas propias, pocas pero pesadas.

La conversación con los dos profesionales de la justicia, la fiscal y mi abogado fueron una clase intensa para comprender todo lo que aquí expongo. 

Lo más importante de esta jornada fue sin duda alguna, conocer por dentro el funcionamiento de la fiscalía. Desde que doblamos para llegar a la calle Cerrito y reconocí el gran edificio reformado para las nuevas funciones del CPP y sobre todo con Selva, mi inseparable y solidaria compañera, que me tenía que esperar afuera, vimos un gran grupo de gente pobre, de gente resignada sentada en los escalones de un ex banco. Y hoy había sol, no cuesta mucho imaginarlos bajo la lluvia esperando una novedad de sus esposos, de sus hijos dentro del edificio. Son delincuentes que en la mayoría de los casos serán condenados (tenemos 17.000 presos), pero tienen sus derechos, los acusados y los familiares.  Entre sus derechos no están esperar horas a la intemperie.

¿No se podía prever en esa gran construcción que hubiera un pequeño lugar resguardado para los que esperan? Como sucede en la puerta de los juzgados al costado del Teatro Solís.

En realidad están al costado de toda señal de humanidad, como si ser parientes de acusados de delincuentes te impusiera la condena del frio, del desamparo, del desamor.

Las sociedades deberían medirse también, y de forma importante por como tratan a los más débiles, los más desamparados, los más condenados. Y nosotros los tratamos realmente muy mal. Pésimo.

Si los seres humanos a la intemperie son desoladores, mucho más son los números. 

En el sistema judicial y penal uruguayo, la representación la ejercen los  defensores públicos (abogados de oficio) frente a abogados privados o particulares. 

1. Defendidos en Fiscalía: públicos vs. privados

En el ámbito penal de Uruguay rige el principio de que nadie puede declarar o comparecer ante Fiscalía sin asistencia letrada:

Defensa Pública (de oficio): Representa entre el 85% y el 90% de las personas citadas, indagadas o imputadas.

Abogados privados: Asisten únicamente a entre el 10% y el 15% restante.

La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (ADEPU) señala reiteradamente que la abrumadora mayoría de los justiciables carece de recursos económicos para costear honorarios particulares, absorbiendo el Estado casi toda la carga de trabajo.

2. De las personas presas ( aproximadamente 17.000): ¿cuántas tienen defensa pública vs. privada?

En la población carcelaria el sesgo socioeconómico es todavía más pronunciado:

• Atendidos por la Defensa Pública: Aproximadamente el 90% (es decir, alrededor de 15.000 a 15.300 reclusos).
• Atendidos por abogados privados: Alrededor del 10% (entre 1.700 y 2.000 reclusos).

Muchos internos que en un inicio contratan un abogado particular para la audiencia inicial o de formalización terminan pasando a la órbita de la defensa pública durante la ejecución de la pena por falta de fondos para sostener litigios o trámites de libertad anticipada a largo plazo.

3. ¿Cuántos casos debe tratar cada fiscal?

La carga procesal depende de la materia y de la sede, pero los relevamientos de la Fiscalía General de la Nación y de la Asociación de Fiscales del Uruguay muestran un escenario de saturación estructural:

De los turnos fiscales del país, unos 50 equipos superan los 500 casos activos en bandeja y más de una decena supera los 1.000 casos simultáneos. Cada equipo fiscal (generalmente integrado por un fiscal titular y uno o dos fiscales adscriptos/adjuntos) debe repartirse esa carga entre audiencias judiciales, turnos policiales de 24 horas e investigaciones en curso. 

4. Defensores públicos (de oficio) 

Cantidad total: Hay alrededor de 285 defensores públicos en todo el país (agrupados en la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay - ADEPU, dependientes del Poder Judicial). 

Distribución de materias: De esos 285 funcionarios, no todos se dedican al fuero penal. Se dividen entre Montevideo y el interior para cubrir:

Materia Penal (tanto el Código del Proceso Penal vigente como remanentes del sistema anterior).

Familia y Familia Especializada (violencia doméstica, niñez y adolescencia).

Trabajo / Laboral.

Civil, Aduana y Faltas. 

En materia estrictamente penal, el núcleo operativo de defensores públicos suele rondar entre 100 y 120 profesionales para cubrir todas las sedes del país y la atención carcelaria.

5. Abogados del ejercicio libre (privados)

Titulados y habilitados: En Uruguay hay más de 14.000 a 15.000 personas con título de abogado expedido o revalidado por la Suprema Corte de Justicia.

En ejercicio liberal efectivo: Según los registros de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU):

Alrededor de 6.700 a 7.000 abogados cotizan como activos en el libre ejercicio de la profesión.

Cerca del 40% de los abogados registrados declara "no ejercicio" ante la Caja (debido a que se desempeñan como asalariados dependientes en empresas, organismos estatales, docencia, o no litigan por cuenta propia). 

Especializados en penal: De los miles que ejercen la profesión liberal, solo un porcentaje menor (estimado en unos pocos cientos) se dedica de forma habitual al litigio penal en audiencias de formalización y juicios orales.

6. El contraste operativo

Apenas unos 285 defensores públicos (y menos de la mitad dedicados al área penal) absorben cerca del 85% al 90% de los casos que ingresan a Fiscalía y representan al 90% de los más de 16.000 presos del sistema carcelario, mientras que el universo de los miles de abogados particulares se reparte el 10% a 15% restante de los litigios penales.